Lunes 24 de Mayo de 2021
El Comité de Bioética y la vacuna del coronavirus
Este fin de semana pasado me ha llamado
la atención la noticia sobre el informe del Comité de Bioética sobre la cuestión
surgida por la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca, sus potenciales peligros
y la sustitución de esa dosis por la vacuna Pfizer. El Comité ha concluido que parece
ética y legalmente recomendable que las personas que rechacen la propuesta
indicada de Sanidad firmen un protocolo de consentimiento informado en el que
se acredite el rechazo a Pfizer y haber recibido la información suficiente
sobre el riesgo de sufrir trombos con el fármaco AstraZeneca”. La prensa se
ha planteado el problema de la posible discriminación que sufrirían estas
personas al exigírsele tal declaración, sabido es que tal declaración tiene por finalidad eximir de responsabilidad a la Administración sanitaria por daños y secuelas que se puedan sufrir.
Realmente, en el tema de la vacunación
masiva el problema grave, que afecta a derechos fundamentales, es el de la decisión
sobre la obligatoriedad de vacunarse en todo caso, que creo debe imponerse
(y se impondrá con toda seguridad), porque opino que hay un derecho general a
la salud de la población que no se puede ver perturbado por la decisión personal
de alguien a no vacunarse.
En el caso que resuelve el Comité
de Bioética opino que el consentimiento informado que se recomienda no
afecta al derecho de igualdad y no discriminación (art. 14 de la Constitución),
pues a los que no rechazan la vacuna que se les suministra (sea la que
sea) no se les pide consentimiento informado de los posibles riesgos que puede
tener la vacuna que reciben, por lo que el Estado asumiría, en su caso, cualquier riesgo que se derive para ellos. Pero parece razonable que el Estado
pida el consentimiento informado, tal como se recomienda por el Comité, a los
que rechazan la dosis propuesta por el Ministerio de Sanidad y exigen la vacunación
con un producto que el Estado no considera adecuado o lo considera con más riesgo.
Es esa persona quien conscientemente asume ese mayor riesgo y quien debe, por
consiguiente, asumir sus consecuencias: de ahí que se aconseje el
consentimiento informado. No son situaciones idénticas por lo que difícilmente se puede aplicar el principio de igualdad.
Valentín Cortés
