Martes 13 de Enero de 2026

El fracaso de la política en vivienda y las reformas legales

El Presidente del Gobierno ha anunciado otro RDL en materia de vivienda para, entre otras cosas, dar exención del IRPF a los arrendadores que, al renovar el contrato no suban la renta. Cabe recordar que gran parte del gravísimo problema de la vivienda (poca oferta y carestía) se debe a la inexistencia de una política activa de vivienda de promoción publica y a una serie de modificaciones legales perversas que anulan o hacen imposible el ejercicio de derechos del arrendador derivados del incumplimiento del contrato de arrendamiento por el  arrendatario, siendo el paradigmático, pero no el único, la imposibilidad de tutela judicial efectiva en casos de desahucio con violación fragrante del art. 24 de la Constitución. Mientras esta situación y otras parecidas no se reviertan, será difícil que un mercado que está en manos privadas pueda ser normal.

Ahora lo que se propone va en la misma dirección de fracaso y de empeoramiento de la situación de la vivienda, pues se une el factor del intervencionismo anticonstitucional del Estado a un problema gravísimo de inseguridad jurídica que afecta a la Constitución (art.9.3), pues  parece que se condiciona el ejercicio de derechos que se ejercen a lo largo de años (determinación de la renta contractual y su adecuación sucesiva a las circunstancias de inflación) a unos intereses fiscales del Estado que son del momento y que determinan inexorablemente modificaciones o derogaciones de la ley.

Ya que el Estado no parece sensible a intervenir como actor en el mercado de la vivienda, es necesario por salud constitucional y social que no intervenga en las relaciones jurídicas privadas de los ciudadanos, pues la realidad nos demuestra que esa intervención es la mejor manera de que aquellos se abstengan de entrar como arrendadores en unas relaciones dirigidas por el Estado que quedan a merced de la voluntad cambiante de éste o de la autoridad del momento.

Valentín Cortés