Viernes 14 de Febrero de 2025

Un condenado por terrorismo interviene en una comisión de investigación parlamentaria

Una parte de la prensa de hoy se hace eco de la participación en una comisión de investigación parlamentaria, de un condenado por terrorismo en los atentados en Cataluña del “17 de Agosto”, en los que hubo que lamentar un número importante de muertos y heridos. Lo ha permitido la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno y se hace a petición de Junts que la incluyó en las condiciones imprescindibles para apoyar al Gobierno en la investidura y en la legislatura.

 Es verdad que la Constitución (art. 76) permite la creación de comisiones de investigación en el Congreso o en el Senado, pero igualmente es cierto que establece como limitación que el asunto sobre el que se investigue tenga “interés público”. Y es aquí donde, fuera de otras consideraciones de orden ético y político, permitir la comisión de investigación y la intervención de un condenado por terrorismo en esa comisión, que investiga hechos ya juzgados por la Justicia, y que han dado lugar a condenas penales con autoridad de cosa juzgada, hace agua por los cuatros costados. En efecto, no puede ser de interés público que el Congreso, de esta manera indirecta, revise y enjuicie la actuación judicial y los resultados jurídicos penales a que se llegó en su momento o los ponga en cuestión; y si eso puede tener interés, lo tendrá únicamente para Junts, que quiere obviamente acabar con la situación actual del Estado Español, y para el PSOE, que necesita los votos de esta formación independentistas para poder seguir gobernando: Eso no es interés público, sino interés particular e inconstitucional  de unas determinadas  formaciones políticas, nada atendible, pues, en Derecho.

Valentín Cortés