Lunes 29 de Enero de 2018
El único que ha perdido, por ahora,
es el Sr. Puigdemont.
Tal como dijimos en nuestra opinión
del pasado jueves (25 de Enero) es imposible jurídicamente que el Sr.
Puigdemont pueda ser investido presidente de la Generalidad, o intervenir en
el acto de investidura, si previamente no se pone a disposición de la
Justicia, debiendo decidir, en su caso, el juez competente sobre ello siempre tras
la detención, toma de declaración y adopción de la decisión que corresponda.
Esto es lo que trataba de soslayar la añagaza procesal de pedir la personación de
los interesados en esa investidura, incluso antes de que existiera formalmente
proceso.
Lo que ha decidido el Tribunal
Constitucional este sábado pasado ha sido precisamente evitar lo antijurídico e
ilegal. Porque el Tribunal tenía que decidir si admitía a trámite el recurso para
anular la convocatoria de la sesión del Parlamento para investir en su caso
como presidente al Sr. Puigdemont. La Ley determina que, si se admite a trámite
el recurso, el acto impugnado queda suspendido cautelarmente y carece de eficacia
jurídica. De otra parte, habiendo interesados (entre ellos el Sr. Puigdemont)
que han pedido personarse en el proceso, parecería aconsejable oírlos (evitando
la invocación de una posible vulneración del derecho de defensa), lo que
requiere tiempo, y evita de hecho la toma de decisión sobre la admisión de
forma inmediata, de todo punto imprescindible dado la fecha en la que se
convoca la sesión del Parlamento.
La medida cautelar adoptada (de
menor intensidad que la permitida por la Ley) era necesaria, pues sin llegar a
la prevista en la Ley (suspensión de la eficacia del acto), evita que la estrategia
procesal de pedir la personación de interesados, impidiendo la toma de decisión
sobre la admisión, permitiera la participación del Sr. Puigdemont y su posible investidura,
y se frustrara la eficacia de la demanda del Gobierno y de la decisión del Tribunal,
pues llegaría cuando ya se hubiera
producido la sesión parlamentaria que precisamente se quería evitar y sobre la
que tenía que decidir el Tribunal.
Valentín Cortés.
