Martes 9 de Septiembre de 2014

 

 

La encrucijada en la que se encuentra el Tribunal Supremo.

La remisión que ha hecho la Juez Alaya de la causa, llamada de los EREs, al Tribunal Supremo, al considerar que se debe imputar a un buen número de aforados de distintos Gobiernos andaluces, pone al Tribunal Supremo ante su responsabilidad.

No hablo de la responsabilidad civil, penal o disciplinaria (que se recoge en la Ley Orgánica del Poder judicial, aun cuando de manera lamentable), sino ante su responsabilidad política y social, que la sociedad española le va a exigir porque, por desgracia, la clase política de este país ha convertido al Tribunal Supremo en poder político. Nos jugamos el prestigio de una institución y de uno de los Poderes del Estado, en el que la sociedad española, de forma viciada y dirigida, ha puesto sus esperanzas de regeneración.

Los ajenos a estos menesteres a los que nos dedicamos, quizá comprendan ahora las luchas políticas tan tremendas que se dan cada vez que hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano que debe nombrar a los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es, a su vez, el Tribunal que debe decidir, por ejemplo, ¡qué casualidad!, si se imputa y de qué manera a estos señores a los que la Juez Alaya entiende que hay que imputar.

  Quizá también comprendan la lucha política, que no jurídica, para nombrar en los próximos días al Presidente de esa Sala

Valentín Cortés