Lunes 15 de Junio de 2020
La seguridad jurídica
Se está celebrando en Madrid el
foro que ha reunido a los grandes empresarios españoles para discutir sobre las
medidas a tomar para reavivar la economía española, postrada tras los meses de
internamiento que hemos sufrido.
Es esclarecedor que, hasta el momento de
escribir esta opinión, los dos grandes empresarios, representantes de Inditex y
Mercadona, han resaltado la necesidad de que el Gobierno ofrezca y persiga el
imperio de la seguridad jurídica. Quiero recordar que la Constitución (nos
dice el art. 9.3) “garantiza” la vigencia de tal seguridad jurídica, por
lo que los empresarios no han hecho mas que recordar al Gobierno, y a los demás
Poderes estatales (Legislativo y Judicial), la obligación que tienen.
La seguridad jurídica no es una entelequia,
por mucho que durante estos meses de estado de alarma el Gobierno y las Cortes,
y en menor medida el Poder Judicial, se hayan “empeñado” en que lo sea. La
seguridad jurídica, junto con la certeza jurídica, son necesidades básicas
de cualquier sociedad, pues son los pilares
de la convivencia ordenada y en progreso cívico y económico de ella, que
necesita no sólo regularse jurídicamente, sino hacerlo de acuerdo con la Constitución,
con los principios que de ella emanan y en consonancia con el resto del
Ordenamiento Jurídico. Si, como ahora ocurre, se discuten la habilitación constitucional del
Gobierno para legislar en según qué materias y el modo de hacerlo; la mediatización, casi anulación,
del Parlamento hasta su parálisis; y la
falta de una pronta y eficaz respuesta de la Justicia a los conflictos jurídicos reales
del país, es evidente que no se está cumpliendo con el mandato de la Constitución,
y hacen bien los empresarios en pedir que haya seguridad jurídica.
Valentin Cortés
