Jueves 12 de Diciembre de 2013

 

Una acertada respuesta jurídica.

 

Produce satisfacción que la reacción del Gobierno, del Partido Popular, del Partido Socialista y del Presidente del Congreso (lo leo en www.elmundo.es), ante el anuncio de la fecha y de la pregunta que se hará (eso se dice) en el referéndum que se convocará (eso se dice) por la Generalidad de Cataluña, haya tenido contenido jurídico y no haya merecido explicaciones políticas de consideración.

En definitiva, oír como nuestros principales políticos se apoyan en el hecho de que la soberanía reside en el pueblo español, “del que emanan los poderes del estado” (art. 1.2 de la Constitución) y en que “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española” (art. 2 de la Constitución) nos ofrece, yo diría, la seguridad de que, en el supuesto de que se convoque formalmente ese referéndum, se pondrá en marcha por el Gobierno de la Nación el mecanismo del art. 155 de la Constitución, del que hablamos hace pocos días, porque ese referéndum significaría un “incumplimiento grave de las obligaciones que la Constitución impone” a las autoridades de esa Comunidad Autónoma y “atenta gravemente contra el interés general de España” (art. 155.1).

Valentín Cortés