Viernes 25 de Febrero de 2022
La instrucción criminal de la corrupción política
En Teoría del Proceso Penal, decantarse por la instrucción
criminal, como competencia de los fiscales, choca con la falta de independencia
de la Fiscalía; no sólo porque el Fiscal General es un nombramiento político,
con todas sus consecuencias, sino también por el principio de dependencia jerárquica
que, en general, rige y existe en el funcionamiento
de ella. Existe, pues, el riesgo de politización de la Justicia. Lo digo ahora,
al hilo de lo que comentábamos el miércoles pasado, con el inicio y las
circunstancias que rodearon las investigaciones por la Fiscalía del que podríamos
llamar caso Ayuso, que yo creo que hay que investigar si realmente se acusan o
denuncian hechos con apariencia criminal.
Iniciar, tal como se iniciaron esas
investigaciones, con la declaración
paladina de la propia Fiscalía, de que no
se imputaban hechos con apariencia delictiva,
va a dar lugar ( y en la prensa de hoy se recogen distintos casos de contratos
de empresas con políticos o familiares de políticos) a una serie de denuncias
ante la Fiscalía para que se investiguen estos casos también, convirtiéndose la
institución fiscal en una especie de frontón en el que los partidos políticos
de distinta tendencia luchan y libran sus batallas, con lo que, indefectiblemente,
la Fiscalía colabora a la politización de la Justicia. Para eso, parece mejor solución
que la instrucción criminal esté siempre en manos del Juez, hasta tanto no se modifique
esencialmente la institución del Ministerio Fiscal, y en ese sentido sería muy conveniente que todas
estas investigaciones pasasen a manos del Juez tras la correspondiente querella
Valentín Cortés
