Lunes 18 de Mayo de 2020

Una opinión muy preocupante

He leído en www.abc.es de hoy los resultados de una encuesta de GAD-3 que revela que el 50,1% de los encuestados piensan que el Gobierno ha decidido las comunidades autónomas que pasan de fase, en la llamada “desescalada” del coronavirus, con criterios políticos.

Desde el punto de vista jurídico eso significa que la mitad de los encuestados creen que el Gobierno está siendo arbitrario en cuanto no aplica los criterios adecuados, cuáles son, en este caso, los sanitarios que, se supone, deben estar previamente establecidos y aprobados como criterios de aplicación no discrecional. La Constitución (art. 9.3) garantiza no sólo la seguridad jurídica, sino la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Debemos saber que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo en numerosísimas sentencias han establecido, por ejemplo, que las sentencias de los jueces son nulas, cuando son arbitrarias (es decir, no aplican criterios legales previamente establecidos) y cuando no están ni razonadas ni son razonables. Pues bien, si aplicamos estos criterios generales a las decisiones del llamado mando único, desgraciadamente, llegamos a la conclusión de que ese amplio sector de la población no está descaminado cuando piensa que el Gobierno no aplica los criterios adecuados de valoración, o que los aplica caprichosamente, sin que sean apreciados como razonables, ni menos estén razonados, entre otras cosas porque, además, no sabemos cuáles son los criterios ni quien los ha establecido, lo que afecta cuando menos al principio de seguridad jurídica.

Esta encuesta, pues, desvela no sólo un problema político y sanitario, sino profundamente jurídico y constitucional.

Valentín Cortés.