Valentín Cortés Domínguez

Valentín Cortés Dominguez es Catedrático de Derecho Procesal. Ha sido abogado con 47 años de experiencia, conferenciante y autor de múltiples publicaciones jurídicas y de manuales de derecho procesal que son libros de texto en distintas universidades españolas y de América latina.

jueves, 12 de noviembre de 2026

 

Jueves 12 de Noviembre de 2026

La evidencia perversa de la falta de Presupuestos Generales del Estado

No hay día en el que la prensa no  recoja noticias del abandono que han sufrido las inversiones del Estado en el mantenimiento y desarrollo de los servicios y estructuras físicas que conforman y vertebran a este país. Y cunde una especie de gran desánimo social y una preocupación importantísima por el futuro inmediato, lo que se manifiesta en las propuestas electorales que se presentan a los ciudadanos. Y no hay día que no nos anuncien la disposición de partidas de miles de millones de € que el Gobierno destina a lo que estima pertinente sin el menor control parlamentario( vid. por ejemplo hoy en www.abc.es)  Sabemos que todo ello comportará en el futuro inmediato un reajuste de nuestra economía y, muy posiblemente, un aumento de la fiscalidad.

En este contexto, y para dar ideas de posibles nuevas propuestas electorales, hay que decir que este estado de cosas viene propiciado fundamentalmente por el incumplimiento del Gobierno en los últimos años de su obligación de actuar con presupuestos discutidos y aprobados, lo que obviamente comporta, con anterioridad, la obligación de presentar un proyecto de los mismos a las Cortes Generales (art. 134 CE). Debemos ser conscientes que no presentar esos presupuestos ha permitido que dejen de desarrollarse políticas que, si se hubieran presentando a debate los mismos, hubiera sido muy difícil, por no decir imposible, eludir (piénsese por ejemplo en el mantenimiento de las infraestructuras de ferrocarril o de las carreteras, o de las líneas eléctricas) y quizá evitado gasto y uso del dinero público para fines que no eran prioritarios para la nación y sí para los intereses exclusivos del Gobierno de turno; en definitiva, se hubiera podido controlar y procurar el cumplimiento del art. 31.2 CE que establece que el gasto público realizará una asignación  equitativa de los recursos públicos adecuando su programación y ejecución a los criterios básicos de eficiencia y economía.

Nada de esto se ha hecho, y quizá convenga no confiar en el talante democrático de nuestros dirigentes y penalizar de alguna manera esas conductas anticonstitucionales.

Valentín Cortés