Lunes 21 de Noviembre de 2022
Una clara advertencia al
Gobierno y al Parlamento
Toda la prensa de esta mañana
recoge el informe emitido por la Asociación de Fiscales (AF) (que es
mayoritaria entre las de los fiscales) en relación con la proposición de ley
que se tramita en el Congreso para la reforma del Código Penal en lo establecido
para el delito de sedición.
Con este informe, y el que emitirá el Consejo
General del Poder Judicial --que no han sido solicitados por el Gobierno, que,
recordemos, ha soslayado con fraude
parlamentario y constitucional la tramitación de un proyecto de ley para
convertirlo en una proposición de ley de los partidos políticos que
sostienen al propio Gobierno—- se produce un fenómeno jurídico y social de
enorme importancia en España: en efecto, se está produciendo la reacción institucional
de ciertos estamentos y órganos del Estado que dejan clara su posición ante lo
que se considera un ataque a la Constitución ( “desprotección del orden constitucional”
es el término que se utiliza por los fiscales), que se perpetra forzando los trámites
parlamentarios, suprimiendo en fraude a la Ley aquellos que no parecen gustar
al Gobierno, por considerarlos serían críticos y contrarios, como sería afirmar,
tal como dicen los fiscales, que esa
reforma supone someter el Código Penal a intereses o situaciones personales
concretas, lo que es de todo punto inadmisible constitucionalmente; y que
además desmontan la falsa verdad de que con esta reforma se adapta la legislación
española a la de los países de la Unión Europea.
Este informe, y los que seguro vendrán,
supone una advertencia grave al Gobierno y al Parlamento de la inconstitucionalidad
de esa proposición de ley.
Valentín Cortés
