Martes 26 de Septiembre de 2017 

¡Un desastre! 

Algunos políticos ni comprenden el lenguaje jurídico, incluso lo desprecian, ni son capaces de mantener la más mínima coherencia en el ámbito de actuación del mundo judicial, que, no olvidemos, ellos parecen olvidarlo, que hace referencia a uno de los tres Poderes del Estado. Porque, aunque parece que no lo entienden, los jueces son Estado  

Debe ser por eso que el Sr. Sánchez diga que, en el problema del secesionismo catalán, que igualmente no quiere comprender que es exclusivamente un problema jurídico (pues, ¡bueno fuera que entiendan que es político!), no puede haber ni vencedores ni vencidos, o el Sr. Iglesias diga, en tono admonitorio, casi condenatorio, que el Estado ha delegado en los jueces la solución del problema.

Ninguno de los dos entiende que el Estado de Derecho impone que, en los conflictos jurídicos penales, se dé solución judicial penal; por eso han intervenido los jueces y por eso habrá vencedores (el Estado que acusa y juzga) y vencidos (los delincuentes).

Todo lo que no sea eso, se convertiría en un fiasco del Estado de Derecho que acabaría permitiendo, según cabe deducir de las palabras de estos políticos, el desorden, el delito, la inseguridad y la incerteza jurídicas. Total, ¡un desastre!

Valentín Cortés

Lunes 26 de Septiembre de 2017

¡Nunca, segundas partes fueron buenas!

El proceso por responsabilidad contable que se sigue ante el Tribunal de Cuentas contra el Sr. Mas y otros por el gasto de dinero público en la organización del llamado referéndum del 9N, pone al Ministerio Fiscal en entredicho por su actuación acusatoria en el proceso penal por desobediencia y prevaricación que terminó en el Tribunal Supremo con condenas por estos delitos, sin que el Tribunal entrara en el delito de malversación que no había sido acusado.

Que no fueran acusados esos hechos como delito no significa que no se puedan exigir ahora la devolución de esas cantidades gastadas (por no decir, malversadas) en el proceso adecuado y ante el organismo adecuado y competente (Tribunal de Cuentas), porque los hechos existieron y no han sido juzgados.

Si en aquel episodio la malversación era clara (como vino a insinuar el Tribunal Supremo en su sentencia) en el actual “proceso” adquiere una manifestación diaria que hoy es destacada en la prensa por el Fiscal General como causa de la posible detención del Sr. Puigdemont a petición del Ministerio Fiscal( www.elespanol.com)

Valentín Cortés

 

 

Viernes 22 de Septiembre de 2017

La eficacia de las medidas coercitivas del Tribunal Constitucional.

Las medidas que, comentábamos ayer, había tomado el Tribunal Constitucional para obligar a obedecer a los miembros de la que podemos llamar Junta Electoral Central del referéndum catalán, órgano que se antojaba en la parafernalia legalista independentista catalana de gran importancia, han demostrado una enorme eficacia: primero, porque según la prensa de hoy, la Generalidad ha cesado al Presidente de aquella, para que  no tenga que pagar la multa; y, segundo, porque, también  nos dice la prensa, que la Generalidad ha pedido, al parecer, la disolución de tal Junta al efecto de impedir las multas.

A no ser que estemos en presencia de una descomunal astucia catalana, resulta que, sin haberlo previsto- estoy seguro-, el Tribunal Constitucional ha conseguido el desmorone de lo que se presentaba como la garantía final del proceso secesionista y, por tanto, del referéndum.

Deduzco no sólo las pocas o nulas convicciones de la Generalidad en el tinglado jurídico montado por ella para este “proceso”, sino la fuerza y eficacia del dinero, cuando se tiene la certeza de que se puede perder, valga la expresión, “a chorro continuo” por mostrarse decidido a la desobediencia. Permítaseme la broma: sería la primera vez que un golpe de Estado se para con la amenaza de multas.

Valentín Cortés

Jueves 21 de Septiembre de 2017
 

El Tribunal Constitucional da un paso decisivo

Siento ocuparme un día más del secesionismo catalán, pero es absolutamente necesario, dada la enjundia jurídica-judicial que presenta y el inmenso problema que presenta para España, que, no me cabe la menor duda, aunque sea de manera ínfima e insignificante, ayudamos a resolver con nuestras opiniones.

Hoy, desde el punto de vista de este blog, la noticia relevante es que el Tribunal Constitucional ha impuesto una multa diaria a los componentes de la que, en el ordenamiento jurídico español, se llamaría Junta Electoral Central, hasta que obedezcan a los mandatos del Tribunal. Se ha impuesto por unanimidad a petición del Abogado del Estado, aunque tres magistrados, denominado progresistas, harán un voto particular para fundamentarla en motivos distintos a los de la mayoría.

Es importante por dos razones:

- la primera, porque el Tribunal Constitucional no podía seguir afrontando este gran problema nacional, que es el secesionismo, desde la cómoda posición de sólo anular normas, cuando la legislación le permite entrar de lleno en la corrección punitiva de la desobediencia a sus resoluciones.

-la segunda, porque se ha acabado, al parecer, con la unanimidad mal entendida en las decisiones del Tribunal, por la que una minoría de los miembros del Tribunal se impone a una mayoría al socaire de la necesidad de la unanimidad, que siendo deseable, no es imprescindible para defender al Estado de Derecho. Y tiene, además, la ventaja de que pone a cada uno de los miembros del Tribunal ante la responsabilidad personal e individualizada que, sin duda, la sociedad les exige y les exigirá.

Valentín Cortés

 

 

 

 

Miércoles 20 de Septiembre de 2017

Un salto cualitativo

Escribo esta opinión al inicio de la tarde, cuando todavía pueden ocurrir en Cataluña acontecimientos que pudieran dar lugar a una intervención distinta en este blog, opinando con más severidad y solemnidad.

 A esta hora, desde el punto de vista jurídico, que es el mío, lo más importante ha sido que, por primera, el Juez investiga a altas autoridades de la Generalidad, además de por otros delitos, por el de sedición. Todo este “proceso”, quizá porque tenemos un Código Penal cándido y buenista, no se ha calificado, desde el principio, como lo que es: golpe de Estado que pasará necesariamente por la sedición o por la rebelión.

Ante esta situación, que además de política, social, humana, es claramente jurídica, no creo que exista un mecanismo de corrección mejor, que evite la comisión de más delitos y el desorden político que se está generando, que el Senado conceda al Gobierno la posibilidad de intervenir en las competencias de la autonomía catalana, mediante el cauce del art. 155 de la Constitución, que, por si fuera poco, tiene la ventaja de la adecuación de la medida al momento y situación concreta. En cualquier caso, cada vez se hace más evidente lo que vengo diciendo desde hace ya años, al afirmar que la aplicación de esta norma será inevitable, porque las autoridades autonómicas catalanas siguen incumpliendo el ordenamiento jurídico de forma continuada y pertinaz.

Valentín Cortés

 

Martes 19 de Septiembre de 2017

¡Cosas veredes!

La admisión a trámite de un recurso contencioso administrativo no significa más que ese recurso empieza a tramitarse; no significa, pues, que el Tribunal, inaudita parte y sin más trámites, acepta la posición jurídica del recurrente concediéndole lo que pide.

Esto que digo es tan elemental que hasta un mal alumno de derecho procesal lo sabría y obtendría una buena nota si ese fuera el objeto de un examen que sería tachado de insólito.

El Vicepresidente de la Generalidad de Cataluña ha salido ante la prensa (véase la digital de hoy) y ha anunciado a los cuatro vientos que la medida de intervención del Gobierno ha quedado suspendida al haber admitido a trámite el Tribunal Supremo el recurso interpuesto por Generalidad pidiendo la suspensión de la dicha medida financiera.

Es evidente que el Sr. Junqueras no es licenciado en Derecho, pero me atrevería a decir que hasta un historiador (creo que esa es la profesión de este señor) debe saber  o sospechar que los recursos contenciosos administrativos no son tan fáciles. Pero no lo sé; en cualquier caso, el recorrido de estos aspavientos (¿políticos?, ¿jurídicos?) es tan corto que produce un gran bochorno pensar que así se gobierna una parte importante de nuestro país.

Valentín Cortés

Lunes 18 de Septiembre de 2017

Un “proceso” con un fin menos incierto

Se está dibujando día y día el panorama jurídico que quedará, según mi opinión, tras el uno de Octubre, fecha elegida por el independentismo catalán para que eclosione el llamado “proceso”.

La comisión sin cesar de delitos por parte de las autoridades catalanas, cada vez de mayor gravedad, pues recordemos que el descubrimiento de malversaciones de caudales públicos es continuo, dará lugar a un escenario de procesos penales que dejará a una buena parte de esas autoridades sin futuro político y un considerable y penoso futuro penal, en el mejor de los casos.

La toma de control por parte del Estado de las cuentas de la Generalidad por la aplicación de la legalidad vigente( que curiosa pero lógicamente ha dado lugar a un recurso ante el Tribunal Supremo de la Generalidad, pidiendo la suspensión cautelar de la medida: www.europapres.com)  muestra el camino  nada conflictivo en lo político de la toma de otras competencias autonómicas por la vía de otras leyes ordinarias( como por ejemplo, la de Seguridad Nacional) o la, cada vez menos engorrosa y molesta, del art. 155 de la Constitución, todo ello por la aceptación ciudadana, parece ser muy mayoritaria ahora (vid. el giro en este aspecto que ha dado el PSOE, según la prensa digital de hoy), y, dentro de unos días, por la exigencia prácticamente, me temo, unánime de los ciudadanos de este país, de poner fin a ese estado de cosas delictivo en el que se ha convertido la Generalidad catalana.

Según mi criterio quedaría por aclararse si esta tremenda crisis dará lugar a una modificación de la Constitución y si esa modificación en su caso nos llevará o no a una mayor centralización de competencias en manos del Estado. Todo dependerá del grado delictivo que alcance el “proceso”

Valentín Cortés