Viernes 8 de Mayo de 2020

Un dato aterrador

El dato de que, en las residencias de ancianos, han muerto por el coronavirus 17.576 personas, desde el inicio de la epidemia, es aterrador desde el punto de vista humano, y mucho más si pensamos en la proporción altísima de estas muertes en el conjunto de las que ha producido la enfermedad en España (vid. la prensa de hoy que ofrece estos datos).

Pero, el dato es igualmente aterrador desde el punto de vista jurídico, porque muestra en toda su desnudez la ineficacia, en muchas ocasiones, de las decisiones tomadas por el llamado “mando único” o, en su caso, las consecuencias de la falta de acción concreta. Porque, prácticamente, desde el comienzo del estado de alarma el Gobierno tomó el mando único en todo lo que se refería a estas residencias, de modo que la responsabilidad parece exigible directamente al Estado y a los funcionarios o autoridades que tomaron las decisiones equivocadas o no tomaron las necesarias.

Ello va a plantear, no parece haber duda de ello, un aluvión de demandas de responsabilidad, no digo penal, porque no creo que haya existido dolo, pero sí civil porque la negligencia o, incluso, la falta de diligencia son patentes, dado que vienen demostradas por el hecho mismo de las muertes reiteradas y desproporcionadas en esas residencias que no se justifican sólo por la edad de los fallecidos. Procesos de responsabilidad civil en los que será importantísimo evaluar los casos excepcionales de residencias en los que no ha habido muertes de ancianos y el modus operandi de estas.

Valentín Cortés