Viernes 20 de Junio de 2025

La imputación del Sr. Cerdán y sus consecuencias inmediatas

Termina la semana con una sensación agobiante de hundimiento y puede que la sociedad española se deje llevar por la sensación de un fracaso “multiorgánico” de nuestro sistema constitucional. Sin embargo, no es así, lo que está ocurriendo, y no es una paradoja, es un signo  de vitalidad de nuestro Estado de Derecho, porque lo que se hunde es sólo una concepción amoral (ojo, que no digo inmoral) del Poder del Estado, en la que, por lo que estamos comprobando día a día, no hay ni ha habido freno ni límites para intentar detentarlo de forma totalitaria; lo que se hunde, pues, es lo que podemos llamar la hasta ahora galopante “corrupción constitucional”.

Todo esto, lo hemos denunciado modestamente en este blog, día a día: es nuestra Lucha por el Derecho; porque los ataques  continuos al Poder Judicial que han provenido y provienen del Ejecutivo, con acciones, omisiones, acosos, insultos y calumnias, y del Legislativo, con leyes aberrantes e inconstitucionales, santificadas por el Tribunal Constitucional, esos ataques no tienen más explicación que la que viene dada por la defensa de la legalidad y del Estado de Derecho que está llevando a cabo el Poder Judicial. Por eso, ni el Estado de Derecho ni la Constitución se hunden; lo que estamos viviendo y lo que se hunde es la corrupción constitucional del Ejecutivo y del Legislativo y de aquellos que siguen apoyando la situación. El Estado de Derecho, pues, permanecerá y mantendrá vigente la Constitución acabando con esta corrupción constitucional que todo indica toca a su fin. Y como botón de muestra, toda la prensa da noticias de las diligencias de entrada y registro del Magistrado del Tribunal Supremo tras la imputación del Sr. Cerdán, en esta ocasión, por presunto delito de corrupción económica

Valentín Cortés

 

Jueves 19 de Junio de 2025

La teoría de la sentencia del Tribunal Constitucional(TC)como mero ejercicio de retórica y ciencia jurídicas

La prensa da cuenta hoy del añadido al texto de la ponencia de la sentencia del TC sobre la ley de amnistía, donde se entra en el estudio de si se debe o no plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Y el resultado negativo a la que llega la ponente pone de manifiesto los problemas que presenta hacer una correcta interpretación de la norma jurídica, sea cual sea su categoría. Si la interpretación no se acoge, al menos, al método sistemático y al teleológico, solemos encontrarnos con interpretaciones forzadas que van de lo meramente leguleyo a interpretaciones no sólo alambicadas sino vacías de contenido con un gran componente de creatividad legal, que hace de un órgano jurisdiccional uno legislativo.

El resultado a la que ha llegado la ponente nos indica que parece, según nuestro criterio, haberse olvidado del legislador y de su voluntad: en efecto, el legislador, tanto nacional como europeo, ha querido que, si un juez (el TC es un órgano jurisdiccional) tiene duda de que la aplicación de una norma puede contradecir otra de rango europeo, puede y debe plantear la cuestión prejudicial, que tiene como resultado inmediato la paralización del proceso. O tiene la duda o no la tiene, y eso hay que razonarlo en la sentencia cuando se ha planteado el problema en el seno del Tribunal. Pero, no sólo esto, pues parece haber creído erróneamente que su sentencia sobre la amnistía está fuera del sistema jurisdiccional español y del de la Unión( eso que dice que la sentencia es meramente teórica sobre la constitucionalidad de la ley), reduciéndola,  por lo que se ve, a un mero ejercicio teórico de brillantez jurídica sin trascendencia práctica alguna, olvidando que  la sentencia que declara la constitucionalidad consagra la vigencia de normas jurídicas y la contraria anula normas jurídicas y que si interpretación que para ello se hace de la Constitución choca con el Derecho de la Unión, esa interpretación lleva necesariamente o a cambiar la Constitución o a cambiar la interpretación efectuada, amén de impedir cualquier eficacia posterior a la sentencia impidiendo la aplicación de la ley de amnistía.

Por todo esto, creemos que no es el momento de interpretaciones constructivas del Ordenamiento Jurídico, sino de aplicar la Ley( en este caso de la Unión) al supuesto concreto

Valentín Cortés

 

 

 

 

Miércoles 18 de Junio de 2025

La crisis constitucional del momento y el Tribunal Constitucional

La grave crisis que sufre la nación española nos pone ante una situación realmente nueva, pues, todo parece indicar que no hay una solución prevista en la Constitución que sea eficaz para resolver esta crisis.

Ocurre que el Gobierno se mantiene gracias al apoyo de unos partidos muy minoritarios que, según la opinión pública y generalizada, lo extorsionan y chantajean políticamente con peticiones y cesiones (a menudo anticonstitucionales) de todo tipo, que van en aumento según el Gobierno se debilita por los escándalos que lo acompañan. Ocurre que el Gobierno no presenta proyectos de ley, ni siquiera el proyecto de Ley de Presupuestos (que hasta ahora creíamos inocentemente que era un deber fundamental e inexorable del Gobierno); sólo presenta proposiciones de ley que burlan el espíritu del parlamentarismo y que dejan a las Cortes como un mero repetidor de los deseos, muchas veces anticonstitucionales, de todos esos partidos políticos que lo apoyan (modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del Código Penal, indultos, amnistía y un largo etc). Para no hacer la lista interminable, diremos, como colofón, que ocurre que el Poder Judicial se ve atacado de forma descarada y directa por el Poder Ejecutivo. Y no parece que haya remedio en la Constitución que pueda poner fin a esa situación que depende, pues, exclusivamente de la voluntad de los que se han coaligado tan espuriamente.

Pero, sí hay solución: que la Constitución se cumpla en su letra y en su espíritu y que el Tribunal Constitucional ( como garante de ella) ponga fin a tanto desvarío con decisiones que no avalen las leyes y actos surgidos de esos pactos espurios, y que, en su mayoría, son anticonstitucionales; y que lo haga de forma rápida. Tan simple como eso.

Valentín Cortés

 

 

Martes 17 de Junio de 2025

La de jueces, una huelga, por ahora, inevitable

La prensa de hoy publica la noticia de la convocatoria de la mayoría de las asociaciones de Jueces y Fiscales a una huelga a primeros de julio, de tres días de duración, para exigir que se retiren de tramitación las proposiciones de ley ideadas por el Sr. Bolaños, y que afectan, según criterio de esta mayoría de jueces y fiscales, a la independencia judicial (Ministerio Fiscal, instrucción penal en manos de los fiscales, organización judicial, etc.).

La convocatoria demuestra dos cosas importantes:

- la primera, que esta mayoría de jueces no se siente representada, podemos deducir, por el Consejo General del Poder Judicial; y que están pidiendo una composición nueva de éste adaptada a las exigencias de la Unión Europea, en la que la elección de los miembros del Consejo se deje en manos de los propios jueces y magistrados, sin que intervengan los partidos políticos. Si no fuera como decimos, los jueces acudirían al Consejo y no convocarían esta huelga, que se nos muestra como la única posibilidad de acabar con el estado de cosas provocado por el Gobierno.

- la segunda, que lo anterior viene agravado, si cabe, por el hecho de que no se discuten en el Congreso proyectos de ley, para cuya presentación hay que acompañarlos de los preceptivos informes de los órganos estatales concernidos por las reformas, sino de, desde el punto de vista parlamentario, proposiciones de ley, en claro fraude legal, que se ve agravado, además, por la impuesta tramitación de urgencia de tales proposiciones.

Todo esto quita mesura, estudio, reflexión, contraste de posiciones en un tema tan crucial como la redefinición global de la justicia penal en este país. Estamos, pues, abocados a una legislación sectaria, técnicamente muy deficiente y, casi con toda probabilidad, inservible y de resultados desastrosos desde el punto de vista de la división de Poderes. Así, pues, los jueces están abocados a la huelga a la que, si yo fuera juez, como ya dije, seguiría gustoso.

Valentín Cortés

 

Lunes 16 de Junio de 2025

La importancia jurídico-constitucional del informe de la UCO en el caso Cerdán

Después de las revelaciones que hemos conocido en el llamado caso Cerdán, pienso en la única cosa positiva que, se me ocurre, nos deja el tema, siempre desde nuestro ángulo visual: nadie, ni siquiera los directamente implicados, ha puesto en duda la verdad de los hechos que se relatan en el informe de la UCO.

Lo anterior tiene una trascendencia jurídica-constitucional enorme ( bajo mi criterio, mucho más que la trascendencia política) porque, bajo nuestro criterio, la campaña feroz contra la Policía Judicial y, por consiguiente, contra la Administración de Justicia, en la que han participado con ahínco y entusiasmo el propio Gobierno y partidos que lo acompañan, será muy difícil que se reproduzca y que, por consiguiente, siga, al menos, este ataque al Estado de Derecho pues se perseguía ni más ni menos que el desprestigio de la Administración de Justicia; además, entre otras cosas, dado las reacciones que se han sucedido en los medios de comunicación en este fin de semana pasado, todo indica  que en la sociedad se ha perdido cualquier sospecha de venalidad política en la Justicia y su Policía Judicial que pudiera haber florecido tras aquella campaña que, además, ha quedado claro que era  el medio escogido para acabar con los procedimiento penales que están en marcha y que afectan a las personas próximas al Gobierno. Si esto es así, habremos dado un paso muy importante, y quizá irreversible, en eso que llamamos la “lucha por el Derecho”, que pasa por la independencia total, radical y absoluta del Poder Judicial del resto de los Poderes del Estado.

Valentín Cortés

 

 

 

Viernes 13 de Junio de 2025

Las reformas legales del Ministro de Justicia y su nula credibilidad constitucional

Entre tanta corrupción, mafias y trampas electorales de las que somos ahora sabedores a ciencia cierta, gracias en muchas ocasiones a la acción popular, a la UCO y a los jueces de instrucción, y que afectan de lleno al Gobierno y al PSOE, no podemos olvidar que, en el Congreso, y de forma precipitada, se está “debatiendo” una reforma de la Justicia en la que el Ministro Sr. Bolaños se empeña en tener credibilidad afirmando su sintonía con la Constitución; reforma que pasa por una transformación que afectará al sistema de acceso a la Judicatura, a la organización judicial, al proceso penal y a su instrucción, con la dependencia  de la Policía Judicial del Fiscal, y a la acción popular, por quedarnos, tan sólo, en los puntos más sobresalientes de la reforma pretendida.

Pues bien, ni de la letra de la reforma ni del espíritu de esta, ni siquiera de la catadura jurídico-constitucional del Gobierno (nada digamos la de los partidos que lo apoyan) cabe deducir que se trata de fortalecer al Poder Judicial en el Estado de Derecho, como viene a decirnos el Ministro. Porque, simple y llanamente, por el contrario, se trata de domeñarlo y someterlo por vías, ni siquiera indirectas y disimuladas, al Poder Ejecutivo, máxime cuando estamos en un momento en el que van teniendo “explicación” las campañas, los bulos, los acosos, los nombramientos y demás guerras sucias, precisamente, dirigidas contra lo que y los que han permitido descubrirnos esta podredumbre. La credibilidad del Gobierno en la reforma legal emprendida   y su sintonía con la Constitución es, pues, nula.

Valentín Cortés

 

Jueves 12 de Junio de 2025

La crisis, también, en el Tribunal Constitucional(TC)

El lunes pasado cuando opinábamos sobre la posible negativa del TC a plantearse siquiera el problema de la presentación de la cuestión prejudicial sobre la Ley de Amnistía ante el TJUE, ya decíamos que esa decisión sería, caso de producirse, muestra de una especie de desbarre formulístico-procedimentalista (me permito las palabrejas) del Tribunal, que olvidaría, según mi opinión, que su deber constitucional es aplicar también en el procedimiento constitucional el Derecho Procesal y el Derecho de la Unión. En aplicación de esos dos derechos, si tres magistrados, como es el caso, piden que se suspenda el procedimiento y el planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, siguiendo la petición de la parte recurrente, no cabe aplicar, tal como ha hecho y hemos conocido hoy, soluciones de mero formulismo que tratan de esquivar la aplicación de las normas antedichas, sino estudiar el tema y resolverlo, afirmativa o negativamente, de forma razonada y razonable, para evitar decisiones arbitrarias.

El voto particular, ahora, de esos tres Magistrados a la decisión adoptada por el Tribunal es de una gravedad inusitada, por su contenido y acusaciones que en él se vierten, y demuestra la enorme crisis que vive el TC que, desgraciadamente, parece haber dejado de ser el referente constitucional en nuestro Estado de Derecho, para ser un órgano del que sólo, parece, cabe esperar adaptaciones creativas de nuestra Constitución al capricho, cada vez,  más inconstitucional de nuestro legislador.

Valentín Cortés