Martes 17 de Enero de 2023

El necesario deslinde entre lo político y lo jurídico

Hoy hemos sabido (vid. la prensa digital de esta mañana) que el Gobierno requerirá de incompetencia a la Junta de Castilla-León para establecer protocolos de actuación previos al aborto, para que, así, el Tribunal Constitucional resuelva el posible conflicto de competencia entre la Junta y el Estado (art. 161,1.c de la Constitución). También los periódicos de hoy recogen los múltiples recursos, provenientes de todas partes (acusados y Ministerio Fiscal), que el conocido auto del Juez Llarena ha recibido o va a recibir y que éste y la Sala Segunda del Supremo deberán resolver conforme a Derecho.

 Es evidente que, en ambos casos, existe un componente político muy importante que no es desdeñable, que nosotros no vamos a analizar, pero que hay que tener en cuenta para formarse una idea clara del contenido jurídico de ambos casos. En el primero, estamos ante una situación muy normal desde el punto de vista constitucional, en el que el Tribunal Constitucional ha tenido en muchas ocasiones que entrar para dilucidar si una materia determinada era competencia del Estado o de la Comunidad Autónoma concreta; la trascendencia jurídica se queda ahí y la sentencia del Tribunal Constitucional servirá para interpretar casos concretos de los recogidos en el art. 149 de la Constitución. En el segundo, es evidente que los acusados al recurrir defienden sus intereses jurídicos, interpretados, claro está, desde la óptica de su posición personal y política. El Ministerio Fiscal, al recurrir (vid. nuestro blog viernes día 13, primer párrafo), por supuesto que mantiene una posición jurídica, pero, todo indica que marcada por una gran intencionalidad política. EL Tribunal Supremo nos dirá si aquel intento de golpe de Estado (convenga o no a la política del Gobierno) fue “desórdenes públicos” o no; si aquellos actos no caben en lo que ahora llaman desórdenes públicos, está claro que la responsabilidad nunca será del Poder Judicial.

Valentín Cortés