Valentín Cortés Domínguez

Valentín Cortés Dominguez es Catedrático de Derecho Procesal. Ha sido abogado con 47 años de experiencia, conferenciante y autor de múltiples publicaciones jurídicas y de manuales de derecho procesal que son libros de texto en distintas universidades españolas y de América latina.

jueves, 28 de abril de 2022

 

Jueves 28 de Abril de 2022

Bildu y partidos secesionistas en la llamada Comisión de Secretos Oficiales

Si nos quedamos en la letra de la Ley es evidente que tanto Derecho tienen los diputados de Bildu o los independentistas catalanes a estar en la llamada Comisión de Secretos oficiales como cualquier otro diputado (puede serlo cualquier diputado que sea elegido, hoy ya por mayoría absoluta).  Pero el Derecho no es sólo la letra de una ley, o de un artículo de una ley, que se lee aisladamente del resto de esa Ley o del Ordenamiento, o, si queremos, de la Constitución. Los interpretes que se quedan en la letra de la Ley normalmente son, lo que se ha venido en llamar, leguleyos, es decir personas que manejan el Derecho con una falta absoluta de conocimiento jurídico o aquellas otras que tienen intención clara de defraudar a la Ley; precisamente por eso, porque lo que aplican, aunque responde a la letra de la Ley, no es el Derecho que emana de la Ley.

Hoy hemos presenciado del mismo Gobierno y sus sostenedores en el Congreso una aplicación meramente literal de la Ley, es decir leguleya y fraudulenta, porque el Derecho( que tiene su fuente en la Constitución y que debe aplicarse de acuerdo con ella) no ampara ni puede amparar que parlamentarios, que pretenden subvertir (lo que ya lo han hecho y que tienen declarado que lo volverán a hacer)  la Constitución( véase la prensa digital de hoy),formen parte de una Comisión parlamentaria que por ley controla parlamentariamente la actividad del Centro Nacional de Inteligencia, una de cuyas misiones es defender con su actividad precisamente la Constitución( Ley 11/2002 y LO2/2002, ambas de 6 de Mayo). Esto, no es, pues, sólo (que también) un error político, es claramente un fraude patente a la Constitución, basado en una medida de la Presidenta del Congreso que ayer calificábamos en este blog como jurídicamente arbitraria y, por consiguiente, contraria así mismo a la Constitución (art. 9.3).

Valentín Cortés

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