Lunes 5 de Octubre de 2026 

Elecciones generales y lo que se decide

Con la convocatoria de elecciones generales, y la correspondiente disolución de las Cortes, se pone fin a una legislatura que será recordada como la de la quiebra profunda del Estado de Derecho. No tengo que recordar las veces y los supuestos que en este blog, de forma insistente, hemos citado y opinado sobre esos casos, en los que ha habido ataques, quiebras y violaciones del Estado de Derecho de modo que no haré ahora un repaso de ellos. Quiero decir que, desde nuestro ángulo de opinión, lo que está en juego en las próximas elecciones es, pues, saber si los españoles  arrinconarán a todos esos políticos que se han permitido subvertir impunemente la Constitución, en muchas ocasiones con la bendición  del Tribunal Constitucional, que para mayor dislate constitucional o bien sustituye al Tribunal Supremo o bien crea normas y derechos constitucionales, y, por demás, con la anomalía del Ministerio Fiscal, en cuya cúpula ha estado alguien condenado por delitos cometidos en  el ejercicio de sus funciones. Un Estado de Derecho en el que el Poder Legislativo (con alguna excepción) ha sido una ampliación acrítica y sectaria de la política del Gobierno. Un Estado de Derecho que ha subsistido gracias a la entereza del Poder Judicial que no ha cedido al chantaje, la presión y a la injuria y difamación provenientes del Poder Ejecutivo que, en el colmo del desprecio de la Constitución y de las normas democráticas de gobernar, se ha permitido la vergüenza de actuar sin ni siquiera presentar a debate los presupuestos en toda esta legislatura.

Esto es, desde nuestra perspectiva, lo que está en juego: o persistimos en el camino de la destrucción del Estado de Derecho o lo salvamos y arrinconamos a toda esa manera de proceder y a todos sus actores, a los que hemos sufrido y padecido estos años.

Valentín Cortés

 

Viernes 2 de Octubre de 2026

Dos decretos Maricarmen, dos, no convalidados

Sabemos que el Congreso ha rechazado la convalidación de los dos Decretos Maricarmen. Los partidos que han votado en contra de la convalidación, cada uno de ellos lo ha hecho, me imagino, por razones distintas que, incluso, puede ser que nada tengan que ver con las que han explicitado en la sesión previa a las votaciones. Nosotros, que en este blog no buscamos razones políticas para nuestras opiniones, podríamos decir que esos partidos han impedido ( a lo mejor, sin saberlo) que una legislación que ya era anticonstitucional lo sea aún más, al punto que siendo claramente expropiatoria del derecho de propiedad llegaba  prácticamente a su negación en este campo (importantísimo y crucial para la sociedad) de la vivienda arrendada, legislación antagónica, pues, con la economía libre de mercado que ampara nuestra Constitución (arts. 33 y 38); digamos que se ha visualizado no tanto una violación  más de la Constitución( una más, que, además, a los independentistas catalanes les importa nada) sino un experimento legislativo previo que suponía  un cambio de régimen político, muy lejos de cualquier Estado de Derecho, en el que necesariamente, por definición, una de las bases está en la propiedad privada y su defensa.

En cualquier caso, sigue en pie una legislación ineficaz y perjudicial para la sociedad, salida de un legislador inepto y sectario, que es absolutamente necesario derogar de raíz social, económica y constitucionalmente.

Valentín Cortés

 

Jueves 1 de Octubre de 2026

La Mesa del Congreso y la tramitación de la modificación de la Ley de Memoria Democrática mediante una enmienda a la Ley de Educación

Una parte de la prensa (vid. por toda, en extenso reportaje, www.abc.es) publica la noticia de que la Mesa del Congreso ha admitido a trámite una enmienda de modificación de la Ley de Memoria Democrática ( ley de nietos) en la tramitación de la Ley de Educación, todo a ello a “ciencia y paciencia” de su carácter de anticonstitucional ( según  una dilatada y constate jurisprudencia del Tribunal Constitucional), tal como han advertido los letrados del Congreso, por ser incongruente con el texto de la ley que se tramita ya que no tiene nada que ver con el objeto y tema de la educación. Pues bien, a pesar de ello se está tramitando, obviando tal doctrina constitucional y todos los actos parlamentarios que componen la tramitación de cualquier proyecto de ley o de proposición de ley. Que los diputados puedan legislar sobre lo que quieran no se discute, esa es su autonomía y poder legislativos y no están sometidos a responsabilidad por ello, pero no pueden obviar fraudulenta y arbitrariamente las normas del procedimiento legislativo adecuado porque eso afecta al resto del Parlamento (la minoría) y a los ciudadanos en general que delegan( art.1.2 de la Constitución) su soberanía para legislar, pero sólo en el caso que se sigan los procedimientos adecuados. La Mesa del Congreso se salta a conciencia la ilegalidad y fraude de esa enmienda, se salta la doctrina constitucional y ello sólo es posible en un Estado de Derecho en descomposición, donde la Mesa del Congreso viola patentemente la Constitución porque se cree y se siente impune y desde luego no piensa que del Tribunal Constitucional venga sanción ni reproche alguno que pueda afectarle seriamente. Pero, en esta descomposición de nuestro sistema constitucional, sí cabe preguntarse y estudiar seriamente, si acaso esa violación consciente de la Constitución en el procedimiento legislativo merecería o no reproche penal.

Valentín Cortés

 

Miércoles 30 de Septiembre de 2026

Dos Decretos, dos

El lunes pasado dije en este blog que me temía la aprobación por el Gobierno de un “Decreto-Ley MariCarmen” totalmente desastroso en lo económico, letal para el mercado del arrendamiento de viviendas y, por supuesto, anticonstitucional, sobre lo que ya hemos dado detalle en este blog en infinidad de ocasiones. Por lo que sabemos, por el BOE y por la prensa he acertado; pero eso no me hace un buen profeta porque no me podía imaginar la puesta en marcha de una nueva medida tan fraudulenta con la Constitución y con el Ordenamiento Jurídico, tan arbitraria, tan llena de inseguridad jurídica (para escarnio del art. 9 de la Constitución) como la aprobación, no de un decreto, sino de dos, sobre la misma materia (arrendamientos de viviendas)y que, por demás, uno se ha publicado ya en el BOE y el otro no, con lo que el segundo, en materias difusas o contradictorias entre los dos, prima sobre el primero.

En efecto, hasta ahora el Gobierno había practicado la anticonstitucional figura del decreto ómnibus, una especie de trágala parlamentario de claro corte antidemocrático. Ahora, sobre una misma materia y objeto (relación jurídica de arrendamiento de viviendas) el Gobierno divide las situaciones dentro de ese objeto según  cree o sospecha que pueden ser convalidadas o no por el por el Congreso y las regula en uno u otro Decreto. Y a eso se añade la entrada en vigor (publicación en el BOE) de uno de ellos antes que el otro, por lo que se abre la posibilidad de que el segundo, si es aprobado, derogaría, en todo lo contradictorio, al primero si se aprueba; y, además, con la posibilidad de que lo no aprobado, por ejemplo, en el primero, pudiera quedar, si se aprueba el segundo, aprobado si así se deduce del texto. Conclusión: estamos ante una jugada propia de alguien que actúa con ventaja y doblez en claro fraude y violación de la Constitución.

Valentín Cortés

 

Martes 29 de Septiembre de 2026

Dos meses desde la invasión de Ceuta

Se van a cumplir dos meses de la invasión que sufrió Ceuta.

 En este tiempo hemos podido comprobar que el Gobierno sigue dentro de la inacción. Su Presidente no cumple, pues, con el mandato de la Constitución (art. 98.2), pues ni dirige la acción del Gobierno en este problema ni coordina sus funciones, pues podríamos decir que, fuera de las palabras mágicas y frases solemnes que se han pronunciado, nada razonable y efectivo se ha hecho para revertir las consecuencias de la invasión y tampoco nada en relación a prevenir futuras invasiones. En Ceuta, es un hecho incontestable, existe un problema social global y gravísimo que viene determinado, desde el momento de la invasión, por la aún existencia de miles de asaltantes que inundan la ciudad y que crean todo tipo de problemas que no se solucionan; y es igualmente evidente que al contrario de la  acción (aunque ciertamente equivocada),  por ejemplo, desarrollada en el caso Maricarmen,  en este tema no se ha movido para proponer la aprobación de leyes o promulgar de forma urgente los Decretos-Leyes necesarios para prevenir e impedir futuras invasiones o incluso para posibilitar una inmediata expulsión de los asaltantes aún en Ceuta y solucionar los problemas existentes desde la invasión.

Pero no sólo esto; en este tiempo todo parece indicar, de lo que se sabe de la investigación judicial en marcha y de las dimisiones del Delegado de Gobierno y de su jefe de Gabinete, que nada se hizo conscientemente para evitar la invasión o, al menos, para oponerse a ella, inacción cuya imagen patética sigue siendo las vacaciones del Presidente, a las que decía tenía derecho.

Todo ello (como ya advertíamos tras la invasión) crea un marco de responsabilidad que puede llevarnos más allá de la simplemente política(que por supuesto), para acercarse peligrosamente a la responsabilidad jurídica de todo tipo, incluida la penal.

Valentín Cortés

 

Lunes 28 de Septiembre de 2026.

La posibilidad de un “RDL Mari Carmen”

Lo temo. Nos cuenta la prensa que mañana martes el Gobierno piensa aprobar un RDL para solucionar, dice cínicamente el Gobierno, el problema de la vivienda, y, todo ello, al rebufo del demagógico llamado “efecto Mari Carmen”. Si el Gobierno es fiel consigo mismo, y con el ideario de sus miembros, nos dará un RDL plenamente inconstitucional e incompatible con las ideas económicas liberales de los partidos de la derecha extrema que lo sustentan y apoyan, que, para mayor confusión y dislate, estará en vigor dos o tres semanas hasta que sea rechazado por el Congreso cuando se presente para su convalidación, que será rechazada. Si el Gobierno, por el contrario, regula de acuerdo con estos últimos partidos, se enfrenta a su posible escisión que, dado los pocos meses que quedan en realidad para afrontar legal y constitucionalmente las elecciones, parecería imparable (la escisión).  Yo no sé lo que pasará; sólo temo que una vez más se viole impunemente la Constitución, y que se pierda el tiempo regulando un mercado, como el del alquiler de viviendas, y que, --dado que el Estado (Poder Ejecutivo y Legislativo) ha decidido hace tiempo estar por diversas circunstancias fuera de él-- lo perturbe con ese RDL Mari Carmen inclinando aún más la balanza a favor del arrendatario anulando total o parcialmente los derechos que corresponde en Derecho al arrendador. Un mercado intervenido por el Gobierno no es bueno económicamente, mal intervenido es catastrófico, y si a eso añadimos que la intervención se haga fuera de la Constitución y, por demás, demagógicamente, y al rebufo de ese “efecto Mari Carmen”, presagio un enésimo y un verdadero descalabro económico y humano y, por supuesto, constitucional.

Valentín  Cortés

 

Viernes 25 de Septiembre de 2026

Ministro de Justicia versus Juez Peinado

Leo, sorprendido, en la prensa de hoy que el Sr. Bolaños, Ministro de Justicia, dentro de la “lucha” personal que mantiene desde hace tiempo contra el Sr. Peinado (juez en la investigación criminal contra la Sra. Gómez, esposa del Presidente de Gobierno), alega indefensión porque el Consejo General del Poder Judicial(CGPJ), parece ser, no le traslada  el expediente administrativo iniciado por la queja que presentó en su día contra el Juez.

Con independencia de que el Ministro pueda discrepar del CGPJ, y de que incluso (no lo sé, porque no tengo los datos) pueda tener razón, parece algo básico y muy conocido que el CGPJ sólo puede abrir y actuar en expedientes disciplinarios contra personas que tienen la condición, en nuestro caso, de jueces o magistrados. El Ministro sabe que el Sr. Peinado ya no es Magistrado puesto que se ha jubilado de forma forzosa, tal como ha publicado la prensa hasta el hartazgo; cualquier expediente disciplinario iniciado contra el Sr. Peinado pierde el objeto (saber si se debe o no sancionar a un juez o magistrado) puesto que se refiere a una persona que ya no es magistrado y que ya no está bajo la capacidad sancionadora del CGPJ. En palabras muy llanas, podríamos decir que ese expediente disciplinario deja de existir y la competencia del CGPJ se pierde de forma total por tal motivo. En esas circunstancias, pienso que es difícil que el CGPJ entienda, tal como pretende el Ministro, que es competente para actuar( dando curso a su petición), aunque sea mínimamente, en un expediente disciplinario que ha perecido (que no existe) pues ha perdido su objeto por inexistencia de sujeto potencialmente sancionable y en el que el Ministro ya no es parte. Todo indica que, si el Sr. Bolaños quiere insistir en su “lucha”, debería llevarla por otros derroteros.

Valentín Cortés