Lunes 10 de Mayo de 2021

Caos social y arbitrariedad e inseguridad jurídicas

Cuando el art. 9.3 de la Constitución afirma solemnemente que ella “garantiza”, entre otras cosas, la seguridad jurídica lo que manifiesta es que el Estado (es decir sus Poderes) tiene el deber constitucional de garantizar la seguridad jurídica. Ese es un deber del Ejecutivo, pero también del Legislativo y del Judicial.

La terminación del estado de alarma, con la pandemia campando sin freno, cuestiona, cuando menos, y produciendo inseguridad jurídica, que el estado de alarma fuera necesario, porque de ser lo continuaría siendo dado la continuidad de la pandemia.

La terminación del estado de alarma dejando la decisión de las medidas jurídicas a tomar, para luchar contra la enfermedad, a los jueces es en sí mismo una barbaridad jurídica que incrementa la inseguridad jurídica, pues los jueces están para aplicar la norma al caso concreto, no para crearla.

La terminación del estado de alarma, en fin, sin normativa jurídica global que aplicar en todo el territorio nacional impone la inseguridad jurídica en un país que es único, no múltiple.

Lo que se ha vivido ayer no es sólo un caos social, como dice la prensa de esta mañana; es la plasmación y reflejo social de lo que está prohibido por Constitución (la arbitrariedad) y de que se incumple la solemne obligación de garantizar la seguridad jurídica: art. 9 citado.

Valentín Cortés