Lunes 14 de Noviembre de 2022

Las declaraciones de la Ministra de Defensa en orden a las reforma del Código Penal (sedición y malversación de caudales públicos)

Toda la prensa da la noticia esta mañana de que los independentistas catalanes, que apoyan la estabilidad del Gobierno, exigen ahora que se reforme el delito de malversación de caudales públicos. No sé si esta exigencia es solamente formal, por tanto, apta para fijar posiciones en un falso debate, o si responde a una exigencia seria y sustancial. No entro en ello.

Lo relevante desde nuestro punto de vista jurídico en este tema es que no se oculta el dato de que la reforma legal que se exige está dirigida a favorecer a los independentistas catalanes que fueron condenados por el Tribunal Supremo por sedición y que, igualmente, lo fueron por malversación de caudales públicos por el Tribunal Supremo (sin olvidar que de paso, la reforma favorecería al Sr. Griñán, también condenado por malversación de caudales públicos).

Ese dato es relevante porque no se estaría legislando para regular las conductas penalmente reprochables en el futuro (que también, pues va de suyo), sino esencialmente para remediar y anular de forma indirecta las sentencias firmes del Tribunal Supremo, que, condenando a esas personas, no gustan o no convienen al Poder Ejecutivo. Es aquí donde está la gravedad del tema, pues supone un verdadero y letal ataque al Estado de Derecho. Si el inicio de los grandes sistemas totalitarios normalmente conlleva el apoderamiento del Poder Judicial por el Ejecutivo, en este caso, siendo ello por ahora imposible, se opta por anular sus sentencias con cambios legislativos ad hoc. Todo un gran fraude constitucional. Por eso causa más que sorpresa que la Ministra de Defensa (¡que fue juez!) manifieste (vid. www.europapress.es) de forma solemne que todas estas reformas legales no significan ni ataque ni desmantelamiento de nuestra Constitución.

Valentín Cortés

 

Viernes 11 de Noviembre de 2022

 

El anuncio de que la sedición se convertirá en desórdenes públicos agravados

El anuncio del Presidente de Gobierno de la abolición del delito de sedición, para convertirlo en desórdenes agravados, ha producido la natural conmoción en la prensa y en el mundo político.

No sabemos, todavía, cómo estará redactado el nuevo tipo penal, pero me imagino que, dada la intención política clara, expresa y publicada de la reforma, mucho se cuidarán los redactores de que esos “desórdenes agravados” tengan idéntico tipo penal que el delito de sedición que ha servido para castigar a los independentistas catalanes, pero ahora con penas muy rebajadas. Si no fuera así, dudo mucho que la reforma sirviera para algo, a los efectos deseados por los sediciosos y por los fugitivos y rebeldes a la Justicia española (Sr. Puigdemont y compañía) y por el propio Gobierno. Por tanto, pienso que, desde el punto de vista jurídico, el nombre que se le dé al delito es lo de menor trascendencia en todo este desbarajuste. Lo de más es la rebaja de las penas.

En cualquier caso, el coste jurídico de esta reforma es mucho mayor que el coste político que pueda tener; desde el punto de vista constitucional, no sólo se desprecia al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial (órganos constitucionales, por cierto) que deberían dictaminar sobre este proyecto de ley, de no haberse utilizado el subterfugio de la proposición de ley, sino que se enmienda fraudulentamente la sentencia firme de nuestro Tribunal Supremo condenando a los sediciosos catalanes, sólo y exclusivamente para defender el interés partidista del Presidente del Gobierno de permanecer  con su partido en el Gobierno. Me imagino que sobre todo ello deberá en su momento pronunciarse el Tribunal Constitucional.

Valentín  Cortés

 

Jueves 10 de Noviembre de 2022

El desastre en la frontera de Melilla

Dado la alta y radicalizada politización que existe en el tema, me parece innecesario decir que no sé si, en el desastre humano de la frontera de Melilla, del que ahora se ocupa intensamente la clase política (vid. la prensa de hoy y de estos días anteriores), los fallecidos y heridos se ocasionaron al otro lado de la valla, en territorio marroquí, o si por el contrario esas muertes se produjeron en territorio español. El tema ha entrado en fase judicial desde el momento en que la fiscalía ha iniciado una investigación, solicitando información gráfica de los acontecimientos.

Si el tema de judicializa, tal como parece que va a suceder tras la investigación del Ministerio Fiscal, es evidente que las muertes y las lesiones o daños se observarán desde la perspectiva del Derecho. Y en ese campo será difícil soslayar que, en todo caso, 1) los policías y guardias civiles actúan bajo ordenes concretas de las autoridades competentes;2) que todo indica que esas muertes y lesiones se producen en el asalto a la frontera;3) que todo Estado tiene obligación de defenderla, como esencia y exigencia misma   del Estado de Derecho, que obviamente funciona de forma exclusiva en un determinado territorio en el que hay que cumplir una determinada legislación que hay que preservar; y 4) que por eso mismo la defensa de las fronteras y del territorio nacional se debe realizar con respeto al Derecho y siempre, como toda violencia y coacción estatal que puede conllevar, de forma proporcionada al peligro existente.

Como se comprenderá, todo esto está muy lejos, al parecer, de lo que en este momento está en la mesa de discusión política.

Valentín Cortés

  

Martes 8 de Noviembre de 2022

Los concursos universitarios

Por supuesto que sé que los concursos universitarios no son la panacea en nada, pero, a cuento de los mismos, hoy, como Catedrático de Derecho Procesal, me ha producido una especie de ternura (universitaria, claro) el que el Sr. Iglesias vea una conspiración política en el hecho de que no haya sido admitido en el concurso para proveer una plaza de profesor en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Complutense de Madrid (vid. la prensa de esta mañana).

Yo no sé si ha habido o no conspiración para no admitirlo, pero no la veo porque se le haya denegado la plaza (como informa toda la prensa) y menos por la razón de no acreditar tres años, como mínimo, de experiencia profesional en la materia, uno de los requisitos que, según la convocatoria, debían reunir los aspirantes. Es claro, que, si no la acreditó, no es necesaria la conspiración política, ni ninguna otra, para denegarle la plaza: era simplemente que, al no cumplir los requisitos, darle la plaza hubiera sido una ilegalidad.

Porque, en efecto, la experiencia profesional, me imagino que no es haber sido diputado ni Vicepresidente del Gobierno (lo que no necesitaba acreditar el Sr. Iglesias), pues eso no acredita en absoluto que el candidato sepa o domine el programa científico que define la materia que hay que impartir, pues no olvidemos que la Universidad es un centro fundamentalmente de enseñanza e investigación. La experiencia profesional debe referirse en este caso a otra cosa distinta al ejercicio de la “profesión” de político, pues, si no fuera así, me imagino que cualquier actividad en la política habilitaría (por ejemplo, ser concejal del Ayuntamiento de mi pueblo) para impartir clases en la Universidad, que todavía, espero, sea más seria que todo eso.

Valentín Cortés

  

 

 

Lunes 7 de Noviembre de 2022

Argumentos metajurídicos para solicitar la suspensión de la ejecución de la condena del Sr. Griñán

Me refiero a la argumentación de la suspensión de la ejecución de condena del Sr. Griñán, que éste ha solicitado, hasta tanto no se resuelva sobre el indulto que ha pedido al Gobierno, igualmente, el propio Sr. Griñán, que contesta ahora a los argumentos del Ministerio Fiscal que solicitó la ejecución inmediata de la condena.

Entre los motivos que esgrime el Sr. Griñán para solicitar la suspensión ( vid. la prensa de hoy) hay dos metajurídicos y sorprendentes: el primero, es que el indulto solicitado está apoyado por más de cuatro mil personas; y el segundo, que el Sr. Griñán no es un corrupto.

La suspensión de la ejecución es un acto jurisdiccional, que está regulado, pero que es discrecional, en base a lo dispuesto en el art. 4.4 y concordantes del Código Penal. En esta discrecionalidad judicial, no tengo claro que sean beneficiosos, para la causa del Sr. Griñán, estos argumentos metajurídicos, que puede entenderse que chirrían con lo que es el reconocimiento de la propia responsabilidad de la comisión del delito. Afirmar que la malversación continua de caudales públicos, en un responsable político, no es corrupción es negar y no admitir de hecho la condena y su Justicia; afirmar que, habiendo más de cuatro mil personas que apoyan el indulto, éste se presenta como inevitable y seguro, en cuanto mecanismo de remediar una injusticia, parece indicar e insistir en la injusticia de la condena. Todo ello, además, teniendo en cuenta que dichos argumentos se presentan ante el órgano judicial que impuso la condena al Sr. Griñán, que puede sentirse cuestionado en la Justicia de su decisión, que, por demás, ha sido confirmada por el Tribunal Supremo.

Valentín Cortés

 

 

 

Viernes 4 de Noviembre de 2022

El impuesto extraordinario a la Banca

Tengo dicho en este blog que sería muy difícil que subsistieran las políticas económicas de un Gobierno, como el que tenemos ahora en España, en el marco de la Unión Europea; porque no hay nada más incompatible que el ideario de partidos comunistas, o neocomunistas, con la idea y sustancia de la Unión Europea, que se sustenta ahora, en líneas generales, además de en otras cosas, en las normas del libre mercado y en la disciplina monetaria, con lo que ello comporta, y, en consecuencia, en la independencia de la autoridad monetaria que encarna y concreta el Banco Central Europeo. Ya lo vimos en el caso de Grecia

Lo que el Banco Europeo le ha dicho ahora al Gobierno en su dictamen consultivo emitido con fecha 2 del presente mes a petición del Banco de España (vid. el texto completo en  www.cincodias.elpais.com)es que el impuesto extraordinario a la Banca, cuya creación por Ley se está tramitando en la Cortes y, sobre todo, la prohibición de repercutirlo en los clientes, afecta a la política diseñada por la autoridad monetaria y a la autonomía y funcionalidad normal del BCE, amén de falsear la libre competencia; todo esto -no poder repercutir ni “tener en cuenta” el coste fiscal- unido a que ello significa una intervención en el mercado totalmente opuesta a la “economía libre de mercado”, que impone, como sabemos, nuestra Constitución, es más que suficiente para que el Gobierno rectifique.

 Por eso, le auguro poco recorrido, a pesar de los aspavientos de algunos miembros del Gobierno, a ese impuesto extraordinario a la Banca que se propone como proyecto de Ley al Congreso y Senado.

Valentín Cortés

 

Jueves 3 de Noviembre de 2022

El “metaverso legislativo”

Es absolutamente sorprendente, al menos para mí, que una de las noticias cumbres de hoy en la prensa (vid. por ejemplo, www.abc.es, www.elespanol.com o www.elmundo.es, por citar sólo tres ejemplos significativos de nuestra prensa) sea los problemas en la tramitación de la llamada “ley trans” al discutirse, con, se dice, graves repercusiones políticas entre los socios en el Gobierno, si el sexo de las personas debe figurar en el Documento Nacional de Identidad o no. Unido este dislate legislativo está el de, por tantas razones, impresentable proyecto de Ley de protección animal y si en el mismo debe incluirse a los perros dedicados a las labores de caza. Si seguimos así, quizá consigamos, sin gran esfuerzo, un enorme metaverso legislativo.

Si estos problemas jurídicos surgen, como esenciales, en la política del país, donde, como sabemos, los problemas constitucionales -por no hablar de los económicos, que no entran en el objeto de este blog- son de una entidad inaudita en nuestra historia democrática, mucho me temo que el ciudadano no podrá adquirir conciencia de lo que es importante y de lo que no es;  y de que, cayendo en las manos de los seguidores del Sr. Zuckerberg, estemos construyendo un inmenso y falso metaverso de lo que es y debe ser la regulación legal de nuestro sociedad.

Valentín Cortés