Martes 22 de Febrero de 2022

El Gobierno desconoce una vez más la Constitución

Leo en www.europapress.es que el Gobierno, por Decreto-Ley, va a prorrogar la prohibición de desahucios y la del corte de suministro eléctrico, gas y agua a las personas con la consideración de vulnerabilidad social, nada menos que hasta final de Septiembre la primera y las segundas hasta finales de junio del presente año.

Las medidas de protección social son necesarias y es obligación del Gobierno crearlas y potenciarlas; pero, añado, no de cualquier modo.

Porque, desde el punto de vista de la Constitución y del Ordenamiento Jurídico, me parece inconcebible que, -desde el inicio de la pandemia, ( en algún caso, incluso antes) que se tomaron estas medidas de llamada “protección social”( que tampoco se entiende bien que tenían que ver con el Covid) por Decreto-Ley- se hayan venido prorrogando también por Decreto-Ley ( siempre amparándose en la urgente y extraordinaria necesidad de las mismas, que es la condición impuesta por el constituyente en el art. 86 de la Constitución para que el Gobierno utilice esta excepcional vía legislativa) sin que el Gobierno, a lo que se ve, haya tenido ganas, tiempo y necesidad de enviar a las Cortes un proyecto de Ley que recoja, con respeto a la Constitución, la situación de vulnerabilidad social y sus consecuencias, estableciendo así un sistema, respetuoso con los derechos subjetivos de terceros, y cargando al Estado con el coste, funcionalidad y operatividad de tales medidas, como se impone dado e tenor de las normas constitucionales que tutelan los derechos subjetivos, que impiden su expropiación si no es por causas justas previamente establecidas y con prestación del justiprecio de los mismos.

Nada de esto se hace por el Gobierno, que dispone de la potestad legislativa, sin poder hacerlo, y de los derechos subjetivos de terceros, sin poder hacerlo.

Valentín Cortés