Viernes 21 de Junio de 2013

 

Otra prueba más de la judicialización y criminalización de la actividad política y de la instrumentalización de la Justicia.

He leído en www.cincodias.com  la noticia de que el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Madrid ha admitido a trámite una querella criminal interpuesta por parlamentarios del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid y la llamada Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid contra ex consejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid y una serie de empresas que están gestionando distintos hospitales públicos de Madrid.

Dice el juez en su auto (se ofrece integro con la noticia), a modo de excusa formal, que, según la ley, lo que es cierto, debe admitir a trámite la querella si lo que se relata en ella tiene apariencia de delito (¡muy mal abogado hay que ser para redactar una querella que no recoja hechos con apariencia de delito!); y que los querellantes no  pueden pretender con la querella criminalizar el sistema sanitario que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid (consciente de la intencionalidad política de la querella, parece que el juez quiere investigar, y lo advierte, hechos y no opciones políticas sanitarias).

Yo creo que el juez acierta en ambas observaciones; son obvias, pero las ha tenido que hacer.

¡Obsérvese a donde hemos llegado! Por eso se impone una  norma que impida a los partidos políticos ejercer la acusación popular y que exija a los acusadores particulares que demuestren realmente un interés en la querella que han interpuesto, porque no creo que la Asociación querellante tenga como finalidad preservar, por ejemplo, los intereses de la Hacienda pública, ni mucho menos proteger a los pacientes de las presuntas coacciones que sufren de esas entidades ni cuestionar la política sanitaria de la Comunidad de Madrid.

Esta reforma es urgente para acabar con la criminalización y judicialización de la política y la instrumentalización de la Justicia.

Valentín Cortés