Viernes 5 de Julio de 2019 

Fin de curso

Como todos los años, en estas fechas les doy a ustedes unas merecidas vacaciones; no es ahora momento de opiniones jurídicas, que es lo que aquí damos. Ahora, hasta el día 9 de Septiembre, es tiempo sólo de cierre de actividades profesionales, de lectura, de descanso, de olvidarnos de todas nuestras miserias, incluso de las grandezas, pues estas desgraciadamente, muchas veces, parecen que duran poco, como un espejismo sobre el suelo caliente de este verano que se nos presenta, dicen, tórrido.

De modo que ¡hasta septiembre!, que espero que vuelvan, como siempre, fieles a nuestra cita.

Valentín Cortés

Jueves 4 de Julio de 2019

Una denuncia grave

La denuncia presentada por la Fiscalía anticorrupción al Consejo General del Poder Judicial por la actuación judicial de la Juez Sra. Núñez Bolaños (vid. toda la prensa de hoy) es de suma gravedad  y por muy variadas razones.

Primera, porque se trata de una denuncia que procede de quien sostiene la acusación pública en los juicios por la trama política corrupta andaluza que lleva la juez. No olvidemos que la Fiscalía, como órgano del Estado, tiene como misión la defensa del interés público y de la Ley y está sometida al principio de legalidad. Por tanto, se trata de una denuncia que, es imaginable, ha sido sometida a un periodo serio de meditación y estudio antes de ser presentada, y que estará amparada por lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico.

Segunda, porque las causas están prescribiendo dada la inacción de la juez y ello supone una gravísima responsabilidad, dado que pueden quedarse sin investigar, y en su caso, castigo, hechos presuntamente delictivos.

 Y tercera, porque, aunque se trata de una denuncia que da lugar, en su caso, a un expediente disciplinario, tiene en su seno, nos parece a nosotros, un mensaje, todo lo subliminal que se quiera, de poder convertirse, en su caso, en una querella por presunta conducta prevaricadora, pues claramente se afirma en ella que esta inacción está beneficiando a los presuntos culpables de comisión de delitos, desatendiendo y retrasando injustificadamente las actuaciones judiciales.

Valentín Cortés

Miércoles 3 de Julio de 2019

La cuestión prejudicial

Ayer (vid. por todos el resumen de la noticia en www.elindependiente.com) el Tribunal Supremo dictó un amplio auto planteando la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el alcance temporal, subjetivo y objetivo del Protocolo 7º ( art. 9) sobre privilegios e inmunidad de los miembros del Parlamento Europeo para concretar la posibilidad-exigibilidad de un permiso extraordinario penitenciario a fin de que el sr. Junqueras pueda tomar posesión de su escaño en el Parlamento, habida cuenta que esa posibilidad  persiste en el tiempo hasta tanto no se preste juramento ante la Junta Electoral Central.

Sigo manteniendo que no hay duda sobre la aplicación de la norma española en este caso, pero hay que reconocer que, planteando la cuestión de la manera que se ha hecho, se delimita extraordinariamente el campo de discusión que se somete a cuestión, pues ahora lo que se cuestiona es cómo se compatibiliza el interés de la Justicia, en este tema grave y sustanciado con anterioridad a las elecciones, con los privilegios de los electos, si es que los tienen en estos casos.

Valentín Cortes

Martes 2 de Julio de 2019

 El problema es la huida

Hasta ahora los huidos Sres. Puigdemont y Comín se mueven en sus batallas judiciales( Junta Electoral Central, Sala Tercera del Tribunal Supremo, Tribunal Europeo) es un terreno, digamos, fácil donde no se discute el verdadero problema de fondo que está latente; en efecto, normalmente se mueven en la petición de medidas cautelares o “cautelarísimas” ( la últimas, ayer ante el Tribunal Europeo que ratificó, cautelarmente , la decisión del Presidente del Parlamento Europeo de no darles posesión como eurodiputados) tendentes a conseguir ventajas políticas y procesales, pero obviando lo que siempre se silencia: venir a España.

Cuando, fuera del tema penal, quiera discutir el problema de fondo, si es que algún día se discute, el Sr. Puigdemont y compañía deberán explicar jurídicamente ( la política ya no les servirá) el por qué de no venir a España a cumplir la Ley; y, en ese momento, a cualquier Tribunal le será muy difícil amparar a un rebelde (procesalmente hablando) que esquiva y evita la acción de la Justicia mediante la huida y desobediencia a los Tribunales de un Estado democrático y miembro de la Unión Europea, conformador del Tribunal Europeo al que tantas veces ha acudido ya cautelarmente el Sr. Puigdemont

Ese es su grave problema que pretende no solucionar. ¡Difícil lo veo!

Valentín Cortés

1 de Julio de 2019

La probidad constitucional

No hay ninguna norma escrita en la Constitución que obligue a sus actores a ser probos constitucionalmente en su manejo y aplicación. Pero lo mismo que es fácil comprender que sin lealtad constitucional es difícil que el Estado pueda funcionar bien, sin esa probidad que reclamamos es igualmente difícil que la maquinaria estatal funcione tal como se la imaginaron los constituyentes.

Todo esto viene a cuento de que hace ya mas de dos meses que los españoles fuimos a las urnas para elegir Parlamento; y que hace bastantes semanas que el Rey propuso al Sr. Sánchez como candidato a la investidura de Presidente de Gobierno. La probidad se echa en falta en la Presidente de las Cortes y en el Presidente interino de Gobierno que alargan, al unísono, los plazos sólo contando con el interés del segundo que la primera secunda con fidelidad.

Por eso, de estas crisis debería salir una regeneración constitucional que, para el futuro nos diera una ley electoral, o incluso una Constitución, que nos permitiera tener presidente de Gobierno, una vez celebradas las elecciones, en el plazo menor posible, fuera en todo caso de manejos partidistas. Al menos seriamos probos, ¡aunque fuera a la fuerza!

Valentín Cortés