Viernes 10 de Diciembre de 2023
Una inmensa irresponsabilidad constitucional
Lo que ayer firmaron los partidos
del Sr. Sanchez y Puigdemont fue el programa de gobierno del primero. Ese plan
encierra la realización, continuada y diversa, de actos fuera de la Constitución
y prohibidos por ella; en modo tal que, si se cumple lo pactado (y para eso se
firmó, me imagino), se habrá consumado la ruptura múltiple y continuada del
edificio constitucional que las partes firmantes se proponen y anuncian.
En esa incontinencia de intenciones
anticonstitucionales anunciadas, quizá, una de las más graves sea la de someter
al Poder Judicial al Legislativo, para acabar confirmando, esa es la intención declarada
sin tapujos, la preconcebida teoría de lo que, de forma hortera, llaman lawfare,
que no es otra cosa que la utilización por la judicatura del proceso penal
como arma política durante el “proceso catalán”, que se encerraría, en su caso, en un concepto jurídico tan arraigado en nuestra legislación
penal como el de la prevaricación judicial, de la que se acusa preconcebidamente
y sin tapujos, y de forma generalizada, a la judicatura que intervino en los
delitos cometidos en el llamado “proceso catalán”( jueces, magistrados,
Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional).
En ese sentido la reacción inmediata ayer de
todas las asociaciones profesionales judiciales y de fiscales, como la del Consejo
General del Poder Judicial, así como, hoy mismo, la comunicación oficial del
Consejo a la Unión Europea del “ataque contra el Estado de derecho del pacto de
investidura”, da idea de la gravedad del momento y de lo acordado.
Quizá mucho de eso que se acuerda
hacer también se pueda englobar en tipos penales varios, por eso pasar del proyecto
al acto se me antoja un paso no exento de inconvenientes que en su momento
tendrán, espero, trascendencia.
Valentín Cortés
