Lunes 9 de Mayo de 2022

La política como enturbiadora de la acción jurídica

Las noticias referentes a Pegasus están tan cargadas de tintes políticos, que limitarnos, como hacemos nosotros en nuestro blog, a hacer exclusivamente comentarios jurídicos, que es nuestra misión asumida desde el principio, puede dar la sensación de banalidad en nuestras opiniones.

 Pero, a pesar de ello, debemos insistir en el aspecto jurídico del tema, que es precisamente el que no entusiasma a los espiados o, en su caso, intervenidos. Todo parece indicar que los independentistas han sido intervenidos con autorización judicial en sus comunicaciones y ello no es sino consecuencia de la existencia de actividades ilegales o sediciosas. De modo que la responsabilidad del Gobierno no existiría, por mucho que se empeñen los independentistas, por haberse investigado e intervenido la comunicaciones, sino que habría responsabilidad si el Gobierno no hubiera, a través del CNI, investigado esas conductas.

Valentín Cortés

 Viernes 6 de Mayo de 2022

Intervención judicial de comunicaciones

Parece haber quedado claro que el llamado espionaje a los independentitas se ha quedado en intervencion de las comunicaciones con autorización judicial, lo que no sólo indica su legalidad, sino que añade un plus jurídico trascendente, porque nos pone ante actividades de las personas  intervenidas que,bajo el prisma judicial,presentan visos de criminalidad.

Otra cosa debe ser  lo de la interceptación del contenido de los telefonos moviles del presidente de Gobierno y Ministra de Defensa, que tiene toda la apariencia de espionaje delictivo.

Ahora, lo importante es que se sepa qué actos llevaron a cabo los independentistas para justificar la intervención, a fin de que la sociedad en su conjunto saque las consecuencias oportunas y para conocer, en su caso, si los legitimados a ejercitar la accion penal popular pueden y quieren ejercitarla

VALENTÍN CORTÉS

 

Jueves 5 de Junio de 2022

¿El Sr. Puigdemont voluntariamente en España?

Desconozco las posibilidades reales de que el Sr. Puigdemont pueda ser nombrado integrante de una comisión de eurodiputados que pueda visitar a España con motivo de la investigación del presunto espionaje del Estado Español a los independentistas catalanes. Como también desconozco si esa comisión visitaría al final España.Pero todo indica que los independentistas catalanes(vid www.elespanol.com) están calentando el ambiente en la Eurocámara para conseguirlo.

Pero, sí sé que el procesamiento del Sr. Puigdemont es anterior a su condición de eurodiputado y por hechos presuntamente criminales que fueron cometidos con anterioridad a ser eurodiputado. También sé que su inviolabilidad está suspendida por la Justicia europea y que solamente está suspendida la eficacia de la euroorden de detención europea dictada por el Tribunal Supremo contra el Sr. Puigdemont. También sé que la Justicia europea, todo lo indica hasta ahora, va a dictar en las próximas semanas sentencia por la que se dará plena validez a la euroorden de detención.

En estas condiciones no veo probable que el Sr. Puigdemont venga a España formando parte de esa posible e hipotética comisión del Parlamento Europeo, como, de contrario, la prensa se encarga, como serpiente de primavera, de comentar en los últimos días.

Valentín Cortés

 

Miércoles 4 de Mayo de 2022

 

Las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial

 

Fuera de los espionajes, pero muy importante,hemos conocido en este pasado puente, y parece haber confirmación de ello, que el Partido Popular se dispone a empezar de nuevo las negociaciones con el Partido Socialista para la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y también hemos sabido que el Partido Popular piensa, previamente, oír (¡o quizá negociar ¡) el asunto con las asociaciones judiciales.

En este asunto, dado la situación actual de bloqueo mutuo y, sobre todo, dada la posición de la Unión Europea en relación con la elección de los miembros del Consejo, parecería inútil empezar unas negociaciones para renovar al Consejo que no tuvieran, por así decirlo, el visto bueno de los jueces y magistrados. El bloqueo no es baladí, sino que responde a una situación donde los partidos en el Gobierno han querido de forma directa o indirecta controlar el aparato judicial y en la que el déficit democrático y de respeto a la Constitución ha brillado con esplendor. Tampoco son baladíes las advertencias reiteradas de la Unión Europea en el asunto. De modo que no cabe mas posibilidad de o bien reformar la ley previo a la renovación, o hacer la renovación con el aval de las asociaciones de jueces y magistrados para después cambiar la Ley. Todo lo demás no parece tener mucho recorrido.

Valentín Cortés

 

Martes 3 de Mayo de 2022

 

Las querellas de los independentistas señalan la via política

La noticia de este fin de semana pasado por la que hemos conocido que los independentistas, que se pretenden espiados por el Estado Español -(¿ también el Estado ha espiado al Presidente de Gobierno y a la Ministra de Defensa?)- van a interponer querellas criminales en  España, y fuera de España, no contra el Estado Español, o contra alguno de sus organismos, a los que acusan de espionaje, sino contra la empresa israelí propietaria del programa Pegasus que, según ellos, ha sido utilizado para espiarlos, nos confirma un poco más en lo que dijimos cuando saltó a la prensa este caso. Pensamos que no debe haber espionaje del Estado, pero, como dijo Junqueras, a ellos les da lo mismo que existiese espionaje o intervención  judicial, porque ellos están en la lucha política y para ello intentan utilizar a la Justicia.

Bajo mi opinión querellarse contra la empresa creadora del programa Pegasus es pretender utilizar la investigación criminal como una suerte de mecanismo de investigación universal, en donde el Juez es un comodín que se pretende mover al gusto de los querellantes para ver si al final sale en la investigación algo que se pueda aprovechar políticamente o, da igual, jurídicamente. Si se nos permite la comparación chusca es como querellarse contra la fábrica de embutidos de Jabugo porque el asesino utilizó el jamón para golpear y matar a la víctima, para de esa manera obtener información del jamonero.

En circunstancias normales, tal querella debería ser rechazada de plano nada más interponerse. Pero….

Valentín Cortés

 

 

 

Viernes 29 de Abril de 2022

 

Mascarillas y el perjuicio del Ayuntamiento de Madrid

La pretensión del Sr. Medina (que está siendo investigado en un Juzgado de Instrucción por la venta de mascarillas y guantes sanitarios al Ayuntamiento de Madrid) de que no se conceda al Ayuntamiento la cualidad de perjudicado en la instrucción penal (véase hoy www.europapress.es) chocaba con la lógica y los hechos que parecen cada vez más claros.

Los hechos parecen ser, según la prensa que ha accedido al sumario, que el Sr. Medina y su socio cobraron unas comisiones desmesuradas, sin que el Ayuntamiento supiese que en el coste de las mascarillas y guantes que compraba había un porcentaje importante de la suma total que había que atribuir a las comisiones ocultas. Si es así, es evidente que se vendió con engaño y alteración del precio de la mercancía.

En estas circunstancias la petición de los encausados de apartar al Ayuntamiento de su condición de perjudicados suponía ponerlo en la situación de investigado precisamente por connivencia en el pago de comisiones desmesuradas e ilegales, lo que  no parece ser el caso.

Todo indica que la campaña política contra el Ayuntamiento, con utilización de la via procesal, politizando la Justicia, tiene en este asunto los días contados. Lo que se debería extender a todas y cada una de las investigaciones que se están llevando a cabo, a instancia de partidos políticos y afines, de los contratos de las administraciones para suministro de materiales sanitarios en la pandemia, siendo deseable que se queden en el ámbito puramente judicial.

Valentín Cortés

 

Jueves 28 de Abril de 2022

Bildu y partidos secesionistas en la llamada Comisión de Secretos Oficiales

Si nos quedamos en la letra de la Ley es evidente que tanto Derecho tienen los diputados de Bildu o los independentistas catalanes a estar en la llamada Comisión de Secretos oficiales como cualquier otro diputado (puede serlo cualquier diputado que sea elegido, hoy ya por mayoría absoluta).  Pero el Derecho no es sólo la letra de una ley, o de un artículo de una ley, que se lee aisladamente del resto de esa Ley o del Ordenamiento, o, si queremos, de la Constitución. Los interpretes que se quedan en la letra de la Ley normalmente son, lo que se ha venido en llamar, leguleyos, es decir personas que manejan el Derecho con una falta absoluta de conocimiento jurídico o aquellas otras que tienen intención clara de defraudar a la Ley; precisamente por eso, porque lo que aplican, aunque responde a la letra de la Ley, no es el Derecho que emana de la Ley.

Hoy hemos presenciado del mismo Gobierno y sus sostenedores en el Congreso una aplicación meramente literal de la Ley, es decir leguleya y fraudulenta, porque el Derecho( que tiene su fuente en la Constitución y que debe aplicarse de acuerdo con ella) no ampara ni puede amparar que parlamentarios, que pretenden subvertir (lo que ya lo han hecho y que tienen declarado que lo volverán a hacer)  la Constitución( véase la prensa digital de hoy),formen parte de una Comisión parlamentaria que por ley controla parlamentariamente la actividad del Centro Nacional de Inteligencia, una de cuyas misiones es defender con su actividad precisamente la Constitución( Ley 11/2002 y LO2/2002, ambas de 6 de Mayo). Esto, no es, pues, sólo (que también) un error político, es claramente un fraude patente a la Constitución, basado en una medida de la Presidenta del Congreso que ayer calificábamos en este blog como jurídicamente arbitraria y, por consiguiente, contraria así mismo a la Constitución (art. 9.3).

Valentín Cortés