Martes 18 de Abril de 2017
La declaración de Rajoy como
testigo en el juicio de la Gürtel.
La prensa digital de esta mañana, después
de tan dilatadas vacaciones, no tiene otro asunto que merezca una opinión jurídica,
que la posible declaración del Presidente del Gobierno en el juicio de la
llamada trama Gürtel.
Es curioso observar cómo los medios
enfocan el problema: casi todos, exclusivamente, desde el punto de vista político,
siendo la idea básica que domina el que, con esa declaración, o su inexistencia,
se quiere exponer al Presidente, o preservarlo (según la posición que se tenga),
de lo que se podía considerar como pena (¡)
de telediario, difícil de entender cuando el que declara lo hace como
testigo y no como imputado.
Conviene decir que todas aquellas
pruebas que son inútiles o impertinentes, es decir que van
dirigidas a probar lo que ya está probado por otros medios o que no podrán probar
los hechos controvertidos, no deben ser admitidas para su práctica, por la sencilla
razón que el proceso es un medio concebido bajo el principio de la economía de
medios, lo que los juristas llamamos “economía
procesal”.
Parece, pues, que tiene razón la
fiscal, quien afirma que la prueba es inútil, pues lo que se quiere probar con
la intervención testifical de Rajoy ya está probado por documentos, estando
igualmente probado que no tuvo participación alguna en los contratos que están sometidos
a la calificación penal; siendo así su testimonio sería, además de inútil, impertinente,
amén de una perdida de tiempo y dinero.
Valentín Cortés
P.S Ya firmada esta opinión, se publica que el Tribunal, por mayoría, ha acordado el testimonio del Presidente de Gobierno. No recuerdo que, en estas cuestiones, los tribunales, en algo tan sumamente técnico, hayan acordado lo conveniente por mayoría. Parece, pues, que se ha introducido, no se en que parte del tribunal, la consideración política que yo, como jurista, había descartado
P.S Ya firmada esta opinión, se publica que el Tribunal, por mayoría, ha acordado el testimonio del Presidente de Gobierno. No recuerdo que, en estas cuestiones, los tribunales, en algo tan sumamente técnico, hayan acordado lo conveniente por mayoría. Parece, pues, que se ha introducido, no se en que parte del tribunal, la consideración política que yo, como jurista, había descartado