Viernes 16 de Mayo de 2025

Críticas jurídicas al anteproyecto de modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal

El miércoles pasado ya opinamos muy negativamente del anteproyecto de Ley del Gobierno sobre de nueva regulación del Ministerio Fiscal  y de la instrucción penal. Cambiar un sistema como el de la instrucción penal no es cuestión baladí ni política; es fundamentalmente jurídica. Las fuertes críticas que ayer ha tenido este anteproyecto (a pesar de ser fiesta en Madrid) han provenido del mundo jurídico (sobre todo,  de entre los fiscales y sus asociaciones) y no son debidas, tal como dijimos el pasado miércoles, a un prejuicio político sobre el Gobierno( como autor del anteproyecto), sino a la constatación técnica de que, cuando menos, atribuir la instrucción penal a los fiscales requiere inexorablemente una modificación global y concreta del sistema procesal penal, que no se observa de ninguna de las maneras en este anteproyecto de Ley. Esa modificación legal exige igualmente una fiscalía completamente independiente no sólo del Ejecutivo (lo que llevaría, según mi opinión a modificar el art. 124 de la Constitución) sino, internamente, a la desaparición del principio de jerarquía lo que haría a cada fiscal instructor independiente, sin superiores jerárquicos a los que obedecer, y únicamente sometido al imperio de la ley, tal como ahora lo son los jueces instructores (art. 117 de la Constitución).  Todo ello, sin olvidar, igualmente, que esa modificación requeriría además un sistema de contrapesos al poder de iniciar la instrucción en manos del Fiscal que pasaría necesariamente por un fortalecimiento de la acción popular (art. 125 de la Constitución) y no la ya anunciada limitación de ésta. En la cabeza del Gobierno nada de eso se contempla ni se encuentra, pues para ello hay que tener la convicción política y la jurídica que ni por asomo tiene. De ahí la escasa o nula credibilidad que nos causa el anteproyecto.

Valentín Cortés