Viernes 26 de Noviembre de 2021

La muerte civil de los defraudadores de la Hacienda Pública

He leído en la prensa económica de hoy distintas noticias sobre las propuestas de los Inspectores de la Hacienda del Estado, reunidos en Congreso. Entre ellas destaca la propuesta de propiciar “la muerte civil” de los grandes defraudadores de Hacienda.

Yo ya sé que es una propuesta de Congreso, pero también me imagino que responde al pensamiento generalizado de los inspectores. Y, si es así, me resulta preocupante la propuesta de esa “muerte civil” que, amén de otras contrariedades para ese defraudador, le prohibiría, por ejemplo, expedir facturas, realizar cualquier tipo de operación financiera, otorgar escrituras públicas de contenido económico o acceder a los registros públicos (excepto, se concede, el civil). Si después acudimos a lo que sería un “gran defraudador” (personas ilocalizables, testaferros, sociedades pantallas o, por ejemplo, personas que deban a Hacienda una cantidad a determinar), conceptos indeterminados, relativos y amplios, pensamos que la propuesta de los Inspectores es inviable por su clara inconstitucionalidad. En el derecho común medieval existía, incluso, la prisión por deudas, que, al menos, no se propone.

La lucha por las garantías constitucionales en el proceso de inspección tributaria es un empeño de los juristas en general y se compadece mal con estas conclusiones congresuales.

Valentín Cortés