Jueves 26 de Marzo de 2020
Responsabilidad difícil de eludir
Antes de que hayan pasado 24 horas de
publicar nuestra entrada en el blog de ayer, leo en www.elespanol.com, juntas, codo con codo,
dos noticias que apuntan en la dirección que ayer adelantábamos. Nos dice, según
el diario citado, la Sra. Montero, Ministra de Igualdad, que con la manifestación
del 8M “se hizo lo que dijeron los técnicos”; y, junto a esta noticia,
la del Ministro, máximo responsable en la crisis, Sr. Illa, que manifiesta que los
test fallidos de detección del virus se compraron con la homologación CE,
que expide la Unión Europea.
Con ello, es evidente, quieren
eludir la responsabilidad jurídica (no ya la política, que también) que,
adivinan, se les va a exigir por los ciudadanos, las asociaciones y todo
perjudicado, que se cuentan por miles.
¿Y qué?, seguro
que se preguntan los ciudadanos. La jurisprudencia del Tribunal Supremo, desde
hace ya muchas décadas, tiene establecida una doctrina que establece la responsabilidad objetiva,
y, si vamos a la legislación de protección al consumidor, ( y el enfermo es
consumidor, el fallecido también, en todos los sentidos) ya tiene establecidos
mecanismos como la inversión de la carga de la prueba, de tal manera que el
perjudicado no tiene que demostrar la negligencia, culpa o dolo de las
autoridades, en este caso, sino que son éstas las que tienen que demostrar que
actuaron con toda la diligencia exigible a las personas en las situaciones en
la que actuaron o que los perjudicados actuaron con negligencia o culpa. Y en esa
situación procesal veo poca consistencia en decir que se hizo lo que los técnicos
dijeron (¡¿) o que se compró con la homologación Unión Europea a una fábrica,
que resultó no tenía licencia de fabricación especifica(¡¿).
Valentín Cortes
