Viernes, 15 de Marzo de 2013

 

Los correos electrónicos del Sr. Torres.-

El Sr. Torres, ex socio del Sr. Urdangarín, está imputado como éste en el ya famoso sumario que se sigue ante un Juez de Palma de Mallorca.

Publica la prensa de hoy que el Sr. Torres ha enviado otra nueva remesa de correos electrónicos al Sr. Juez. El Sr. Torres debe ser un aficionado a los seriales y entrega la documentación de la que dispone por capítulos, como mejor conviene a un guion que solo él conoce.

Desde mi visión de procesalista no entiendo (posiblemente me falta información) cómo el Juez  consiente este juego, que hace dueño al Sr. Torres de la instrucción, llevándola por el camino que más le conviene a sus intereses en el momento que también le conviene.

Los jueces, sin duda, tienen potestad para requerir la información y para exigir la documentación que exista en poder de una de las partes imputadas bajo amenaza de comisión de posibles delitos  si no se atendiere el requerimiento, porque esos correos electrónicos no son  tanto exculpatorios de  responsabilidad como incriminatorios de conductas, posiblemente delictivas, de  terceras personas.

Mientras tanto, los ciudadanos asistimos perplejos a este juego que algún  día, estoy seguro, terminará.

Valentín Cortés

 

Jueves 14 de Marzo de 2013

La decisión del Tribunal Europeo en materia de ejecución hipotecaria.-

 En la prensa y medios de comunicación se publica hoy  la noticia de que el Tribunal de Justicia de la Unión ha publicado su sentencia de 14 de Marzo del presente año relativa, dice la prensa en general, a los desahucios. La prensa que tiene que informar ni siquiera es capaz de leer la sentencia, que ellos mismos publican. Yo la he leído en “www. Expansión. es”, y no se refiere a los desahucios sino a la ejecución hipotecaria y en concreto a la violación que supone del derecho comunitario lo dispuesto en los arts. 695 y 698 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta Ley es de 2000 y fue consensuada por los dos grandes partidos nacionales.

El primer art. citado es nulo porque no permite, una vez iniciada la ejecución basada en título hipotecario (la escritura de hipoteca) que se conozca y decida sobre ninguna excepción referente a la nulidad del título hipotecario por ser contrario a la legislación de consumidores. El segundo art. lo es, según la sentencia del Tribunal Europeo, porque en el proceso declarativo, que se puede seguir independientemente para declarar la nulidad del título hipotecario ejecutivo, no cabe adoptar medidas cautelares que puedan hacer suspender la adjudicación a terceros o a la propia entidad bancaria el inmueble objeto de la ejecución.

Evidentemente, la nuestra es una manera excesiva de proteger el crédito hipotecario; cambiarla, de acuerdo con lo que quiere el Tribunal Europeo no hará que se tambalee el crédito ni el mercado; y bastará para adaptarse con modificar el primer punto del art. 698, in fine, sustituyendo “sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento que se establece en el presente capítulo” por, “suspendiéndose el procedimiento que se establece en el presente capítulo cuando la nulidad alegada se deba a la violación de la legislación en materia de consumidores”.

Es evidente que esa modificación se puede hacer por Real Decreto Ley; igualmente es evidente que la sentencia del Tribunal Europeo afecta a los procesos hipotecarios que se inicien a partir de ahora y, según mi criterio, en ellos se podrá alegar la excepción de nulidad del título hipotecario por violar normas de la Ley de consumidores.

 Valentín Cortés

Miércoles 13 de Marzo de 2013

 

El suplicatorio relativo al Diputado Sr. Blanco.

Tramitar un suplicatorio, en este caso, quiere decir iniciar el trámite para pedir  al Congreso de los Diputados la autorización para abrir el juicio oral para juzgar al Sr. Blanco por la comisión de hechos que tienen indicios racionales de criminalidad.

La condición de Diputado comporta, no es poco, además del aforamiento (el enjuiciamiento de los delitos cometidos por los Diputados será conocido por el Tribunal Supremo), la necesidad de obtener la autorización del Congreso para enjuiciar  (juzgar)  a esos Diputados que hayan cometido  hechos delictivos: para eso  se tramita el suplicatorio, cuyo nombre lo indica todo.

A nadie se le puede ocurrir que el Congreso no dé la autorización para juzgar al Sr. Blanco, porque los hechos que se le imputan nada tienen que ver con la esencia, condición y el ejercicio de la función que se encomienda a  los representantes del pueblo.  Al Sr. Blanco se le acusa de tráfico de influencias y, en su caso, de cohecho. Ni uno ni otro comportamiento delictivo está en la esencia de lo que es ser  Diputado.

Según las palabras del Sr. Blanco, su destino irremediable es renunciar a la condición de Diputado. Si lo hubiera hecho antes, la Justicia, sin suplicatorio, hubiera sido la misma. Esta es su grandeza.

Valentín Cortés

 

 

Martes,12 de Marzo de 2012

Lógica y sentido común en la aplicación del Derecho.-

Tengo a la vista el auto del Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de once de Marzo (edición de hoy de El confidencial.es). Me interesa destacar hoy  el problema competencial que  ha creado este auto con el Juez del Juzgado Central nº5. Ayer me refería a ello y hoy pretendo concretar algo más

 a.-Aquel Juez admite la querella a trámite en su auto  a pesar de que el Ministerio Fiscal le pidiera previamente que se inhibiera a favor del Juez Ruz. Equivocadamente entiende que esta petición no encierra un informe; lo es aunque, evidentemente, parquísimo. El Fiscal le decía, según el auto, que no era competente, aunque sin argumentos, pero basándose documentalmente en una copia del auto del juez Ruz en donde éste asumía la competencia para el conocimiento de los delitos derivados de los llamados “papeles de Bárcenas”. ¡Los fiscales suelen ser parcos, no nos podemos extrañar!

b.-Desde el punto de vista jurídico, si al juez Gómez Bermúdez le resultaba imposible resolver el problema de la inhibición a favor del Juzgado núm. 5 con la documentación aportada por el Fiscal ( eso viene a decir el auto), entiendo que debía haber solicitado toda la  que ahora reclama a este Juzgado (Fundamento jurídico núm. 23 del auto ), dejando la admisión a trámite de la querella y la orden de practicar diligencias para cuando tuviera claro que no debía declinar su competencia. Si tenía clara su competencia, lo tenía que haber dicho de forma igualmente clara y rotunda. No lo ha hecho.

c.-Cuando la Ley de Enjuiciamiento Criminal ( art 25 y concordantes) ordena que los jueces seguirán practicando las diligencias sumariales, una vez que se le haya planteado la cuestión de competencia, está pensando en una situación en la que la cuestión de competencia se plantea después de admitir a trámite la querella, cuando hay diligencias en marcha, pero no cuando aún no se ha admitido a trámite, como es nuestro caso.

El Derecho es siempre lógico, y la labor de los jueces se fundamenta no solo en el Derecho, sino también en el sentido común; lo uno y lo otro, además de la conexión de los delitos que se investigan (arts., 17 y 18 de la LCRIM) debería ser suficiente para que el Juez Gómez Bermúdez se inhibiera a favor del Juzgado núm. 5 de la Audiencia Nacional.

Valentín Cortés.

Lunes, 11 de Marzo de 2013

 

¿Quién conocerá del asunto de “los papeles de Bárcenas?

El asunto de “los papeles de Bárcenas”   es ahora conocido  también por el Juez de la Audiencia Nacional, Sr. Gómez Bermúdez.  Igualmente conoce de este tema el Juez Ruz, también de la Audiencia Nacional.  El Sr. Gómez Bermúdez ha admitido a trámite una querella interpuesta por, entre otros, Izquierda Unida, porque lo narrado por los querellantes le ha debido parecer que relata la comisión de hechos delictivos. Pero, curiosamente no ha admitido esa querella sino contra aquellas personas que, según la querella, donaron dinero, en su momento, al Partido Popular; en cambio, no la ha admitido contra las personas que recibieron dinero, según “los papeles de Bárcenas”,del Partido Popular. 

Como mi cometido no es hacer juicio de intenciones, solo diré que el resultado jurídico que se produce a simple vista (y lo digo desconociendo las actuaciones judiciales que se llevan ante uno y otro Juez) es que lo que al Sr. Gómez Bermúdez no le parece, en principio, delictivo, al Sr. Ruz le parece tan marcadamente delictivo, en principio, que lo incorporó la semana pasada a la investigación que lleva en el llamado “caso Gürtel”.

Me imagino el estupor de la buena gente que lee los periódicos y oye y ve la radio y TV. Y me imagino que para sacarnos del estupor el Ministerio Fiscal o el Juez correspondiente promoverán y sostendrán la cuestión de competencia (art 19 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), que resolverá el órgano jurisdiccional superior jerárquico de ambos, decidiendo qué órgano judicial tiene que conocer.

 Lo peor de todo esto es que, de este hecho, se sacarán conclusiones que, sin duda, dañan a la Justicia, porque hay otros que sí  valoran las  noticias más allá de lo jurídico.

Valentín Cortés

 

Viernes, 8 de Marzo de 2013

La atipicidad de la huelga de los jueces

 

         En la edición digital del Diario Expansión de ayer (  y hoy en la prensa escrita)  leo sorprendido que el Consejo General del Poder Judicial no va a remitir al Ministerio de Justicia los nombres de los jueces que secundaron la última huelga de este cuerpo. Fueron, según las noticias que se publicaron en su momento y que, lógicamente, debían provenir del Consejo General del Poder Judicial, más de dos mil jueces los que fueron a la huelga.

Si no se comunican esos nombres al Ministerio de Justicia, porque se dice ahora que los “datos  suministrados  por los órganos de gobierno interno no contienen información fidedigna y completa sobre la identidad de los jueces que secundaron dicha huelga” (sic), el resultado que se produce es totalmente atípico, por no decir antijurídico,  incompatible con  el ejercicio de la función disciplinaria y de inspección que le corresponde a estos órganos ,amén de discriminatorio  con los trabajadores que la hacen y sí se les descuentan de su haber los días no trabajados.

 Porque, si se tiene derecho a la huelga, la carga de hacerla es perder la remuneración del tiempo no trabajado, y es responsabilidad del Consejo y de los órganos de Gobierno tener los datos precisos; si, por el contrario, no se tiene derecho a la huelga, lo que corresponde es tener los datos precisos para, en su caso, iniciar los correspondientes expedientes disciplinarios por abandonar el servicio de la función jurisdiccional sin causa justiticada.

Valentín Cortés