Jueves 25 de Junio de 2020 

El rebrote

Ante el riesgo de un rebrote de contagios por el coronavirus y el fin del estado de alarma, que ha permitido un internamiento masivo, con perdida de movilidad, de los ciudadanos, la prensa se plantea las posibilidades legales de llevar a cabo por las Comunidades Autónomas internamientos o aislamientos de aquellos focos que se vayan produciendo para evitar el descontrol que ha caracterizado las primeras semanas de la pandemia en nuestro país.

 www.elesapnol.com, con mucha razón, saca a relucir la LO 3/1986 de medidas especiales en materia de salud pública, que, rectamente interpretada, en tres de los cuatro artículos que tiene, permitiría a las Comunidades Autónomas tomar este tipo de medidas. En definitiva, la propuesta del Partido Popular, como alternativa a las ultimas prorrogas del estado d alarma era precisamente esa: acudir a las leyes de prevención sanitaria y, en su caso, modificarlas y ampliarlas para que sirvieran para enfrentarse a la pandemia sin que el ciudadano tenga que sufrir una merma tan importante y generalizada de sus derechos constitucionales y la sociedad se empobrezca más de lo que está en este momento.

Valentín Cortés

Miércoles 24 de Junio de 2020 

El Sr. Iglesias y la Fiscalía

Dice www.elconfidencial.com, a toda página, que “un chat interno de Podemos revela que la Fiscalía filtró datos a Iglesias en el caso Dina”, que es la exasesora del Sr. Iglesias. Añadiendo en la entrada de la noticia que la Fiscalía dio a la abogada del Sr. Iglesias información de la pieza secreta de investigación sumarial que se lleva en la Audiencia Nacional sobre la tarjeta destruida y sustraída del móvil de esa señora.

Por otra parte, y ante una pregunta del PP en el Congreso sobre la cuestión, el Sr. Iglesias ha respondido que si el PP cree que ha cometido un delito que acuda al Juez (vid. en toda la prensa de hoy).

Pero, pienso yo que quien tiene que acudir al Juez es la Fiscalía porque, una de dos, o el periódico miente, con lo que está calumniando a una institución del Estado y a unos Fiscales concretos; o es cierto, en cuyo caso tendrá que acudir igualmente al Juez para querellarse contra los miembros de la Fiscalía que hayan dado esa información a la abogada del Sr. Iglesias. Y en esta última derivada, me supongo que el Sr. Iglesias deberá explicar en qué medida ha participado de la información.

Valentín Cortés

Martes 23 de Junio de 2020

Modificación de la Ley Concursal

Una de las propuestas que ha hecho el Gobernador del Banco de España (vid. www.elconfidencial.com), para poder salir de la fuerte crisis económica que se ha producido con ocasión de la llamada “hibernación” de la economía española, impuesta por el Gobierno con ocasión del estado de alarma, es sin duda muy de tener en cuenta: se trataría de hacer modificaciones en la Ley Concursal para que la “insolvencia coyuntural” que se está produciendo en muchas empresas, como resultado trágico de esta hibernación, no acabe en declaración de concurso con  una probabilidad muy grande de terminar en liquidación de la empresa.

Las modificaciones que se puedan estructurar de la citada Ley no pueden olvidar que esa insolvencia coyuntural puede arrastrar (y de hecho arrastra) a otras insolvencias posibles de acreedores que ven como no cobran sus créditos. Lo que nos está diciendo el Gobernador, pues, es que hay que evitar la caída en cadena del sistema empresarial y que, para eso, uno de los elementos que hay que contemplar es la modificación de la Ley que, en definitiva, debería inventar o regular un nuevo concepto, el de la insolvencia coyuntural, de frente a la insolvencia provisional y al de la insolvencia definitiva, que son los que ahora se manejan. Pues, sin ese cambio legal es imposible que las necesarias ayudas financieras, que se deben articular, directas o indirectas ( con especial atención a las deudas a la Hacienda y Seguridad Social) puedan ser eficaces.

Valentín Cortés

Lunes 22 de Junio de 2020

 

El reto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ante la sociedad española

www.europapress.es da la noticia de que, en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, entre querellas y denuncias, están pendientes de tramitar 48 expedientes contra el Gobierno, o contra miembros de éste, u otros aforados, por hechos presuntamente delictivos relacionados con el estado de alarma y la pandemia.

Ni que decir tiene que, de todas esas acusaciones, pocas serán las que realmente encierren apariencia de delito, pues, como ya hemos dicho en varias ocasiones, no toda legitima queja que se pueda dirigir contra el Gobierno con motivo de su actuación en el estado de alarma puede ser considerada criminal.

Pero es el momento de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ante la sociedad española, o parte de la ésta; pues es   licito pensar que esas quejas “criminales” son compartidas por muchas otras personas de muy distinta condición. Momento ante la sociedad española para que la Sala nos indique con claridad por qué, en unos casos, se rechaza la acusación sin más tramites, por qué en otros se abre una investigación penal, por qué en otros más, se imputa a determinadas personas. Y quizá sea el momento de que se vaya cerrando el paso de la vía penal a los partidos políticos y asociaciones sucedáneas de éstos, que buscan politizar la Justicia para judicializar la política, porque así les convenga electoralmente.

Valentín Cortés

 

 

Viernes 19 de Junio de 2020 

Tiros al blanco y detención.

Todos los medios digitales recogen la noticia de la detención de una persona por tirar “al blanco” a las figuras de los políticos miembros del Gobierno y “subir” el video a las redes sociales.

Sin duda habrá cometido varios delitos con esa estupidez que bien merecería, además, un tratamiento psicológico o psiquiátrico.

Lo que pasa es que, dados los antecedentes de las “muertes” por distintos medios( quemas de fotos, guillotina, etc.) del Rey y sus familiares, que se ha han hecho con todo tipo de publicidad y algarabía y que  no han recibido ningún  reproche penal por parte de jueces permisivos, que se han remitido a la libertad de expresión y manifestación de las ideas políticas, mucho me temo que  ahora la sociedad acogerá la detención, que se ha efectuado  del perturbado que fusila al blanco a miembros del Gobierno, como una sobre actuación de la policía y nada digamos si al final es condenado, pues entonces la Justicia será vilipendiada por desigual e injusta.

Ya es hora de que la libertad de expresión, en todos los casos, tenga los límites que debe tener en un Estado democrático y libre como el nuestro en donde pienso no es necesario manifestar lo que pensamos políticamente  “quemando”, “guillotinando” o “fusilando” a las imágenes de los políticos.

Valentín Cortés

Jueves 18 de Junio de 2020 

La tarjeta del móvil de la ex colaboradora del Sr. Iglesias

Nuestro sistema penal no está pensado, principalmente, para proteger y satisfacer los intereses y derechos privados violentados por el delito, sino, por el contrario, los intereses públicos que se dañan con la comisión del delito: esto es, fundamentalmente, la trasgresión del Orden Público. Por eso, muchas veces, la persona directamente perjudicada por el delito puede sentirse indiferente o, incluso, contraria a la persecución del delito y, sin embargo, los jueces pueden perseguir penalmente esos delitos siempre que exista acusación (en su caso, del Ministerio Fiscal o del que pueda ejercer la acción popular).

Esto explica, claro está que de forma muy sencilla, por qué, a pesar de que la ex colaboradora del Sr. Iglesias se muestra contraria a acusar a nadie( tampoco al Sr. Iglesias) de la destrucción de la tarjeta de su móvil, el Juez sigue investigando, precisamente porque la destrucción de esa tarjeta excede con mucho el ámbito de interés privado de la ex colaboradora, para adentrarse en el interés publico que se protege en el delito o delitos que se están investigando. Otra cosa es que, en determinados casos, afectando el delito igualmente a los intereses de la ex colaboradora, el perdón de esta (del ofendido, según la Ley) produzca el efecto de extinguir la responsabilidad penal existente( ar. 130 del Código Penal).

Valentín Cortés

Miércoles 17 de Junio de 2020

¿Hasta donde llega el objeto de la Jurisdicción?

Lo digo porque he leído por enésima vez en mi vida el art. 117 de la Constitución y deduzco como siempre: que un juez sólo esta sometido al imperio de la Ley; y, después, he leído el art. 24 y deduzco igualmente que la tutela judicial, que se reconoce como derecho de todos, obliga a los jueces a dictar sentencias, por supuesto no arbitrarias, pero sí  razonadas y razonables. Y he releído esas normas constitucionales porque he leído en (www.elespanol.com) que un juez de lo contencioso administrativo de Madrid ha anulado la moratoria en cobrar multas por aparcamiento o circulación prohibidos anteriormente en el llamado Madrid central. La razón que argumenta el Juez es que se trata de una decisión que va contra el principio de la protección del medio ambiente y la salud, que, en todo caso, priman sobre el derecho a circular o aparcar. Pero, claro, para eso hay que partir del principio de que la legislación paralizada protegía la salud y el medio ambiente.

No parece totalmente razonada, ni razonable, la premisa de la que ha partido el juez, dadas las posibilidades que ofrece luchar con eficacia en favor de la salud y el medio ambiente y de las consecuencias, por poner un único ejemplo, que para la salud y el medio ambiente tenía la prohibición de circular por Madrid centro para el resto de los ciudadanos de fuera de esa zona. Parece, pues, una sentencia que aplica la ley al caso concreto, pero con el sesgo ideológico que impone una concepción unilateral de la salud pública y del medio ambiente. Y si es así, se aparta de lo que opinamos que debe ser el objeto de la actividad jurisdiccional, que nunca debe ser o parecer ser “control político”.

Valentín Cortés