Viernes 13 de Septiembre de 2024

De vuelta ( y 5)

¿Qué puede hacer un Estado cuando el Poder Ejecutivo, y el Legislativo, que hace puro seguidismo, se instalan en la senda y querencia inconstitucionales? Porque eso es lo que actualmente está ocurriendo en nuestra sociedad.

La respuesta la sabemos desde Montesquieu: nos queda el Poder Judicial, para corregir las actuaciones ilegales y el Tribunal Constitucional para corregir las violaciones constitucionales ¡Esa es la grandeza del Estado de Derecho!

Pues bien, cuando en una sociedad, como la nuestra, se instala la  creencia, cada vez más generalizada y firme, de que el Tribunal Constitucional está al servicio de los intereses políticos del Poder Ejecutivo; y cuando un factor imprescindible en la defensa de la legalidad y de la aplicación del derecho que han de hacer los Jueces, como es en nuestro Ordenamiento Jurídico el Ministerio Fiscal, la sociedad piensa de él que está al servicio también de esos intereses políticos del Gobierno, la sociedad, como grupo de personas jurídicamente ordenadas, se descompone y pierde, cuando menos, su fe en las instituciones. En ese sentido, no ayudan nada a evitar esa creencia la jurisprudencia creativa del Tribunal Constitucional en  sus ultimas sentencias( muy llamativas las de los EREs), ni las actuaciones del Ministerio Fiscal y menos su Informe-Memoria en la apertura del Año Judicial, del pasado día 5, atacando de forma inadecuada la acusación popular que determina no pocas actuaciones judiciales donde el Ministerio Fiscal parece que hace seguidismo del Ejecutivo.

 Este deterioro hay que pararlo y está en manos del propio Tribunal y de la propia Fiscalía hacerlo impidiendo, de principio, cualquier instrumentalización que se quiera hacer de esos órganos por el Ejecutivo y dando muestras continuas de la imparcialidad que, desgraciadamente, la sociedad parece no creer que tienen. Quizá sea buen inicio la dimisión del Fiscal General; la abstención  de ciertos magistrados en al conocimiento de ciertos recursos ante el Tribunal Constitucional, sin necesidad de que se produzcan las correspondientes recusaciones; y el fin de la jurisprudencia creativa que convierte al Tribunal Constitucional en un legislador a conveniencia, curiosamente, del Poder Ejecutivo y sus leyes cuestionadas.

Valentín Cortés

 

Jueves 12 de Septiembre de 2024

De vuelta(4)

De vuelta tengo que decir que la decisiones del Tribunal Supremo sobre la ley de amnistía están en la línea (tanto la de la Sala como las dos del Juez instructor Sr. Llarena, cada una en su tema) de lo que hemos venido diciendo durante los meses anteriores sobre la inconstitucionalidad de la ley. No incidiremos, pues, en ello.

Pero hay dos cosas que, estoy seguro, sin quererlo, han conseguido tales decisiones judiciales:

- la primera, ha puesto de manifiesto de nuevo que la técnica y el saber jurídicos y legislativos del Gobierno, sus ministros responsables, (sobre todo el Ministro de Justicia), sus socios y los que sirven al Gobierno en el Parlamento son muy deficientes, por no decir prácticamente nulos. Y esto es muy grave. Son ya varias leyes las que han emanado de este Gobierno y del Parlamento, que lo sigue, que, a la postre, no dicen lo que sus creadores dicen que dicen esas leyes(¡); en ese sentido, cualquier persona con formación y sensibilidad jurídicas quedaría realmente maltrecha si se le atribuyera la autoría de cualquiera de esas leyes( vid. en la prensa digital de ayer, el auto de resolución de los recursos de la Fiscalía, Abogacía del Estado y Sr. Puigdemont, dictado por el Juez Llarena que se ve obligado de nuevo a explicar al Gobierno y al Legislativo la deficiencia de su tecnica legislativa).

- la segunda, ha hecho muy visible la falta de respeto por el Poder Judicial que tiene el Gobierno, lo que no tiene importancia, fuera de la constitucional ( lo que no es poco), pero pone a la sociedad española, conscientemente, ante la disyuntiva injusta de, o bien creer que el Tribunal Supremo está dando un golpe de Estado( se dice ahora, horteramente, líquido) o de estimar que es el Ejecutivo quien trasgrede la Constitución de forma querenciosa, cual si fuera un toro manso arropado en tablas ( no tengo que decir que en este blog, evidentemente, no mantenemos que el Tribunal Supremo esté contra el orden constitucional, todo lo contrario). Y  más gravedad y desastre añadidos, quizá producidos por la ignorancia o por la prepotencia: el Ejecutivo habla entonces del Tribunal Constitucional, y sus futuras decisiones en  relación  con  la ley de amnistía, no como órgano de garantías, sino como salvaguarda de sus intereses políticos (de esto hablaremos en los próximos días, por el daño reputacional que se le produce al Tribunal Constitucional).

Valentín Cortés