Jueves 19 de Marzo de 2020 

La ideología comunista parece incompatible con la Constitución.

El sector comunista del Gobierno, por lo que cuenta la prensa, quiere intervenir el mercado de alquileres de vivienda en un sentido parecido, mutatis mutandi, a como se ha hecho en el mercado hipotecario de viviendas. Es decir, que, en determinadas situaciones sociales y económicas, se produzca una suspensión o supresión del derecho a cobrar el canon arrendaticio por el arrendador al arrendatario.

 Los ciudadanos que ponen en arrendamiento un piso de su propiedad no asumen la labor pública que las entidades financieras cuando otorgan prestamos o créditos hipotecarios. Por lo que, si aquello se lleva a cabo, supondría una expropiación ex lege del derecho que se deriva para el arrendador del negocio jurídico celebrado con el arrendatario. Ello no sólo iría contra lo dispuesto en el art. 38 de la Constitución, que reconoce que nuestra sociedad se rige económicamente en el marco de la economía de mercado, sino que supondría una expropiación de derechos sin indemnización alguna, cosa que nos parece que está prohibida mucho antes que entrara en vigor nuestra Constitución, pero que en ella está recogido en el art.33,3.

Ser un partido de Gobierno parece que no admite veleidades con la Constitución, pues recuerdo que todos los componentes de aquel deben jurar cumplir y hacer cumplir la Constitución.

Esos resabios económicos comunistas están, pues, fuera del juego democrático que admite la Constitución. Otra cosa sería si el Gobierno aprobara que los alquileres los pagara, en esas ocasiones, el Estado. Pero para eso hay que perder (perdónesenos la trasgresión por una vez de nuestro ideario exclusivamente jurídico) el sectarismo político.

Valentín Cortés