Viernes 14 de Febrero de 2020

El Tribunal Europeo vuelve a la sensatez jurídica

Fuera de toda consideración humanitaria que me merece la inmigración, aunque sea ilegal, la sentencia del Tribunal de la Gran Sala Derechos Humanos de Estrasburgo, -que declara en apelación que España no violó la prohibición de  expulsiones colectivas recogida en la Convención Europea de Derechos Humanos, ni el derecho al recurso efectivo, cuando devolvió de forma inmediata a Marruecos a aquellas personas que asaltaron la valla de Melilla de forma masiva- merece una alta consideración jurídica, porque, en definitiva el Derecho no puede proteger a nadie cuando se pone a sí mismo voluntariamente en situación de ilegalidad. La sentencia afirma que entonces los inmigrantes se pusieron deliberadamente a sí mismos en una situación de ilegalidad.

Tal principio que se deduce del que prohíbe el fraude, el abuso del Derecho o del que vincula a la persona a sus actos propios, o el que impone ejercitar los derechos conforme a las exigencias de la buena fe, o, en fin, el que impide efecto alguno a los actos contrarios a las normas imperativas (todos ellos agrupados de forma explícita en el art. 6 de nuestro Código Civil desde hace ya muchas decenas de años) hace difícil entender cómo una demanda presentada en nombre de los expulsados alcanzó en primera instancia la admisión del Tribunal de Estrasburgo.

Valentín Cortés