Valentín Cortés Domínguez

Valentín Cortés Dominguez es Catedrático de Derecho Procesal. Ha sido abogado con 47 años de experiencia, conferenciante y autor de múltiples publicaciones jurídicas y de manuales de derecho procesal que son libros de texto en distintas universidades españolas y de América latina.

lunes, 13 de junio de 2022

 

Lunes 13 de Junio de 2022

La renovación del Tribunal Constitucional y la teoría de la viabilidad frente a la de la legalidad constitucional

La Sra. Llop, que es Ministra de Justicia, ha manifestado esta mañana (vid. www.europapress.es) que es “bastante viable” que el Gobierno nombre a los dos magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo mandato ha vencido ayer, aún cuando el Consejo General del Poder Judicial no pueda legalmente renovar (al estar en funciones) a los otros dos magistrados que fueron nombrados al mismo tiempo por elección del Consejo.

 Sobre esto ya hemos opinado anteriormente y nada añadiré sobre el núcleo de mi opinión y sobre la inconstitucionalidad de tal nombramiento. Basta leer el art. 159.3 y Disposición Transitoria Novena de la Constitución, para concluir que la  voluntad del constituyente fue sin duda la renovación de los miembros del Tribunal siempre por tercios y que en el tercio de los nombrados por el Gobierno están integrados los nombrados por el Consejo General del Poder Judicial.

Me interesa ahora manifestar que una renovación por “sextas partes” es calificada por la Ministra como “bastante viable”. Pero, no se trata de que eso sea “viable”, sino de si es legal y constitucional o no, que es lo que realmente importa y debería importar a la Ministra, que lo es de Justicia.  Porque, ya sabemos que es “viable” que este Gobierno infrinja la Constitución, ya lo ha hecho a lo largo de esta legislatura en variadas ocasiones, y que acabe designando a los dos posibles magistrados, pero lo viable determina la probabilidad de que se produzca el consiguiente recurso ante el propio Tribunal Constitucional de tal designación y de la crisis constitucional en la que entraría el propio Tribunal. De modo que no es deseable que el Gobierno se fije en la viabilidad, sino en la legalidad de sus actos.

Valentín Cortés

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