Martes 10 de Octubre de 2017.
La
Generalidad ha parido.La Constitución se defiende con la Constitución
He oído al Sr. Puigdemont pedirle
al Parlamento que suspenda los efectos de la declaración de independencia, lo que
no tiene sentido si no es porque se ha declarado la independencia.
Para mayor ambigüedad y “astucia”,
al establecer el plazo de suspensión, se habla, literalmente, de “unas semanas”,
se supone que para dialogar cómo se materializa la independencia hoy declarada.
Realmente, no sé qué hará el
Gobierno español, pero la hora de la aplicación de las medidas establecidas en
la Constitución ha llegado, porque no se puede dialogar con quien, en cualquier
momento, primero,puede amenazar con levantar esa suspensión, y, segundo,
la levanta en el momento en que más le convenga. Eso es un chantaje y una “astucia”
inasumibles por el Estado.
La puesta en marcha del
procedimiento del art. 155 de la Constitución y otros por el Gobierno, mediante
el requerimiento preceptivo que impone la propia norma, pondrá en evidencia no
sólo lo imprescindible de tal decisión, y su ajuste a la Constitución -tal es
el grado de incumplimiento de las normas, deberes y obligaciones constitucionales
por la Generalidad- sino, lo más importante, en cualquier procedimiento jurídico
que se emprenda, cual es que se inicia en
el momento adecuado, es decir, cuando no hay posibilidad de que nadie pueda apelar al principio de que
hay que adoptar las medidas menos graves o menos gravosas, con las que
conseguir el fin pretendido. Esas medidas menos graves y menos gravosas ya
se han adoptado.
El Estado ha venido adoptando
medidas de todo tipo (ya lo hemos dicho muchas veces) jurídicas y económicas, que no han producido el efecto que, en cualesquiera
otras autoridades civilizadas y no revolucionarias,
hubieran conseguido; por lo que es adecuado y proporcionado, además de imprescindible
constitucionalmente, que ahora se tome la medida política extrema que, sin
duda, arreglará este problema si persiste
en el tiempo y no es motivo de oportunismo político, porque la defensa de la Constitución
no admite tal dislate y quien lo haga, sin duda, lo pagará políticamente.
Valentín Cortés
