Lunes 27 de Marzo de 2023
Una dimisión colectiva que no arreglaría nada
Leo en www.elmundo.es que ”el PP se niega a
negociar en el CGPJ bajo la amenaza de una dimisión colectiva”. La noticia
parece el corolario de la que ha sido publicada, en la prensa de este fin de
semana pasado, sobre la amenaza de dimisión en bloque del llamado sector progresista
del Consejo General del Poder Judicial, para, se dice, presionar al PP a fin de
desbloquear las negociones para la renovación de consejeros.
Me parece que, como era previsible,
todo ha quedado en nada. No ya por las posibles consecuencias penales que
pudiera tener tal estrategia para los dimisionarios en bloque (que podría
tenerlas), sino porque el actual Consejo no tiene prácticamente competencias que
ejercer, tras la reforma que propició el Gobierno meses atrás, de donde se
deduce que esa dimisión en bloque no impediría legalmente que el Consejo
siguiera ejerciendo las pocas que aún le competen, por lo que no produciría efectos
perjudiciales adicionales a los que ahora se sufren.
El bloqueo de la renovación del
Consejo, en donde el Gobierno tiene una gran responsabilidad política y
jurídica, realmente es una “obra conjunta” de los dos partidos
mayoritarios; y ese bloqueo, no nos equivoquemos, no se evitará o terminará tras
las elecciones generales, porque sea cual sea el resultado de éstas el bloqueo,
que ahora se imputa al PP, persistirá y se imputará en el futuro al partido que
las pierda. De modo que no dependiendo de esas elecciones, más valía que se
procediera a una doble accion legislativa: primero, al Consejo deben devolverse
las competencias que se le negaron en
uno de los mayores ataques al Estado de Derecho que se han propiciado en la
España constitucional sin que el Tribunal Constitucional aún hoy se haya
pronunciado sobre ello ( de lo que hemos hablado en varias ocasiones en este blog);
y segundo, se debe modificar el sistema de elección de los Consejeros, haciendo
que a éstos, que ahora nombra el Parlamento,
lo sean en el futuro por los propios jueces y magistrados. Dos reformas que nos
podrían de lleno dentro de los estándares normales de los Estado de Derecho dentro
de la Unión Europea.
Valentín Cortés
