Jueves 8 de Septiembre de 2016

 

Mi posición (1)

De los problemas que atenazan a España, y que ayer enunciaba, en la entrada del nuevo curso, quiero exponer las que creo (aventuro) que serán las soluciones jurídicas que les dará el Estado.

En lo que se refiere al problema catalán, parece evidente que las autoridades de la región seguirán actuando, desarrollando actos parlamentarios y de gobierno inconstitucionales, en clara desobediencia al Tribunal Constitucional y en abierta violación de la Constitución.

La reacción del Estado no puede ser otra (aunque sólo sea por la única finalidad de preservarse de su descomposición), que aplicar la Ley. Ello llevará al encausamiento penal y destitución de las autoridades que trasgredan la Constitución, y la nulidad de aquellos actos tomados.

 Y si de lo que se trata es de propiciar una situación que provoque, a la postre, una ineficaz cadena de encausamientos penales, y de nulidades, el Estado no tendrá más remedio que aplicar el art. 155 de la Constitución y acabar con la autonomía de la región catalana.

Ante esa situación política que actualmente existe, esas decisiones son tan inevitables como su naturaleza estrictamente constitucional lo es. O se aplican y hay Constitución, o no se aplican y no habrá Constitución.

Valentín Cortés

Miércoles 7 de Septiembre de 2016

 

De vuelta

Ahora que comienza el curso quizá convenga, a los efectos de este blog, que recuerde, aunque sea con trazos gruesos, que el Derecho es un instrumento que nos hemos dado para regular situaciones y relaciones y para prevenir, evitar y solucionar conflictos.

Lo digo porque, después de dos largos meses de ausencia de este blog, España sigue teniendo los dos grandes problemas que dejamos: el problema catalán y el bloqueo institucional en la formación del Gobierno.

Para el problema catalán no existe más remedio que la aplicación de la Ley, incluso para modificarla (¡). Todo lo demás, se revista como se le quiera revestir, es la dejación del Derecho como instrumento de solución de conflictos y de regulación de situaciones y relaciones; es decir, el caos. La Fiscal General del Estado lo recordó ayer en la Apertura del Año Judicial, sólo falta que lo cumpla en todas las ocasiones que se presenten.

El bloqueo institucional no había sido previsto por el legislador, lo mismo que no había previsto que un Gobierno en funciones con las competencias que tiene dadas por Ley, difícilmente es compatible con nuestra integración y vida en la Unión Europea y con la vorágine económica y financiera de esta época.

De modo que lo primero que hemos de hacer es aplicar la ley, en el primer caso, y, en el segundo, regular un sistema que solucione los problemas de todo tipo que se pueden producir por el bloqueo institucional, que se me antoja difícil de prohibir, aunque relativamente fácil de evitar. Curiosamente no veo a los partidos políticos defendiendo esta solución.

Valentín Cortés

 

 

Miércoles 7 de Septiembre de 2016

 

De vuelta

Ahora que comienza el curso quizá convenga, a los efectos de este blog, que recuerde, aunque sea con trazos gruesos, que el Derecho es un instrumento que nos hemos dado para regular situaciones y relaciones y para prevenir, evitar y solucionar conflictos.

Lo digo porque, después de dos largos meses de ausencia de este blog, España sigue teniendo los dos grandes problemas que dejamos: el problema catalán y el bloqueo institucional en la formación del Gobierno.

Para el problema catalán no existe más remedio que la aplicación de la Ley, incluso para modificarla (¡). Todo lo demás, se revista como se le quiera revestir, es la dejación del Derecho como instrumento de solución de conflictos y de regulación de situaciones y relaciones; es decir, el caos. La Fiscal General del Estado lo recordó ayer en la Apertura del Año Judicial, sólo falta que lo cumpla en todas las ocasiones que se presenten.

El bloqueo institucional no había sido previsto por el legislador, lo mismo que no había previsto que un Gobierno en funciones con las competencias que tiene dadas por Ley, difícilmente es compatible con nuestra integración y vida en la Unión Europea y con la vorágine económica y financiera de esta época.

De modo que lo primero que hemos de hacer es aplicar la ley, en el primer caso, y, en el segundo, regular un sistema que solucione los problemas de todo tipo que se pueden producir por el bloqueo institucional, que se me antoja difícil de prohibir, aunque relativamente fácil de evitar. Curiosamente no veo a los partidos políticos defendiendo esta solución.

Valentín Cortés

 

 

Jueves 30 de Junio de 2016

 

El descanso necesario

Mi irrefrenable pasión universitaria, que conservo al menos en las cosas buenas, me tiene convencido que un profesor, que es lo que al final soy, tiene que descansar si no es que quiera agotar a los que lo oyen o le leen, como ustedes hacen, me imagino, todos los días.

Si a esto se une el sesteo que se va apoderando de mi principal fuente, por cierto inagotable, de asuntos que comentar, que son los jueces, y puesto que los partidos políticos, otra gran fuente de opiniones, están enfrascados en vetos varios que posiblemente no puedan mantener durante mucho tiempo, no me queda más remedio que seguir la costumbre de años anteriores, por lo que me doy y les concedo vacaciones de estas opiniones jurídicas hasta el día 7 de septiembre próximo.

Que sean felices y descansen también de otras actividades, seguro, más pesadas que esta de seguirme.

Valentín Cortés

Miércoles 29 de Julio de 2016 

La justicia, lenta, inexorable y, a veces, benévola.

Ante la decisión del Juez de acusar de la comisión de los delitos de prevaricación y desobediencia al Sr. Mas y compañía por la realización del referéndum ilegal y prohibido por el Tribunal Constitucional, es curioso que, por parte de las autoridades de la Generalidad catalana, no ha habido crítica jurídica, lo que se daba por descontado, ni siquiera política; sólo ha habido descalificación, pues desde afirmar que, desde “las cloacas del Estado”, se impide la libertad de los catalanes hasta las expresiones más denigrantes que jamás hemos podido oír de la actuación de los jueces, todo es descalificación de uno de los Poderes del Estado, por tanto del Estado de Derecho.

Realmente, son autoridades, las acusadas, que no merecen serlo de este Estado, que tiene una Justicia acorde con lo que es un Estado de Derecho, que es lenta, y que a veces, como esta, es benevolente, porque, dándose por probado que la Generalidad ha pagado determinados gastos y costes de la “operación referéndum”, no se entiende jurídicamente que no estén, esos señores, acusados de malversación de caudales públicos.

Como la Justicia es también inexorable, estoy convencido que se les castigará y que,  al final, el Estado de Derecho expulsará a los ahora acusados de la vida pública( prevaricación y desobediencia) y, no sabemos, si les privará de libertad( malversación), que dicen, ahora, que la Justicia quita a los catalanes.

Valentín Cortés

Martes 28 de Junio de 2016 

La dificultad de atemperar el Derecho a la conciencia social

He leído en europapress.es, que la relata bien, una noticia que posiblemente producirá escándalo, en cuanto que se nos dice que el Tribunal Supremo ha anulado una condena de 10 años de prisión por dos delitos de abusos sexuales de un profesor con menores, alumnas suyas, por uno de vejaciones injustas, por lo que se le condena a una multa de 2500 €.

El Tribunal Supremo no da por probados hechos que impliquen abuso sexual y por eso anula la condena.

Todo tiene, pues, explicación jurídica: Es un problema de apreciación y valoración de la prueba, y de calificación penal de los hechos probados de acuerdo con  la ley aplicable. Pero no sólo. Porque lo que aquí está latente, de ahí la trascendencia social de la noticia que está en toda la prensa digital, es que hay una clara falta de sintonía entre lo que la sociedad entiende como reprobable de forma severa y lo que el Código Penal regula, y, lo que es más importante, la necesidad, mucha veces ni comprendida ni aclarada, de juzgar de acuerdo con la Ley vigente en el momento de comisión de los hechos que, en el caso concreto, se aleja a más de diez años. En ese tiempo, ni existía el mismo rigor legal en cuanto a los delitos de abusos sexuales, ni la conciencia social, por desgracia, estaba tan viva como ahora.

Valentín Cortés

Lunes 27 de Junio de 2016 

La ley electoral y su reforma

El Sr. Rivera, ayer en plena constatación de su fracaso electoral, llamó a la ley electoral “ley criminal” y prácticamente vino a decir que quien quisiera pactar con su partido tendría que unirse a su deseo de cambiar dicha ley. Habló y se quejó que ¡la perdida de nueve décimas de votos había sido castigada con la perdida de ocho diputados!; aunque, realmente, menos  manipulador y lastimero hubiera sido decir que la pérdida de 373.412 votos (un 10,68% de los que le votaron en Diciembre, dejaron de hacerlo) le ha supuesto, en el sistema proporcional, la perdida de ocho diputados. Menos manipulador y más acorde con nuestro sistema proporcional, pues teniendo su partido sólo el 13,05% de los votos ha obtenido 32 escaños.

Hoy, tanto Ciudadanos como el Partido Socialista han dicho que ni por activa o pasiva facilitarán un Gobierno del Sr. Rajoy.

Yo estoy de acuerdo en modificar la Ley electoral, pero no para lo que dice el Sr. Rivera, sino para evitar que se pueda, tras unas elecciones (ahora serían las segundas), boicotear, por activa o por pasiva, la voluntad muy mayoritaria del pueblo soberano, sin ofrecer alternativa a cambio, que no parece haberla, porque si la hubiera nada diría. Para eso un sistema a doble vuelta, sería un bálsamo para unos y un repelente eficaz para otros.

Valentín Cortés