Miércoles 27 de Diciembre de 2023

La intervención del mercado del arrendamiento de viviendas es más fácil, pero no es es una medida pertinente

La prensa en general y, especialmente la económica, recoge hoy la noticia por la que sabemos que en el Decreto-Ley (otro más), que el Gobierno piensa aprobar hoy, está recogida la medida de la prórroga de la prohibición de lanzamiento por impago de la renta pactada de aquellos inquilinos vulnerables socialmente.

La medida, desde el punto de vista constitucional, supone un ataque a la economía libre de mercado que rige, según la Constitución (art. 38, en Estado Español), y al derecho de propiedad (art. 33), y también, bajo nuestro criterio, vulnera el art. 47, que establece el derecho a una vivienda digna y el deber del Estado de establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho; esa que va a tomar el Gobierno, como se ha demostrado por la práctica, lo que hace es restringir aun más el mercado del arrendamiento, lo encarece y lo dificulta hasta extremos no conocidos pero sí previsibles; por la sencilla razón de que el propietario arrendador no arrendará su propiedad a una persona que pueda dar el más mínimo signo de vulnerabilidad social.

El Estado adoptaría normas pertinentes para proteger el derecho a la vivienda de esas personas si asumiera el costo de que los vulnerables no vieran su derecho a la vivienda en peligro, lo que hoy ni se hace, ni se tiene una idea clara, entre los socios del Gobierno que se deba hacer o cómo se deba hacer. Pero, es más fácil que el costo y los riesgos económicos los asuma directamente el propietario. Sí, más fácil pero no es la medida pertinente de la que habla la Constitución.

Valentín Cortés