Lunes 15 de Junio de 2026

La prescripción del delito y las joyas de Rodríguez Zapatero

Algunos medios de comunicación (por ejemplo, www.elmundo.es) ponen de manifiesto que el Sr. Rodríguez Zapatero piensa alegar la prescripción del delito en el caso de las joyas que contenía su caja fuerte. Alegar la prescripción del delito, o si queremos ser más precisos, de la responsabilidad criminal por la comisión de unos hechos que son constitutivos de delito, es un medio de defensa tan legítimo como cualquier otro y entra, por tanto, como contenido de su derecho  constitucional de defensa; en absoluto, pues, es criticable, pues incluso la prescripción conecta, en nuestra cultura, con un principio jurídico esencial desde Roma: en definitiva, el legislador ha pensado que el castigo penal del delito pierde su sentido y su función cuando se hace más allá de un tiempo, que cambia según la gravedad de los hechos y de la pena que merecen si se cometen.

Sin embargo, en nuestra opinión, en este caso, y en parecidos, la alegación de la prescripción plantea cuando menos dos problemas técnicos importantes. Por una parte, plantea el problema de si hay unidad o pluralidad de actos presuntamente delictivos, incluso si hay un delito continuado, y, por consiguiente, el tiempo de la comisión de cada uno de ellos ( cuándo entraron cada una de las joyas en el patrimonio del investigado?). Igualmente, se trata de supuestos en los que, por su propia naturaleza, no permiten su alegación a mayor abundamiento, es decir quien lo alega no puede negar la existencia de la comisión y de la autoría de unos hechos que, de no ser por el transcurso del tiempo, serían constitutivos del delito.

Se trata, pues, de un medio de defensa que todo indica (por lo que se conoce por los medios de comunicación) que encierra una cierta complejidad.

Valentín Cortés

 

Viernes 12 de Junio de 2026

El anacronismo y sin sentido de la figura del indulto

La Ley del Indulto cumplirá el próximo día 18 del presente mes 156 años, pues fue promulgada el 18 de Junio de 1870. Ha llegado hasta nuestros días, en lo esencial, con ligeras y puntuales modificaciones, prácticamente como nació. Mi opinión sobre la figura del indulto es muy negativa, pues supone claramente una injerencia del Poder Ejecutivo en la función de la Jurisdicción( controlando allí donde crea oportuno la acción de la Justicia) y, aunque puede solucionar en ocasiones problemas de “injusticia legal”( que se puede solucionar por otros caminos jurisdiccionales), a lo largo de los años se ha mostrado como lo que realmente es: la corrección a conveniencia del Gobierno de la acción de la Justicia; si en 1870 la división de Poderes en España era una quimera, ni siquiera deseada, hoy día no es así, pues la más absoluta y pura división de Poderes es una necesidad constitucional y de paz social, y en esta situación chirría la vigencia de la figura del indulto.

Digo todo esto al hilo de la noticia que recoge hoy toda la prensa sobre que el Tribunal Supremo (de acuerdo con lo que se establece en el art. 25 de esa ley) ha informado sobre el indulto solicitado para el ex Fiscal General y en su dictamen no ha entendido que el indulto pueda ser “ni justo ni conveniente” (art.25 citado). Quizá una de la maneras de suavizar el sin sentido y anacronismo de la ley sería que el dictamen preceptivo del tribunal sentenciador marcara y determinara la decisión del Gobierno; no  es así legalmente y, en el caso concreto, todo indica que no lo será, con lo que a la postre, si se concede el indulto, la sociedad española puede tener la sensación, aumentada y corregida, de que existe un claro y decidido propósito de maniatar a la Justicia de nuestros tribunales en aquellos casos que conviene e interesa al Ejecutivo.

Valentín Cortés

 

Jueves 11 de Junio de 2026

Un ministro que no cumple con su deber ciudadano de denunciar la comisión de delitos que afirma se han cometido

Un ministro del Gobierno, Don Óscar López, según puedo leer en www.europapress.es, ha manifestado que “hay jueces que prevarican” y que “la Justicia no gobierna”, todo ello en referencia, parece ser, a la condena del ex Fiscal General por el Tribunal Supremo. Las dos afirmaciones son muy graves.

La primera, pone de manifiesto que el Sr. Ministro dice que conoce el caso concreto de jueces que han prevaricado, es decir que han cometido, posiblemente, el delito más grave que pueda cometer un juez. Ese conocimiento se traduce, legalmente, según el art. 264 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el deber de denunciarlo, poniéndolo en conocimiento del Fiscal, Juez o policía competente. Que yo sepa no lo ha hecho.

La segunda, encierra la más que insinuación de que en ciertos casos los jueces, con sus resoluciones, están ilícita y deliberadamente decidiendo o condicionando la política de este país, atribución propia del Gobierno. Lo que es tanto como una acusación de eso que ahora  llaman lawfare, que, como ya sabemos, deberíamos traducir penalmente como prevaricación judicial. Igualmente tiene el deber legal de denunciarlo, y que, yo sepa, no lo ha hecho.

Es decir, el Ministro no cumple con sus deberes legales de denunciar delitos que dice conocer se han cometido.  Lo que hace, pues, el Sr. Ministro es acusar de la comisión de delitos, sin denuncia penal alguna, lo que se traduce, en el caso concreto, no en un ansia de establecer el orden jurídico violado por un tercero, sino en una clara y decidida actitud de desprestigio del sistema judicial que, dado que proviene de un Ministro, adquiere tintes de ataque directo al Estado de Derecho.

Valentín Cortés

 

Miércoles 10 de Junio de 2026

Una proposición de Ley Orgánica del Senado para modificar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial

Leo en www.elmundo.es que hoy se votará en el Senado una proposición de Ley Orgánica de modificación de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial regulando un sistema de elección de los miembros del Consejo, adaptado totalmente a las recomendaciones de la Comisión Venecia, en el marco del compromiso del Gobierno y el Partido Popular de acabar con el sistema actual, compromiso que se adoptó con la mediación de la Comisión Europea.

Dada la composición del Senado, en el que el PP tiene mayoría absoluta, no cabe duda de que esa proposición de ley se aprobará; otra cosa es que se tramite en el Congreso, en el que su Mesa sistemáticamente hace caso omiso de lo que ordena para estos casos la Constitución e, incluso, ha decidido el Tribunal Constitucional recientemente en un caso de proposición de Ley del Senado no tramitada No conviene olvidar que el Gobierno se comprometió ante la Unión Europea a presentar un proyecto de ley de reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo, adaptándose a las recomendaciones de la Comisión Venecia, compromiso que ha obviado, lo que adquiere todo su sentido en el marco de los asuntos judiciales de investigación penal de posibles delitos cometidos por personas del Ejecutivo y de su entorno, que están dando lugar a la manifestación pública de una situación muy grave de ilegalidad y  de corrupción política y económica.

Como la esperanza no se debe perder nunca, quiero pensar que esta proposición de ley del Senado romperá la anticonstitucional tradición de la Mesa del Congreso y sí se tramitará en el Congreso.

Valentín Cortés

 

 

 

Martes 9 de Junio de 2026

La Constitución y la dignidad de las personas

El discurso ayer del Papa en el Congreso, podemos decir, fue una magnífica clase ya oída de Filosofía del Derecho en la que se plantea el problema básico de la Ley Justa, pues puede haber leyes aprobadas por el Parlamento que no se adecúen a la idea de Justicia que tenemos. Por tanto, se trata de solucionar la dicotomía Justicia-Legalidad.

Simplificando mucho, dado las condiciones y limitaciones de este blog, podríamos decir que, en los sistemas jurídicos modernos, desde la Teoría Pura del Derecho de Kelsen, se ha entendido que una ley es justa cuando se adapta a la Constitución. Lo que el Papa dijo ayer en el Congreso, a los parlamentarios españoles, es que no basta con eso, pues, fuera del Derecho aun está la Moral y la Ética como posible definitoria del Derecho, con base, tal como ya hacíamos notar ayer (opinando sobre sus discursos anteriores), en la dignidad de la persona. Los supuestos (entre otros, por ejemplo, el aborto, la eutanasia) mencionados por el Papa son paradigmáticos, pues no es lo mismo no penar conductas que convertirlas en el resultado de derechos amparados y protegidos a nivel constitucional; lo primero, no atenta a la dignidad de la persona, lo segundo, no la respeta; y como estos ejemplos, otros que se podrían manejar de normas concernientes a los derechos de las personas, desde la vida en adelante.

El problema planteado no es teórico, es real y de ahora. Es de una enorme importancia y profundidad y no puede ser solucionado con esquemas rígidos y predeterminados. Y como he dicho, es un problema que tenemos en la actualidad, dado que existe la idea en el Ejecutivo de convertir, precisamente el aborto y la eutanasia en derechos expresamente recogidos en la Constitución: eso que llaman blindar lo que hasta ahora es una equivocada y deficiente doctrina del Tribunal Constitucional dictada al hilo de sus sentencias sobre el aborto y la eutanasia.

Valentín Cortés

 

Lunes 8 de Junio de 2026

La instrumentalización de la doctrina del Papa

Los discursos del Papa en los días que lleva en España (y los que pronunciará a partir de ahora, sin duda) han sido (y serán) instrumentalizados por distintas opciones políticas que intentan convencer a propios y extraños de las coincidencias del pensamiento del Papa con las políticas que uno u otros defienden. En nuestro campo de opinión jurídica, cuando el Papa ha hablado de los derechos de las personas y de la solidaridad entre ellas ( que viven  en unión con la Naturaleza, única y global, en una sociedad técnica y avanzada o en otra donde campa la pobreza más absoluta, que se enfrentan a retos como la IA,  las guerras, las exclusiones, los nacionalismos, etc) no lo hace para defender posiciones políticas, ni económicas, ni siquiera culturales, mucho menos populistas, sino porque el centro de la doctrina cristiana está en la dignidad de la personas en cuanto tales y, por tanto, en la igualdad de todas ellas y, por eso mismo, en la caridad (amor y respeto) de unos hacia otros: eso que traducido en Derecho parecería una conquista de la Ilustración ( léase el debate sobre la existencia de Dios entre Ratzinger y Flores d´Arcais) no es sino el trasunto de los Evangelios que, en el caso del Papa, me imagino que vienen leídos desde la perspectiva de San Juan, San Pablo y San Agustín: la igualdad de las personas y su dignidad, derechos como persona, derechos sociales, los problemas jurídicos de inmigración, las guerras y conflictos sociales, la solidaridad y otros temas con reflejos múltiples en el Derecho, que se nos muestra como necesario, no son medios para conseguir políticas partidistas (como pueden tener el Gobierno o la oposición), sino columnas básicas y fines en sí mismos para el Papa, como Pontífice de la Iglesia Católica. Por eso la instrumentalización de las palabras del Papa tiene un recorrido, podríamos decir, ridículo.

Valentín Cortés

 

Viernes 5 de Junio de 2026

La violación global de la Constitución

Cada día que pasa, lo que los periódicos y medios de información nos dicen adquiere mayor relevancia y gravedad, y la sensación de vértigo, al conocer los momentos de verdadero peligro que ha pasado (que está pasando) nuestro Estado de Derecho, va en aumento para todo el que tenga una mínima formación, no sólo política, que por supuesto, sino fundamentalmente constitucional. Porque, sin  mención de otros casos gravísimos que se están tramitando judicialmente en este momento y que afectan a los detentadores del Poder Ejecutivo, todo lo que el Juez Pedraz investiga, unido a lo sucedido en los últimos meses, es una presunta y enorme violación del Estado de Derecho, por tanto de la Constitución, mediante un ataque directo y persistente al Poder Judicial: control del Consejo del Poder Judicial, law fare, proceso de  descrédito personal de los jueces investigadores de asuntos no convenientes a los intereses del Ejecutivo, intento de manipulación de la UCO (Policía Judicial, como órgano investigador al servicio de la Justicia) y , por último, descabezamiento de la UCO de jefes “molestos” mediante ascensos o traslados. Todo ello ilegal y claramente inconstitucional, todo ello con el único fin presunto de monopolizar el Poder, lo que da un tinte totalitario a la situación que padecemos. Todo esto que, por supuesto es una maniobra política,  fundamentalmente  por ahora, es más bien una presunta y gravísima violación, proyectada y gradual, del Estado de Derecho y, por consiguiente, de la Constitución, y que presuntamente está ideada y ejecutada en el entorno del Poder Ejecutivo. Hasta ahora habíamos asistido a violaciones parciales de nuestra constitución; ahora un juez nos dice que también lo hacen de forma global.

Valentín Cortés