Miércoles 18 de Marzo de 2020

Las medidas económicas y sociales para hacer frente a la epidemia por coronavirus

 No voy a entrar en el comentario del Decreto Ley que ayer aprobó el Gobierno y que hoy se ha defendido por su Presidente  en el Congreso de los Diputados. Parto de su urgencia y necesidad, incluso de su eficacia. Pero, sí quiero salir al paso de su corrección constitucional.

En ese sentido, opino que la disposición final 2ª del RDL 8/2020, de 17 de Marzo de medidas urgentes extraordinarias, para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, muy posiblemente podría ser declarada, en su caso, inconstitucional.

 Se trata de una norma que se refiere a la composición de la Comisión del Centro Nacional de Inteligencia, regulado en la Ley 11/2002, que, ciertamente, es difícil mantener que tiene alguna relación con la crisis social y económica del coronavirus y que, además, es improbable mantener que existen las razones de urgencia en su modificación, lo único que posibilitaría al Gobierno el uso del Decreto Ley (art. 86 de la Constitución).

La urgencia y excepcionalidad deben medirse con cuidado para que el Gobierno pueda mantener el apoyo de los ciudadanos y no perder credibilidad jurídica y constitucional.

Valentín Cortés