Martes 6 de Abril de 2021

Político versus jurídico

Hoy recogen todos los periódicos digitales las manifestaciones del Ministro del Interior relativas a que no tiene voluntad alguna de dimitir de su puesto, tras la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló por arbitrario e ilegal el cese del Coronel Pérez de los Cobos, quien no quiso cumplir una orden que evidentemente conducía a la comisión de un delito por parte del Coronel. El tema es suficientemente conocido para que no entremos en más detalles

Desde el punto de vista jurídico es irrelevante que el Ministro tenga voluntad o no de dimitir; lo trascendente, desde nuestro punto de vista, es que se utiliza un mecanismo absolutamente legal, como es el recurso contra una sentencia desfavorable, aunque, al socaire de la dilación en el tiempo que necesariamente se producirá por su tramitación procesal, se atrasará en el tiempo lo que previsiblemente ocurrirá: que la nulidad del cese devendrá firme.

Se podrá reprochar esta actuación desde el punto de vista moral, político, social, pero no desde el punto de vista jurídico. Sólo si, posteriormente, el tribunal de apelación entiende que el Ministerio, al recurrir, lo ha hecho de mala fe o con temeridad, deberá declararlo así y sancionar al Ministerio con el pago de las costas, al letrado del Ministerio con la sanción correspondiente y el Sr. Perez de los Cobos podrá exigir al Estado la indemnización correspondiente de los perjuicios que se le hayan ocasionado, amén de las consecuencias penales que todo ello pueda tener.

El Ministro parece ser que ha meditado el coste de oportunidad político de su decisión de recurrir, pero lo que ha olvidado es que el coste de oportunidad jurídico de una acción procesal hay veces que no se debe ni se puede hacer.

Valentín Cortés