Miércoles 5 de Enero de 2022
Otra decisión anticonstitucional del Gobierno
catalán
Hoy recoge la prensa (ayer noche lo
pude leer en www.europapress.es) un titular de noticia que nos pone de nuevo ante lo
ya conocido:” El gobierno catalán dará protección jurídica a los docentes
que defiendan la inmersión lingüística en la escuela”. Actitud que es “coherente”
con la política defendida por el Gobierno catalán de no acatar las decisiones
de la Justicia en orden a explicar y enseñar en español en un porcentaje determinado
de materias del currículo escolar.
Está de más decir que es obligación
constitucional (art. 118 de la Constitución) del Gobierno catalán apoyar y
forzar la ejecución de las sentencias judiciales (incompatible con el apoyo jurídico,
judicial y económico a quienes no cumplan las sentencias) por lo que esta
decisión, junto con otras, muestran claramente una firme voluntad de no cumplir
las obligaciones que le impone la Constitución. Este incumplimiento impone, a
su vez, al Gobierno de la Nación el deber constitucional, bajo mi opinión, de requerir
formalmente su cumplimiento, poniendo así en marcha ad cautelam los mecanismos
del art. 155 de la Constitución en el campo educativo y de enseñanza.
Pero, además, este incumplimiento
pone a la Fiscalía ante la obligación de perseguir penalmente todos aquellos
casos en los que el Gobierno catalán proporcione la ayuda jurídica y haga frente
a los costes de la defensa de los enseñantes, funcionarios o no, que se nieguen
a acatar las sentencias judiciales, bien por posible malversación de caudales públicos
o por prevaricación.
Valentín Cortés
