Lunes, 22 de abril de 2013
Una Juez que no cumple con lo que
establece la Ley.-
Los jueces no son asistentes sociales. Leo en “elmundo.es” que una Juez de Madrid ha suspendido el lanzamiento de
una familia de la vivienda, tras el desahucio, hasta que termine, al menos, el
curso escolar de los menores que en ella viven, y hasta tanto la Consejería de
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y el Área de Familia y Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Madrid no le informen sobre la medidas concretas a adoptar
por estos organismos en orden a garantizar el derecho de estos menores de edad
a una vivienda digna y adecuada. Nada que objetar desde el punto de vista
humano.
Pero, a pesar de ello, siento tener que ocuparme de nuevo de temas
parecidos a los que me he ocupado hace ya días y de hacerlo, desde el punto de
vista jurídico, de forma muy crítica; porque estamos sufriendo una crisis
importante de perturbación ilegal y antijurídica en nuestros jueces, que
confunden (algunos) la caridad y asistencia social con el Derecho: los jueces
son pagados para que apliquen el Derecho, que emana de la soberanía popular
encarnada en el Parlamento, y no para que ejerzan la caridad a costa, no de
ellos, sino de la sociedad y de la vulneración de los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídicas. El art.
703.4 Ley de Enjuiciamiento Civil
permite al Secretario Judicial, no al Juez, aplazar el lanzamiento, por
razones personales o familiares, un mes desde que se decreta, plazo que se
podrá prorrogar un mes más. Pero no le permite hacer lo que ha decidido que,
entre otras cosas, implica legislar “de hecho” para establecer obligaciones
concretas a instituciones públicas.
Mientras tanto - me da igual quien sea el titular del bien inmueble
que había que desalojar- los derechos de este titular no se reconocen porque se
viola la ley que es para sustituirla por la que le gustaría (a la
Juez)
que fuera. Hoy, esta
arbitrariedad se podrá justificar socialmente por el carácter público del
propietario; mañana el propietario será cualquiera, porque la justificación de
la arbitrariedad no suele tener límites, y entonces ¿qué haremos?
Valentín Cortés
