Lunes 16 de Abril de 2018

La inutilidad de unas declaraciones

El art. 24.2 de la Constitución reconoce el derecho de todos “a no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpables”.

Hoy toda la prensa recoge, curiosamente, varios casos donde los acusados han ejercido ese derecho: los acusados de rebelión y malversación han manifestado que no han gastado ni un solo euro público en el “proceso” y que no hubo violencia alguna; los que están siendo juzgados por agresiones graves a dos guardias civiles en Alsasua, han dicho que ellos no agredieron a nadie y que los guardias estaban borrachos; el Sr. Chaves, expresidente de la Junta de Andalucía, ha manifestado que no supo que las subvenciones que daba su Gobierno eran ilegales.  Todos han ejercido, por supuesto, el derecho a no incriminarse y eso no puede ser valorado negativamente en ningún caso.

Pero todos han declarado, además, no tanto para ejercer ese derecho como para defender sus intereses procesales y penales, una serie de hechos que sí son objeto de valoración, y tienen que serlo, por el Juez. Y es aquí donde juega una antiquísima máxima de experiencia que sirve para valorar la declaración del interesado, que se puede expresar de la siguiente manera: nadie miente para perjudicarse, pero prácticamente todos podemos mentir para beneficiarnos. Ergo, los jueces, en todos esos casos, difícilmente van a creer a los declarantes, porque la mentira les favorece. Y, por el contrario, los hubiera creído si sus declaraciones hubieran perjudicado su posición o sus intereses. Si a ello añadimos, en todos y cada uno de los casos, las demás pruebas existentes y practicadas, mucho me temo que todas estas declaraciones, por muy contundentes que sean, les serán absolutamente inútiles.

 

Valentin Cortés