Jueves 19 de Marzo de 2020
La ideología comunista parece
incompatible con la Constitución.
El sector comunista del Gobierno,
por lo que cuenta la prensa, quiere intervenir el mercado de alquileres de
vivienda en un sentido parecido, mutatis mutandi, a como se ha hecho en
el mercado hipotecario de viviendas. Es decir, que, en determinadas situaciones
sociales y económicas, se produzca una suspensión o supresión del derecho a
cobrar el canon arrendaticio por el arrendador al arrendatario.
Los ciudadanos que ponen en arrendamiento un
piso de su propiedad no asumen la labor pública que las entidades financieras
cuando otorgan prestamos o créditos hipotecarios. Por lo que, si aquello se lleva
a cabo, supondría una expropiación ex lege del derecho que se deriva
para el arrendador del negocio jurídico celebrado con el arrendatario. Ello no sólo
iría contra lo dispuesto en el art. 38 de la Constitución, que reconoce que
nuestra sociedad se rige económicamente en el marco de la economía de
mercado, sino que supondría una expropiación de derechos sin indemnización alguna,
cosa que nos parece que está prohibida mucho antes que entrara en vigor nuestra
Constitución, pero que en ella está recogido en el art.33,3.
Ser un partido de Gobierno parece
que no admite veleidades con la Constitución, pues recuerdo que todos los
componentes de aquel deben jurar cumplir y hacer cumplir la Constitución.
Esos resabios económicos comunistas
están, pues, fuera del juego democrático que admite la Constitución. Otra cosa
sería si el Gobierno aprobara que los alquileres los pagara, en esas ocasiones,
el Estado. Pero para eso hay que perder (perdónesenos la trasgresión por una
vez de nuestro ideario exclusivamente jurídico) el sectarismo político.
Valentín Cortés
