Jueves 14 de Septiembre de 2023

La moral de una persona jurídica

Ayer supimos por el Tribunal Constitucional (vid. www.tribunalconstitucional.es) que se había dictado sentencia declarando constitucional la LO 3/2021 de 24 de Marzo, de regulación de la eutanasia. Ya lo hizo anteriormente con la STC 19/2023 de 22 de Marzo.  En ambas se reconoce y crea un nuevo derecho fundamental a la “autodeterminación de la vida” (sobre el que opinamos en su momento), que exige, siéndolo, una defensa y protección especial por el Estado, que afecta, esencialmente, al sector sanitario.

Como necesario corolario, el Tribunal ha tenido que reconocer, también, como derecho fundamental el de objeción de conciencia para esos casos: es decir, reconociendo que las convicciones morales o ideológicas, en determinados casos, eximen del cumplimiento de deberes y obligaciones, aun cuando sean constitucionales. Ha dado carácter constitucional al derecho de objeción regulado en la ley orgánica citada. Pero, según ésta, sólo y exclusivamente los individuos concernidos directamente en la prestación de la eutanasia tienen tal derecho. Deja, pues, de forma explicita fuera de la posibilidad de la objeción de conciencia a las instituciones, con personalidad jurídica, titulares de centros hospitalarios, para las que su ideario fundacional y existencial (es decir, sus convicciones ideológicas y religiosas que han determinado su constitución y permanencia) entiende que el derecho a la vida, según ese ideario, es incompatible con este nuevo derecho de autodeterminación de la vida.

La desigualdad que propicia el Tribunal Constitucional entre la persona física y la jurídica es, en  este aspecto, tan patente en la sentencia que entiendo que la ésta abre una via a las instancias europeas para su posible corrección.

Valentín Cortés