Miércoles 27 de Septiembre de 2017

De nuevo sobre la astucia

He leído en la prensa que el Sr. Junqueras “resucitará la Sindicatura solo para el 1-O y reducir la multa” ( un buen resumen se puede leer en www.elconfidencial.com), todo ello en relación  con la providencia del Tribunal Constitucional que acepta la renuncia de todos miembros de  la Sindicatura y que se ha publicado hoy en el BOE.

De ser cierta la noticia, produce un gran candor observar una enésima prueba más de la “astucia” del Gobierno catalán, quien, como tantas veces he dicho en este blog, no “sabe” que existe una institución jurídica que se llama fraude de ley por el que la aplicación de una norma para infringir otra no es posible en el ordenamiento jurídico. De modo que mucho me temo que las multas no se podrían evitar.

Otra cosa es que el Parlamento catalán nombre a otra sindicatura antes del día del referéndum. Si es con los suplentes, en la medida que sea posible, me temo que los suplentes quedarían incluidos en el fraude en los mismos términos que los titulares, porque la orden del Tribunal Supremo les afectaba al igual que a los titulares. Si es con nuevas personas, además de los problemas de tiempo existentes, el resultado sería un delito más que juzgar y un motivo más para la aplicación de medidas de restricción de competencias autonómicas, que cada día se hace más difícil evitar.

Valentín Cortés

 

Martes 26 de Septiembre de 2017 

¡Un desastre! 

Algunos políticos ni comprenden el lenguaje jurídico, incluso lo desprecian, ni son capaces de mantener la más mínima coherencia en el ámbito de actuación del mundo judicial, que, no olvidemos, ellos parecen olvidarlo, que hace referencia a uno de los tres Poderes del Estado. Porque, aunque parece que no lo entienden, los jueces son Estado  

Debe ser por eso que el Sr. Sánchez diga que, en el problema del secesionismo catalán, que igualmente no quiere comprender que es exclusivamente un problema jurídico (pues, ¡bueno fuera que entiendan que es político!), no puede haber ni vencedores ni vencidos, o el Sr. Iglesias diga, en tono admonitorio, casi condenatorio, que el Estado ha delegado en los jueces la solución del problema.

Ninguno de los dos entiende que el Estado de Derecho impone que, en los conflictos jurídicos penales, se dé solución judicial penal; por eso han intervenido los jueces y por eso habrá vencedores (el Estado que acusa y juzga) y vencidos (los delincuentes).

Todo lo que no sea eso, se convertiría en un fiasco del Estado de Derecho que acabaría permitiendo, según cabe deducir de las palabras de estos políticos, el desorden, el delito, la inseguridad y la incerteza jurídicas. Total, ¡un desastre!

Valentín Cortés

Lunes 26 de Septiembre de 2017

¡Nunca, segundas partes fueron buenas!

El proceso por responsabilidad contable que se sigue ante el Tribunal de Cuentas contra el Sr. Mas y otros por el gasto de dinero público en la organización del llamado referéndum del 9N, pone al Ministerio Fiscal en entredicho por su actuación acusatoria en el proceso penal por desobediencia y prevaricación que terminó en el Tribunal Supremo con condenas por estos delitos, sin que el Tribunal entrara en el delito de malversación que no había sido acusado.

Que no fueran acusados esos hechos como delito no significa que no se puedan exigir ahora la devolución de esas cantidades gastadas (por no decir, malversadas) en el proceso adecuado y ante el organismo adecuado y competente (Tribunal de Cuentas), porque los hechos existieron y no han sido juzgados.

Si en aquel episodio la malversación era clara (como vino a insinuar el Tribunal Supremo en su sentencia) en el actual “proceso” adquiere una manifestación diaria que hoy es destacada en la prensa por el Fiscal General como causa de la posible detención del Sr. Puigdemont a petición del Ministerio Fiscal( www.elespanol.com)

Valentín Cortés

 

 

Viernes 22 de Septiembre de 2017

La eficacia de las medidas coercitivas del Tribunal Constitucional.

Las medidas que, comentábamos ayer, había tomado el Tribunal Constitucional para obligar a obedecer a los miembros de la que podemos llamar Junta Electoral Central del referéndum catalán, órgano que se antojaba en la parafernalia legalista independentista catalana de gran importancia, han demostrado una enorme eficacia: primero, porque según la prensa de hoy, la Generalidad ha cesado al Presidente de aquella, para que  no tenga que pagar la multa; y, segundo, porque, también  nos dice la prensa, que la Generalidad ha pedido, al parecer, la disolución de tal Junta al efecto de impedir las multas.

A no ser que estemos en presencia de una descomunal astucia catalana, resulta que, sin haberlo previsto- estoy seguro-, el Tribunal Constitucional ha conseguido el desmorone de lo que se presentaba como la garantía final del proceso secesionista y, por tanto, del referéndum.

Deduzco no sólo las pocas o nulas convicciones de la Generalidad en el tinglado jurídico montado por ella para este “proceso”, sino la fuerza y eficacia del dinero, cuando se tiene la certeza de que se puede perder, valga la expresión, “a chorro continuo” por mostrarse decidido a la desobediencia. Permítaseme la broma: sería la primera vez que un golpe de Estado se para con la amenaza de multas.

Valentín Cortés

Jueves 21 de Septiembre de 2017
 

El Tribunal Constitucional da un paso decisivo

Siento ocuparme un día más del secesionismo catalán, pero es absolutamente necesario, dada la enjundia jurídica-judicial que presenta y el inmenso problema que presenta para España, que, no me cabe la menor duda, aunque sea de manera ínfima e insignificante, ayudamos a resolver con nuestras opiniones.

Hoy, desde el punto de vista de este blog, la noticia relevante es que el Tribunal Constitucional ha impuesto una multa diaria a los componentes de la que, en el ordenamiento jurídico español, se llamaría Junta Electoral Central, hasta que obedezcan a los mandatos del Tribunal. Se ha impuesto por unanimidad a petición del Abogado del Estado, aunque tres magistrados, denominado progresistas, harán un voto particular para fundamentarla en motivos distintos a los de la mayoría.

Es importante por dos razones:

- la primera, porque el Tribunal Constitucional no podía seguir afrontando este gran problema nacional, que es el secesionismo, desde la cómoda posición de sólo anular normas, cuando la legislación le permite entrar de lleno en la corrección punitiva de la desobediencia a sus resoluciones.

-la segunda, porque se ha acabado, al parecer, con la unanimidad mal entendida en las decisiones del Tribunal, por la que una minoría de los miembros del Tribunal se impone a una mayoría al socaire de la necesidad de la unanimidad, que siendo deseable, no es imprescindible para defender al Estado de Derecho. Y tiene, además, la ventaja de que pone a cada uno de los miembros del Tribunal ante la responsabilidad personal e individualizada que, sin duda, la sociedad les exige y les exigirá.

Valentín Cortés

 

 

 

 

Miércoles 20 de Septiembre de 2017

Un salto cualitativo

Escribo esta opinión al inicio de la tarde, cuando todavía pueden ocurrir en Cataluña acontecimientos que pudieran dar lugar a una intervención distinta en este blog, opinando con más severidad y solemnidad.

 A esta hora, desde el punto de vista jurídico, que es el mío, lo más importante ha sido que, por primera, el Juez investiga a altas autoridades de la Generalidad, además de por otros delitos, por el de sedición. Todo este “proceso”, quizá porque tenemos un Código Penal cándido y buenista, no se ha calificado, desde el principio, como lo que es: golpe de Estado que pasará necesariamente por la sedición o por la rebelión.

Ante esta situación, que además de política, social, humana, es claramente jurídica, no creo que exista un mecanismo de corrección mejor, que evite la comisión de más delitos y el desorden político que se está generando, que el Senado conceda al Gobierno la posibilidad de intervenir en las competencias de la autonomía catalana, mediante el cauce del art. 155 de la Constitución, que, por si fuera poco, tiene la ventaja de la adecuación de la medida al momento y situación concreta. En cualquier caso, cada vez se hace más evidente lo que vengo diciendo desde hace ya años, al afirmar que la aplicación de esta norma será inevitable, porque las autoridades autonómicas catalanas siguen incumpliendo el ordenamiento jurídico de forma continuada y pertinaz.

Valentín Cortés

 

Martes 19 de Septiembre de 2017

¡Cosas veredes!

La admisión a trámite de un recurso contencioso administrativo no significa más que ese recurso empieza a tramitarse; no significa, pues, que el Tribunal, inaudita parte y sin más trámites, acepta la posición jurídica del recurrente concediéndole lo que pide.

Esto que digo es tan elemental que hasta un mal alumno de derecho procesal lo sabría y obtendría una buena nota si ese fuera el objeto de un examen que sería tachado de insólito.

El Vicepresidente de la Generalidad de Cataluña ha salido ante la prensa (véase la digital de hoy) y ha anunciado a los cuatro vientos que la medida de intervención del Gobierno ha quedado suspendida al haber admitido a trámite el Tribunal Supremo el recurso interpuesto por Generalidad pidiendo la suspensión de la dicha medida financiera.

Es evidente que el Sr. Junqueras no es licenciado en Derecho, pero me atrevería a decir que hasta un historiador (creo que esa es la profesión de este señor) debe saber  o sospechar que los recursos contenciosos administrativos no son tan fáciles. Pero no lo sé; en cualquier caso, el recorrido de estos aspavientos (¿políticos?, ¿jurídicos?) es tan corto que produce un gran bochorno pensar que así se gobierna una parte importante de nuestro país.

Valentín Cortés