Lunes 17 de Enero de 2022

Los problemas constitucionales del proyecto de Ley de la Vivienda

La decisión de finales de la semana pasada del Consejo General del Poder Judicial, de no aceptar una ponencia favorable al proyecto del Gobierno, ha creado un revuelo político, y ataques varios al órgano de Gobierno Judicial por parte de los sectores próximos al Gobierno, que siendo de importancia, no son de nuestra incumbencia.

Sí lo es poner de manifiesto que la posible inconstitucionalidad del anteproyecto legal no sólo viene dada porque se invadan competencias de las Comunidades autónomas, sino también( y sería realmente lo relevante) porque se introduciría  una política de vivienda alejada o contraria, en determinados aspectos, a la economía de mercado y a la libertad de empresa,  consagradas en el art. 38 de la Constitución, que, bajo mi punto de vista, tienen, en  materia de vivienda, sus limites prefijados en el art. 47 de la Constitución, que establece el derecho que tenemos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y que, si bien  permite, para propiciar tal derecho, la intervención de los poderes públicos regulando la utilización del suelo y su participación en las plusvalías que se generen por la acción urbanística, no permite que los poderes públicos afecten el derecho subjetivo de la propiedad limitando los frutos o rentas que se pueda obtener de la  misma mediante el arrendamiento. No se trata, como se afirma por los sectores próximos al Gobierno, de que el Consejo General del Poder Judicial está impidiendo la política del aquel en materia de vivienda; sólo se va a informar que el proyecto de ley es inconstitucional, lo que es función de dicho órgano estatal.

Valentín Cortés