Miércoles 28 de Febrero de 2024

Índice de referencia de precios para el alquiler de viviendas

El Gobierno ( Ministerio de la Vivienda) aprobó ayer el llamado Índice de referencia de precios para el alquiler de la vivienda, que, como sabemos, es el medio a través del cual, de acuerdo con los términos de  la Ley del derecho a la vivienda, el Gobierno pretende intervenir el mercado de alquiler, forzando a la baja los precios. Los periódicos de hoy dan cuentan de los problemas económicos que se crean y que favorecerán, aún más, la carencia de viviendas de alquiler, mostrándose esta medida especialmente inoperativa desde el punto de vista económico, no siendo un cauce de solución del problema contemplado, sino, más bien, un agravamiento de este. Pero, evidentemente no voy a entrar en esta faceta económica del tema.  Me interesa el enfoque constitucional.

A principios de semana supimos que el Gobierno Vasco ha recurrido esta ley ante el Tribunal Constitucional, con lo que este tribunal estará en condiciones de conocer y decidir sobre la constitucionalidad de una Ley que no sólo es intervencionista (con violación del art. 38 de la Constitución), sino que entra de lleno en las competencias que son fundamentalmente de las comunidades autónomas, y que trasgrede el art. 47 de la Constitución en cuanto que las facultades constitucionales de los poderes públicos para favorecer las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho de todos a tener una vivienda no pueden ir en detrimento y a cargo de otros ciudadanos, sino a cargo del Estado.

A la inutilidad ya pregonada desde el punto de vista económico se añade la trasgresión de nuestra Constitución. Se trata, pues, de lanzar un modelo de intervención de los precios que, auguramos, poco recorrido efectivo.

Valentín Cortés