Valentín Cortés Domínguez

Valentín Cortés Dominguez es Catedrático de Derecho Procesal. Ha sido abogado con 47 años de experiencia, conferenciante y autor de múltiples publicaciones jurídicas y de manuales de derecho procesal que son libros de texto en distintas universidades españolas y de América latina.

jueves, 30 de junio de 2016


Jueves 30 de Junio de 2016
 
El descanso necesario
Mi irrefrenable pasión universitaria, que conservo al menos en las cosas buenas, me tiene convencido que un profesor, que es lo que al final soy, tiene que descansar si no es que quiera agotar a los que lo oyen o le leen, como ustedes hacen, me imagino, todos los días.

Si a esto se une el sesteo que se va apoderando de mi principal fuente, por cierto inagotable, de asuntos que comentar, que son los jueces, y puesto que los partidos políticos, otra gran fuente de opiniones, están enfrascados en vetos varios que posiblemente no puedan mantener durante mucho tiempo, no me queda más remedio que seguir la costumbre de años anteriores, por lo que me doy y les concedo vacaciones de estas opiniones jurídicas hasta el día 7 de septiembre próximo.

Que sean felices y descansen también de otras actividades, seguro, más pesadas que esta de seguirme.

Valentín Cortés

miércoles, 29 de junio de 2016


Miércoles 29 de Julio de 2016 

La justicia, lenta, inexorable y, a veces, benévola.

Ante la decisión del Juez de acusar de la comisión de los delitos de prevaricación y desobediencia al Sr. Mas y compañía por la realización del referéndum ilegal y prohibido por el Tribunal Constitucional, es curioso que, por parte de las autoridades de la Generalidad catalana, no ha habido crítica jurídica, lo que se daba por descontado, ni siquiera política; sólo ha habido descalificación, pues desde afirmar que, desde “las cloacas del Estado”, se impide la libertad de los catalanes hasta las expresiones más denigrantes que jamás hemos podido oír de la actuación de los jueces, todo es descalificación de uno de los Poderes del Estado, por tanto del Estado de Derecho.

Realmente, son autoridades, las acusadas, que no merecen serlo de este Estado, que tiene una Justicia acorde con lo que es un Estado de Derecho, que es lenta, y que a veces, como esta, es benevolente, porque, dándose por probado que la Generalidad ha pagado determinados gastos y costes de la “operación referéndum”, no se entiende jurídicamente que no estén, esos señores, acusados de malversación de caudales públicos.

Como la Justicia es también inexorable, estoy convencido que se les castigará y que,  al final, el Estado de Derecho expulsará a los ahora acusados de la vida pública( prevaricación y desobediencia) y, no sabemos, si les privará de libertad( malversación), que dicen, ahora, que la Justicia quita a los catalanes.

Valentín Cortés

martes, 28 de junio de 2016


Martes 28 de Junio de 2016 

La dificultad de atemperar el Derecho a la conciencia social

He leído en europapress.es, que la relata bien, una noticia que posiblemente producirá escándalo, en cuanto que se nos dice que el Tribunal Supremo ha anulado una condena de 10 años de prisión por dos delitos de abusos sexuales de un profesor con menores, alumnas suyas, por uno de vejaciones injustas, por lo que se le condena a una multa de 2500 €.

El Tribunal Supremo no da por probados hechos que impliquen abuso sexual y por eso anula la condena.

Todo tiene, pues, explicación jurídica: Es un problema de apreciación y valoración de la prueba, y de calificación penal de los hechos probados de acuerdo con  la ley aplicable. Pero no sólo. Porque lo que aquí está latente, de ahí la trascendencia social de la noticia que está en toda la prensa digital, es que hay una clara falta de sintonía entre lo que la sociedad entiende como reprobable de forma severa y lo que el Código Penal regula, y, lo que es más importante, la necesidad, mucha veces ni comprendida ni aclarada, de juzgar de acuerdo con la Ley vigente en el momento de comisión de los hechos que, en el caso concreto, se aleja a más de diez años. En ese tiempo, ni existía el mismo rigor legal en cuanto a los delitos de abusos sexuales, ni la conciencia social, por desgracia, estaba tan viva como ahora.

Valentín Cortés

lunes, 27 de junio de 2016


Lunes 27 de Junio de 2016 

La ley electoral y su reforma

El Sr. Rivera, ayer en plena constatación de su fracaso electoral, llamó a la ley electoral “ley criminal” y prácticamente vino a decir que quien quisiera pactar con su partido tendría que unirse a su deseo de cambiar dicha ley. Habló y se quejó que ¡la perdida de nueve décimas de votos había sido castigada con la perdida de ocho diputados!; aunque, realmente, menos  manipulador y lastimero hubiera sido decir que la pérdida de 373.412 votos (un 10,68% de los que le votaron en Diciembre, dejaron de hacerlo) le ha supuesto, en el sistema proporcional, la perdida de ocho diputados. Menos manipulador y más acorde con nuestro sistema proporcional, pues teniendo su partido sólo el 13,05% de los votos ha obtenido 32 escaños.

Hoy, tanto Ciudadanos como el Partido Socialista han dicho que ni por activa o pasiva facilitarán un Gobierno del Sr. Rajoy.

Yo estoy de acuerdo en modificar la Ley electoral, pero no para lo que dice el Sr. Rivera, sino para evitar que se pueda, tras unas elecciones (ahora serían las segundas), boicotear, por activa o por pasiva, la voluntad muy mayoritaria del pueblo soberano, sin ofrecer alternativa a cambio, que no parece haberla, porque si la hubiera nada diría. Para eso un sistema a doble vuelta, sería un bálsamo para unos y un repelente eficaz para otros.

Valentín Cortés

viernes, 24 de junio de 2016


Viernes 24 de Junio de 2016 

La voluntad del pueblo soberano

Hoy que todo está lleno de pésimos augurios políticos y malísimas realidades económicas para los británicos y para los demás, ya digo que en poco tiempo, quizá días, nos platearemos los europeos dos cuestiones que tienen gran contenido jurídico.

Sin duda se va a iniciar el debate de los límites objetivos de los referenda, pues es evidente que las decisiones que toma el pueblo soberano sobre una cuestión determinada pueden tener unos efectos, directos e indirectos, que por fuerza no se han podido prever; y cualquier acto de voluntad (como lo es ir a una urna y depositar la papeleta del sí o del no) para no ser cuestionado debe asumir esa condición esencial del conocimiento.

El segundo debate será dilucidar quién pagará los platos rotos que produce la decisión (obviamente, y además, ignorante) de un pueblo soberano en los bolsillos de ciudadanos de otros pueblos igualmente soberanos. Porque toda la ingente normativa de la Unión Europea (puro Derecho) se ha promulgado, y aceptado por el resto de los países, bajo el principio de una permanencia de sus miembros, si no de Derecho, si de facto  y, por si fuera poco, para siempre.

Y aunque pueda parecer exagerada esta opinión, ya anuncio que la solución de estos problemas, eminentemente jurídicos, aunque con enorme trascendencia económica, política y social, condicionará la política de futuro de la Unión Europea.

Valentín Cortés

jueves, 23 de junio de 2016


Jueves 23 de Junio de 2016

Las grabaciones del Ministro del Interior: segunda y última parte.

 Casi todos los diarios digitales recogen la noticia de la petición que han hecho los investigados (al menos el Sr. Mas) en las causas penales por la convocatoria y celebración del referéndum ilegal celebrado en Cataluña, para que, a la vista de lo que dicen las transcripciones de la conversación entre el Ministro del Interior y el Director de la Oficina   Antifraude de Cataluña, pedir el archivo de esas causas.

Es decir, que estos señores defienden que el contenido de aquellas conversaciones tiene o produce efectos jurídicos, que, precisamente, se centran en la nulidad de lo actuado o en la exoneración de responsabilidad penal que pudieran tener por la convocatoria y celebración del referéndum ilegal. Por lo que piden, no puede ser otra cosa.

Lo traigo a colación porque me parece curioso que, a la irresistible inclinación que tienen esos nacionalistas por el fraude constitucional y legal, se une  y aflora ahora una  infantil  y  desahogada manera de interpretar los conceptos jurídicos, siempre pro domo sua. Como no creo que los desconozcan, traigo a colación esta noticia sólo para constatar que, también, además del fraude, están instalados en la falta de probidad y mala fe procesales (art. 11 Ley Orgánica del Poder Judicial).

Valentín Cortés

miércoles, 22 de junio de 2016


Miércoles 22 de Junio de 2016 

Las grabaciones del Ministro del Interior

He tenido la inmensa paciencia de leerme la trascripción de las grabaciones que se  hicieron de distintas conversaciones entre el Ministro de Interior y el Director de la Oficina  antifraude de Cataluña (en www.elconfidencial.com).

No sé el jugo que puedan tener en el terreno político la publicación de estas grabaciones, me imagino que limitado o amplio, según las circunstancias.

Desde el punto de vista jurídico pueden ser constitutivas de delito y, desde luego, no tienen el menor valor probatorio, no sólo porque son parciales(los documentos para que tengan fuerza probatoria no se pueden trocear al gusto de quien los presenta) sino porque constituye una prueba ilícita e ilegal, que no está amparada por el Derecho, a no ser que estuviera autorizada por Juez competente.

Claro está, me imagino, que a todos estas personas que las airean, no les debe importar absolutamente nada el significado y alcance jurídico del hecho.

Y aunque, alguien me pueda tildar de trasnochado y obsoleto, diré que ¡pobre país que nos educa sin que siquiera nos preocupemos por la trascendencia jurídica de nuestros actos! Al final, en todo caso y con un poco de “suerte”, siempre encontraremos un juez que pensará que es un caso claro (sin “peros”) de manifestación de la libertad de expresión.

Valentín Cortés

 

martes, 21 de junio de 2016


Martes 21 de Junio de 2016

Carmena y su concepto de decisiones justas

He leído en la edición nacional de Expansión que la Sra. Carmena se propone bajar el IBI en 22 de los 119 barrios de Madrid. Para razonar la medida, se argumenta que en esos barrios ha bajado el valor real de los terrenos y de los edificios, mientras que subía el valor catastral.

De ser cierta la noticia y llevarse a cabo, además de la crítica política que pudiera conllevar, en la que no entro, nos encontraremos con una decisión objetivamente injusta, pues deja de lado, entre otros, el principio de igualdad que, lo he dicho muchas veces, tan importante es en nuestro ordenamiento constitucional y, por ende, en nuestro sistema tributario.

No me gusta mezclar mis opiniones con mis vivencias personales, pero debo decir que entre los barrios agraciados no está donde está situado un piso de mi propiedad que, ¡vaya casualidad del destino!, también tiene un valor real  en franca disminución y un valor catastral en una deriva alcista que no para.

Pienso que si la dedición municipal se toma, será masivamente impugnada.

Valentín Cortés

lunes, 20 de junio de 2016


Lunes 20 de Junio de 2016

Deloitte y la salida a Bolsa de Bankia. 

La firma auditora avaló con su informe la salida a Bolsa de Bankia; ahora se trata de saber si tiene responsabilidad penal por ello, dado que esa salida a la postre fue un fiasco para los inversores, dado que donde se dijo que había ganancias, más tarde resultaron perdidas por varios miles de millones de €, y aquellos es obvio que se guiaron, al hacer su inversión, por el informe de los técnicos.

Afirmar que el informe se emitió con “autorización previa del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores”, que se actuó “siguiendo sus instrucciones” y que los trabajos elaborados “respondían a lo que se les pedía” (www.elconfidencial.com), no creo, visto desde fuera, que pueda al final eximir de responsabilidad civil y penal, si es que las hay, pues una firma auditora de nivel mundial no puede escudar su actuación en que cumplía órdenes de los reguladores.

El tema es, pues, si la Auditora tuvo en cuenta todos los datos y si siguió las normas de auditoría vigentes en España; si es así, no será responsable; si no, lo será. Como lo serán Banco de España y Comisión nacional del Mercado de Valores,  si es verdad todo lo que se ha declarado por el auditor en el Juzgado; que es quizá lo que se estará buscando desde la acusación, para asegurarse la indemnización que es, realmente, lo que importa en este tipo de procesos.

Valentín Cortés

 

viernes, 17 de junio de 2016


Viernes 17 de Junio de 2016

El evanescente lenguaje jurídico de los políticos.

Lo más importante de la Ciencia del Derecho es que los conceptos que maneja, si se quiere conseguir con la norma jurídica la certeza y seguridad, no pueden ser equívocos, sino que tienen que ser unívocos.

El político usa el lenguaje jurídico o meta jurídico según le conviene, dándole en cada caso el significado que le interesa. Mucho hemos hablado del acusado, imputado, investigado, procesado, conceptos tan manoseados que ya no sirven para nada, ni designan nada: todo depende de lo que quiera el político de turno en el momento.

Ahora, el Sr. Rivera ha introducido para acompañar al concepto corrupción -(al que también han relativizado los políticos, pues sólo es corrupto quien se lleva el dinero, no quien malversa, lo distrae para sus fines políticos, y un largo etc.)- otro concepto tan evanescente que es imposible aprehenderlo, pues es tan subjetivo, que incluso la misma persona puede utilizarlo por la mañana con un contenido y por la tarde con el contrario. Ha dicho (pueden leerlo en toda la prensa digital de hoy) que no facilitará el Gobierno a Rajoy ni a nadie del PP que estén bajo sospecha de corrupción.

Me parece muy bien que el Sr. Rivera haga lo que quiera, pero creo que no debería utilizar ese lenguaje que, más que dar certeza y seguridad jurídicas, nos pone ante la arbitrariedad más solemne que jamás haya podido oír. Me puedo preguntar qué entiende el Sr. Rivera por corrupción y qué entiende por sospecha; posiblemente lo que le convenga en cada momento.

Valentín Cortés

 

jueves, 16 de junio de 2016


Miércoles 16 de Junio de 2016

Las multas según  Podemos

Podemos, el partido político de extrema izquierda, ha propuesto (lo leo en www.expansion.com) que las multas de tráfico se acompasen a la capacidad económica del infractor;  según este esquema, si un insolvente conduce a 120 km por hora por la calle Alcalá de Madrid, su multa será cero €, y se elevaría según fuera el patrimonio del infractor. Con  esta invención sancionatoria, los insolventes vivirían en un limbo circulatorio, por no decir en el cielo; y los solventes, contra más lo fueran, más se hundirían en las profundidades del infierno ardiente.

Con este sistema no se sanciona la infracción de tráfico, sino la capacidad económica del conductor, que es una extraña manera de establecer un régimen de sanciones.

Además de las dificultades de tramitación de las multas de tráfico (¡habría que cubrir el engorroso trámite de verificación del patrimonio del sancionado!), el sistema debería resistir el examen sobre si realmente  cumple la finalidad de todo sistema sancionatorio, que no puede ser castigar al rico y proteger al pobre, sino imponer una pena por la comisión de hechos sancionables.

Nada que ver esto con la posibilidad que tienen los jueces, cuando hay delito, de modular la multa, de un mínimo a un máximo, según las circunstancias, subjetivas y objetivas,  del caso.

¡Cosas veredes. . .”

Valentín Cortés

miércoles, 15 de junio de 2016


Miércoles 15 de Junio de 2016

El informe del Fiscal
En las conclusiones finales que ha hecho el Fiscal Horrach en el proceso penal de la Infanta (está en toda la prensa digital, y hay un buen resumen en www.larazon.es) se hace una dura crítica a la instrucción llevada a cabo por el Juez Castro.

El tema de la actuación de los jueces de instrucción, o de algunos, sería mejor decir, requeriría grandes debates doctrinales; son actuaciones que, posiblemente por una deficiente regulación legal, tienden a la sobreactuación, motivada por los juicios paralelos (lo que denuncia el Fiscal), por la irresistible atracción que debe producir la popularidad que otorga la prensa amarilla, y por el poder, de hecho irresponsable, que la ley otorga a estos jueces, lo que convierte al Estado de Derecho, en palabras del fiscal, en un inadmisible “reino de taifas procesal”: cada uno hace y deshace a su manera, sin alcanzar la igualdad que es un principio básico de la Justicia y su Administración.

Pero lo más importante que ha dicho el Fiscal, criticando al Juez es esto:” en el sistema penal no puede haber resoluciones que cobijen convicciones personales”; porque la instrucción, digo yo, se basa en los indicios razonables de criminalidad, y el juicio en la prueba de hechos criminosos atribuibles al acusado. La actuación judicial por corazonadas, estuvo sólo bien, hace ya muchos años en el siglo pasado, en Estado Unidos y únicamente para los defensores del movimiento jurídico realista.

Valentín Cortés

martes, 14 de junio de 2016


Martes 14 de Junio de 2015

 

La justicia mediatizada

Hoy, toda la prensa digital recoge la noticia que la Fiscalía de Valencia ha abierto diligencias al Arzobispo de Valencia por la comisión de un posible delito de odio  con ocasión de un sermón en un acto religioso.

Ya sabemos que el Arzobispo de Valencia es Cardenal de la Iglesia Católica, con lo que la Justicia española, incluyendo en ella a la Fiscalía, ha alcanzado el mérito y el hito de estar investigando a múltiples, variados y encumbrados segmentos de personas y de la sociedad, merito que pocos Estados civilizados han conseguido. ¡En esto somos campeones!

Como lo somos en no respetar el secreto que la Ley impone a las diligencias de investigación; pero, quizá sea esa una de las finalidades que se persigue al proponerlas, por eso es inevitable pensar en la mediatización de la Justicia, que ¡menudo flaco favor le hace!

Valentín Cortés

lunes, 13 de junio de 2016


Lunes 13 de Junio de 2016

El debate de esta noche en TV
Esta noche veré el debate en TV.
Lo veré, pero no para saber quién ha ganado,- que creo poca importancia puede tener para la inmensa mayoría de españoles, pues ya tienen su voto decidido, a pesar de lo que diga el CIS,- sino para verlo como observador jurídico que, no es que crea que en el Derecho está toda la solución de nuestros males, pero sí cree que son necesarias reformas constitucionales y legislativas importantes para evitar que en España se produzca una nueva situación de parálisis, como ésta que hemos vivido en los últimos seis meses, y que igualmente posibilite vías, no traumáticas, preventivas acaso, que permitan un control, efectivo, de la desobediencia de las autoridades de las Comunidades Autonomías y de los Ayuntamientos a la legislación vigente.

Me imagino que cada uno podríamos tener una solución a estos dos temas cruciales para la España de hoy, por eso no tiene siquiera sentido que avance las mías (sobre los que ya me pronunciado muchas veces en este blog), pero tengo curiosidad por saber si para alguno de los aspirantes a gobernarnos estos temas merecen su atención en el debate.

¡Ya veremos!

Valentín Cortés

viernes, 10 de junio de 2016


Viernes 10 de Junio de 2016 

El mercado de deuda

La cada vez más inmensa cantidad de dinero ( www.expansion.com de hoy habla de una cifra de más de 15.000 billones de $ US) que está en el mercado de deuda a tipos negativos, con plazos que pueden llegar hasta los 20 años, plantea a los economistas gravísimos problemas que ellos sabrán cómo se arreglan, pero que para un  profano como yo se me antojan muy difíciles e irresolubles.

Para mí, como jurista, este tema me plantea problemas que pueden hacer revisar conceptos jurídicos que nos pueden parecer muy asentados desde hace muchos cientos de años. Ello viene dado porque el dinero, parece, ha dejado de ser para todos esos “adinerados” un bien fungible que nos permite comprar cosas, derechos o servicios, porque para ellos es sólo objeto de depósito y guarda (con esa finalidad de seguridad lo entregan a los Estados), cuando, paradójicamente,  quien lo recibe (los Estados sedientos de dinero) lo van a utilizar para comprar y dar derechos, cosas, servicios, todo lo contrario a la seguridad que persigue el depositante. Se utiliza, pues, un instrumento jurídico equivocado.

A lo mejor tiene razón Bill Gross cuando dice que esa burbuja explotará como una supernova.

Valentín Cortés

 

 

jueves, 9 de junio de 2016


Miércoles 9 de Junio de 2016

El Tribunal de Justicia Europeo y los derechos de autor

Mi entusiasmo por la jurisprudencia Tribunal de Justicia Europeo es más bien escaso, quizá porque sus resoluciones están dictadas desde la lejanía y, creo yo, poca justicia se hace cuando el juez es lejano, incluso a la cultura del país afectado.

Ahora, por lo que he leído en la prensa digital de hoy, el Tribunal declara contrario a la normativa europea la ley española que establece que el canon por copia privada de obras intelectuales se pagaría con cargo a los presupuestos del Estado; parece ser que el sistema español, según el Tribunal, no garantiza que, al final, el canon repercuta en quien utiliza la copia privada.

Realmente la legislación española en materia de derechos de autor tiene como uno de sus fines recompensar al autor por las copias privadas de su obra, sin fines comerciales. Esta sentencia, pondría el acento en que el copista privado(es decir, legal) pague por ello, y como eso no se garantiza por la Ley, la declara contraria a la legislación comunitaria, según las noticias de prensa.

Posiblemente, con esta idea filosófica será difícil que los Estados puedan hacer presupuestos normales, contemplando partidas presupuestarias que asuman el coste del ejercicio de determinados derechos por algunos ciudadanos concretos: por ejemplo, no veo que sea posible eliminar ningún tipo de tasa y sería imprescindible aumentar el presupuesto por tasas varias. ¡Mientras tanto, las copias no se pagaran al autor de la obra!

Valentín Cortés

 

miércoles, 8 de junio de 2016


Miércoles  8 de Junio de 2016 

Las estrategias procesales

He leído en www.abc.es que la letrada de Manos Limpias ha renunciado a la prueba pericial en la que ha sostenido su acusación contra la Infanta Cristina, por delito fiscal. Ese dictamen pericial sirvió para que se abriera el juicio oral, una vez acabada la instrucción.

Si se ha renunciado, dicho dictamen no puede ser considerado prueba y no podrá ser valorado por la Sala, porque para serlo debe ratificarse en el juicio y someterse el perito a la contradicción de todas las partes. A eso se ha renunciado.

Es evidente que la renuncia al perito es posible y siempre obedece a una estrategia procesal, que sólo, en este caso, la letrada conoce. Pero, sin duda, es una estrategia que responde a obtener alguna ventaja o a evitar alguna desventaja procesal.

Desde nuestra atalaya de observadores ignorantes de los pormenores y entresijos del proceso en cuestión, parece una estrategia que trata de evitar males mayores que vendrían de que el perito se enfrente a la contradicción de las demás partes. La consecuencia procesal es, en todo caso, que la acusación, la única, se queda sin su soporte técnico, precisamente en un asunto sumamente técnico. ¡Ya se verá!

Valentín Cortés

martes, 7 de junio de 2016


Martes 7 de Junio de 2016
 
La descomposición del sistema

Todos los medios de comunicación recogen la noticia de las mujeres, que promocionaban en una calle de Barcelona a la empresa que dará, por gran pantalla en esta ciudad, los partidos de la selección nacional de futbol, atacadas por encapuchados, que al grito de “putas españolas”, las han agredido e incluso herido.

En una sociedad, donde el menosprecio del Derecho es la bandera política y seña de identidad del Gobierno de la Generalidad, del Parlamento Catalán (hoy el Tribunal Constitucional ha anulado otra resolución de éste), y de muchos ayuntamientos, no es de extrañar que los ciudadanos de a pie imiten al poder político. Ninguno de esos actores, como se dice ahora, comprenden que el Derecho y su observancia es certeza y seguridad y que, por eso, es esencial en la vida social. Esto es lo que se está perdiendo a marchas aceleradas.

Por eso, cada vez, será más difícil evitar, en esa comunidad, la aplicación del art. 155 de la Constitución que suspenderá la autonomía, total o parcialmente, a la postre, no tanto, que también, para evitar la secesión, como para evitar el descalabro social.

Valentín Cortés

lunes, 6 de junio de 2016


Lunes 6 de Junio de 2016



El Sr. Zapatero y su falta de empatía con  situaciones jurídicas

Una seguidora de este Blog, me ha pedido esta mañana que opine sobre la noticia aparecida sobre la visita del Sr. Zapatero a un opositor político venezolano que está en prisión, condenado por violencia. Todo el mundo sabe que esa condena es injusta y que realmente está en la cárcel por ser opositor a Maduro. Mi lectora quiere que comente la noticia aparecida en la prensa acerca de que este opositor habría advertido a Zapatero que no está dispuesto a obtener la libertad a cambio de renunciar al referéndum revocatorio de Maduro.

No sé si es verdad que el Sr. Zapatero le ha propuesto esa disyuntiva, tampoco sé si el opositor le ha dicho algo parecido; lo que sé es que el Sr. Zapatero, que ha demostrado a lo largo de su carrera política la falta de empatía con el Derecho( me acuerdo especialmente del Estatuto Catalán) tampoco la ha tenido hasta ahora en este caso, pues se echa en falta, dados los antecedentes del caso en los que han participado otros políticos españoles, que pusiera  de manifiesto su desacuerdo con una solución que, de ser cierto que ha sido propuesta o insinuada, le une a una coacción inadmisible, que jurídicamente lo sitúa a los pies de los caballos.

Valentín Cortés


jueves, 2 de junio de 2016


Viernes 3 de Junio de 2016



La importancia del Tribunal Constitucional.

Ahora, como en Diciembre del año pasado, leeremos los programas  de los partidos políticos y en algunos veremos que se destaca la propuesta de eliminar la institución del Tribunal Constitucional, para sustituirlo, en el mejor de los casos, por una Sala de Tribunal Supremo. ¡Algunos partidos, incluso, hablan del carácter no democrático del Tribunal cuando anula leyes votadas por la soberanía popular!

Esta época que vivimos nos demuestra que la institución es imprescindible. Ayer, por ejemplo, leímos a última hora de la tarde en www.larazon.es que el Congreso había presentado ante el Tribunal Constitucional la demanda contra el Gobierno en funciones por negarse a someterse al control de la Cámara. No es un recurso vacuo,pues aclarará el futuro de un presente que está en nebulosa.

 Nuestra Constitución está llena de lagunas, se presta a interpretaciones varias y está sometida a la presión de las comunidades independentistas y es, en esa situación, donde es necesaria la intervención de un tribunal superior, fuera de la órbita judicial, pero integrada en la jurisdiccional, que nos diga en cada momento, al Gobierno, al Poder Judicial y al Poder Legislativo, y a la Comunidades Autónomas qué es la Constitución, cuáles son sus límites y la interpretación que hay que darle, pues sólo eso servirá para que, en su caso, eso que llamamos la soberanía popular, si no le gusta la Constitución, o no está de acuerdo, haga lo necesario para cambiarla, pero dentro de las normas constitucionales. ¡Muy pesado para algunos, pero imprescindible desde el punto de vista del Derecho!

Valentín Cortés

Jueves 2 de Junio de 2016

La politización del Derecho

Sin duda como un reflejo de la teoría marxista del uso alternativo del derecho, está esto que yo llamo la politización del Derecho, un paso más allá de la politización de la Justicia; el axioma sería: el Derecho y sus consecuencias deben ser interpretadas según a los políticos  que afecten.

He oído, en una emisora de TV, a un alto representante del PSOE decir, en relación con el auto de apertura del juicio oral a los Sres. Griñán y Chaves, que estas dos personas son honestas pues “no han cobrado en b, no han tenido sobresueldos, no se han enriquecido”.

Grave discurso, al menos desde el punto de vista jurídico, pues cuando la politización de la Justicia ya no es posible y todavía no se ha llegado a la deslegitimación de la misma( que es lo que hacen todos los días los nacionalistas catalanes: la última vez este fin de semana en una manifestación contra el Tribunal Constitucional), queda el remedio de la politización del Derecho, de modo tal que en este caso la prevaricación  y la malversación  de fondos públicos, que es de lo que se va a juzgar a esos Señores, no son conductas políticamente censurables, aunque lo sean jurídicamente. ¡Pero todo se andará!

Valentín Cortés

miércoles, 1 de junio de 2016


Miércoles 1 de Junio de 2016 

Las querellas de Maduro.

Una persona tan tosca, también en lo jurídico, como es Maduro, es difícil entenderla; pero, en cualquier caso, según he leído esta mañana en www.europapress.es , esta persona ha manifestado que está preparando a su equipo de abogados para que interpongan acciones judiciales contra medios de prensa españoles que han emprendido “una campaña de guerra psicológica contra Venezuela” a fin de que se respete el “honor” de Venezuela, pues esa campaña “está inyectando odio y justificando acciones violentas contra el país”.

Yo, entre tanta grandilocuencia barroca y tanta tosquedad, advierto detrás de ello una mente más fina en lo jurídico que la de Maduro, que debe tener formación española, que debe conocer que la incitación al odio también es un delito en España y que el art. 23, 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial( competencia de la jurisdicción española para conocer de los delitos que se ejecuten en el extranjero), cuya interpretación y  aplicación corresponde a la Audiencia Nacional, puede darle, "oportunamente" interpretado, un escaparate de sonoridad internacional, aunque después, obviamente, todo quede en nada, pues nada es.

Por eso, estaré atento a este anuncio de Maduro.

Valentín Cortés