Martes 4 de Mayo de 2021
Una decisión equivocada del Gobierno:
la judicialización de la sanidad
Leo en www.europapress.es que el Gobierno ha anunciado
que ha aprobado un Decreto-Ley por el que se modifica la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa para posibilitar a las Comunidades autonómicas que
recurran ante el Tribunal Supremo las decisiones que puedan tomar los
Tribunales Superiores en orden a las que tomen las distintas Comunidades una
vez se termine el estado de alarma motivado por la pandemia. Ya estudiaremos el
DL, pero parece que se posibilita la unidad de doctrina, por tanto, de
decisiones judiciales que se crea, obviamente, para impedir una gran inseguridad jurídica.
Pero, el problema, como ya adelantábamos
el pasado viernes, no es sólo la seguridad jurídica; siéndolo, el problema es
que el Gobierno ha optado por la judicialización de las medidas contra la
pandemia. Y, además, lo ha hecho con un decreto-ley (modificador de una norma
de trascendencia orgánica), cuando ha dispuesto de todo el tiempo necesario
para tramitar por la via de urgencia una ley en el Parlamento que modificara la
Ley de la Jurisdicción, si es que ese fuera el camino adecuado para luchar
contra la pandemia.
La lucha contra la pandemia no
puede estar sometida de continuo a decisiones judiciales, pues eso crea una distorsión
clara en el funcionamiento del Estado, pues traslada la responsabilidad última en
materia sanitaria a los jueces y tribunales. Obsérvese que no se trata de que,
como debe ser, sean los Tribunales quienes controlen la aplicación de la Ley
por la Administración, sino que, de forma global, y como sistema sanitario, se
propicia un escenario donde la última palabra se ha asignado desde el principio,
dentro de la filosofía sanitaria, al Orden Judicial.
Valentín Cortés
