Jueves 12 de Noviembre de 2026

La evidencia perversa de la falta de Presupuestos Generales del Estado

No hay día en el que la prensa no  recoja noticias del abandono que han sufrido las inversiones del Estado en el mantenimiento y desarrollo de los servicios y estructuras físicas que conforman y vertebran a este país. Y cunde una especie de gran desánimo social y una preocupación importantísima por el futuro inmediato, lo que se manifiesta en las propuestas electorales que se presentan a los ciudadanos. Y no hay día que no nos anuncien la disposición de partidas de miles de millones de € que el Gobierno destina a lo que estima pertinente sin el menor control parlamentario( vid. por ejemplo hoy en www.abc.es)  Sabemos que todo ello comportará en el futuro inmediato un reajuste de nuestra economía y, muy posiblemente, un aumento de la fiscalidad.

En este contexto, y para dar ideas de posibles nuevas propuestas electorales, hay que decir que este estado de cosas viene propiciado fundamentalmente por el incumplimiento del Gobierno en los últimos años de su obligación de actuar con presupuestos discutidos y aprobados, lo que obviamente comporta, con anterioridad, la obligación de presentar un proyecto de los mismos a las Cortes Generales (art. 134 CE). Debemos ser conscientes que no presentar esos presupuestos ha permitido que dejen de desarrollarse políticas que, si se hubieran presentando a debate los mismos, hubiera sido muy difícil, por no decir imposible, eludir (piénsese por ejemplo en el mantenimiento de las infraestructuras de ferrocarril o de las carreteras, o de las líneas eléctricas) y quizá evitado gasto y uso del dinero público para fines que no eran prioritarios para la nación y sí para los intereses exclusivos del Gobierno de turno; en definitiva, se hubiera podido controlar y procurar el cumplimiento del art. 31.2 CE que establece que el gasto público realizará una asignación  equitativa de los recursos públicos adecuando su programación y ejecución a los criterios básicos de eficiencia y economía.

Nada de esto se ha hecho, y quizá convenga no confiar en el talante democrático de nuestros dirigentes y penalizar de alguna manera esas conductas anticonstitucionales.

Valentín Cortés

 

Miércoles 11 de Noviembre de 2026

La huelga general y el Derecho

Cuando escribo esta opinión, a primera hora de la mañana de hoy, no tengo noticias de la incidencia en la sociedad de esta huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios. Desde mi punto de vista de jurista, confieso que no me interesa ese aspecto del tema, pues, por deformación de tantos años, simplemente me he ido al Derecho, que es lo único que interesa en este blog por ser su única guía.

Así, leo en el art. 28.2 de la Constitución que se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, que, por supuesto (no hay otra manera de interpretarlo), no son los comunes que pudieran tener todos y cada uno de los ciudadanos, sino los específicos de los propios trabajadores que ejercen ese derecho. Y, tras esa lectura, leo el art. 11.a) del RFDL 17/1977, que regula el derecho de huelga, que me dice que es ilegal la huelga que se inicia o que se sostiene por motivos políticos o por cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados.

Honestamente, la conclusión que he sacado no es otra que esta huelga general, sin tener que profundizar mucho, tiene visos muy firmes de ser una huelga ilegal.

Valentín Cortés

 

 

Martes 10 de Noviembre de 2026

La Instrucción ministerial en la aplicación de la ley de nietos y los indicios de fraude electoral

En Derecho Procesal la esencia de la medida cautelar está en la instrumentalidad y en la acomodación de ella al fin que se pretende conseguir que no es otro que la efectividad de la sentencia que se pueda dictar al final del proceso (art. 721 Ley de Enjuiciamiento Civil).Por eso, según nuestra opinión, el Tribunal Supremo Sala Tercera(TS) acierta al negar en el auto conocido ayer la medida cautelar solicitada, en relación con la Ley de nietos, que pretendía impedir cautelarmente el derecho de voto, en las próximas elecciones generales, a los descendientes de los “nietos”, que por ser directos, la han obtenido, con  legalidad formal, de aquellos que no se ha demostrado que lo fueron de acuerdo con la Ley, pues para ello se utilizó la fraudulenta Instrucción Ministerial. Era una medida cautelar, que cumplía todos los requisitos si es que pudiera aplicarse antes de celebrarse las elecciones. No lo era y, por eso, elementales razones de legalidad formal y de seguridad jurídica imponían al TS no aceptar la medida cautelar solicitada.

Pero que esos hijos de “nietos” puedan votar no implica que su nacionalidad no sea objetable, y que la acción de los que propiciaron tal fraude no sea censurable. En ese sentido, es de destacar que el TS habla claramente de la existencia de “indicios fundados de irregularidad” (que) “podría alterar ilegítimamente la conformación de las Cortes Generales”, lo que, casi con toda seguridad, dará lugar a causas penales contra aquellas personas que han dado lugar a esa grave alteración del censo y de la conformación de las Cortes, e, igualmente, contra las que han impedido por su inacción que esta medida cautelar se pudiera tomar únicamente por razones temporales que han determinado la falta de instrumentalidad efectiva de la misma.

Valentín Cortés

 

Viernes 6 de Noviembre de 2026

Tras los accidentes, investigación penal

Hemos sabido por la prensa de esta mañana que la Fiscalía Europea ha abierto una investigación acerca de la utilización fraudulenta de determinados fondos europeos destinados a inversiones en infraestructuras ferroviarias. No se trata de una investigación con finalidad económica o de control de utilización de esos fondos, sino de una investigación de carácter penal, porque se habrán puesto de manifiesto hechos (que no conocemos) en torno a la utilización de esos fondos que tienen apariencia de delito.

Igualmente sabemos que la Justicia española está investigando penalmente, también en relación con este accidente de Urda (sigue la abierta en relación con el accidente de Adamuz), la realización de otros actos de inversión en infraestructuras con apariencia de delito que se han puesto de manifiesto.

Entiéndase bien el alcance de todas esas actuaciones de investigación penal; no se investiga por si ha habido alguna actuación penalmente sospechosa; sino que se investiga, porque, desde el principio, existe apariencia delictiva de hechos concretos llevados a cabo   y que han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía Europea o de los jueces españoles.

Con esas  investigaciones se establecerá si esas apariencias delictivas se confirman en indicios racionales de criminalidad que, en su caso, deberían ser juzgados penalmente. Todo esto añade una gravedad adicional a todo el desastre ocurrido.

 Valentín Cortés

 

 

 

 

 

Jueves 5 de Noviembre de 2026

La dignidad de un ministro dimitido no está sino en admitir que la dimisión se decide voluntariamente y por no haber cumplido las obligaciones constitucionales

Decíamos ayer, desde nuestra óptica, que la dimisión del Sr. Puente, si es que fue un acto voluntario y no forzado por la superioridad, no se había producido por las causas etéreas, indeterminadas y nada jurídicas, que había ideado en la comparecencia en el Congreso, sino por la constancia pública y notoria de que no había cumplido las obligaciones que se le impusieron constitucionalmente            (art.98.2 CE) por el hecho de aceptar el cargo: llevar a cabo la gestión de las tareas de Gobierno dependientes de su ministerio, lo que no ha hecho, era evidente, precisamente por la falta de gestión y de acción.

Hoy, después de que ayer el Sr. Cuerpo de forma sonora cesara al Presidente de Adif, podemos saber sin duda alguna que la dimisión del Sr. Puente fue otro cese que, curiosa y notoriamente, no se produjo por no haber cumplido con sus obligaciones, sino porque ese incumplimiento tan notorio estaba arrasando el crédito electoral del PSOE. Pero hay más, el Presidente del Gobierno y sus ministros, y responsables del partido socialista, hablaron inmediatamente al unísono de dignidad (otro concepto indeterminado y nada jurídico) del Sr. Puente  al presentar su cese-dimisión y lo han hecho sin sonrojo, cuando es difícil, por no decir imposible, encontrar dignidad alguna en un claro incumplimiento de las obligaciones constitucionales  que le afectaban por ser ministro, sin ni siquiera admitir tal incumplimiento. Para presumir de esa dignidad hubiera hecho falta que realmente hubiera habido dimisión y que se hubiera llevado a cabo por no cumplir con las obligaciones que tenía como ministro, que es lo único que tiene en cuenta la Constitución; todo lo demás es, como dicen ahora, relato y, por su fuera poco, impostado.

Valentín Cortés

 

Miércoles 4 de Noviembre de 2026

La dimisión del Sr. Puente

Después de una larguísima intervención de varias horas en el Congreso sin aceptar responsabilidad alguna en los accidentes de tren de los últimos meses, el Sr. Puente dimitió en base a conceptos tan indeterminados, etéreos y pocos jurídicos o constitucionales como “dignidad política”, “coherencia” y “empatía con las víctimas”, dado que (nos dijo solemnemente) “un Ministro de Transportes no puede continuar en el cargo con dos accidentes de esta gravedad” (sic).

Pero, en realidad, el tema no es así, si leemos la Constitución(CE); en efecto, al igual y en correspondencia al nombramiento de ministro, que se acepta si libremente se quiere aceptar, la dimisión de ese cargo recorre el mismo camino centrado en la voluntad como única causa. Si, por el contrario, un ministro se ve forzado a dimitir (como parece que es el caso, según su propias palabras) sólo puede ser porque realmente  entiende que la responsabilidad que aceptó en el nombramiento por el Presidente( art.100 CE)  no la ha asumido como se  establece en  CE ( art.98.2) que nos dice que el Presidente dirige la acción del Gobierno sin “perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos( los ministros) en su gestión”; es decir, un ministro tiene que cumplir con las obligaciones que se derivan del ejercicio de sus competencias: y ésta es su única responsabilidad. Y es entonces cuando hay que preguntarse si ha habido acción o inacción en el ejercicio de  sus competencias gubernamentales (art.98 CE) y si ha habido o no en ese ejercicio arbitrariedad (art.9.3 CE). Desde este prima, estamos seguros que  el Sr. Puente ha dimitido por no cumplir con las obligaciones de ministro y, en consecuencia, no asumir las responsabilidades que aceptó en su nombramiento; en este contexto, el Presidente de Gobierno tambien es responsable de haberlo nombrado ministro, y, posteriormente, de no haberlo cesado, como era su obligación dada la trayectoria del ministro que hemos padecido los españoles.

Valentín Cortés

 

Martes 3 de Noviembre de 2026

Fin de la acampada en la Puerta del Sol

La prensa da cuenta del desalojo, que ha llevado a cabo esta madrugada la policía, de los acampados en la Puerta del Sol de Madrid. Las razones esgrimidas para tal actuación policial, según he podido leer en la prensa, han sido básicamente mantener que el derecho de manifestación (y de ocupación del espacio público, por consiguiente) de los acampados “no es ilimitado” en el tiempo, algo tan obvio que entra de lleno en lo que puede calificarse de verdad de Perogrullo.

La terminación  de esta situación de ilegalidad manifiesta, no impide que ahora pongamos de manifiesto que, en cualquier caso, dado el muy largo tiempo que ha sido protegido ese derecho de manifestación --que no necesariamente se tenía haber ejercido a través de una acampada en suelo público, y que, en todo momento, se ha ejercido además en contra y en perjuicio de los derechos de los demás vecinos y ciudadanos y de sus intereses--, todo indica que hemos estado ante una actuación de la Administración que permitiendo la acampada ha sido  de principio al final clara y manifiestamente arbitraria, pues, incluso,  la determinación del momento en el que hay que pensar, según la Delegación de Gobierno, que se han  traspasado los límites temporales de la protección de tal derecho de los manifestantes, y se ha puesto fin a la manifestación, responde claramente al capricho y arbitrariedad de la Delegación de Gobierno de Madrid, pues sinceramente creo que no responde a razones jurídicas y legales superiores sino que coincide ( la terminación) con que tal acampada no es beneficiosa ya para los intereses electorales del Gobierno.

Valentín Cortés